Los miembros de la nueva composición de la Legislatura se embarcaron en una inverosímil empresa apenas asumieron: que les aumenten sus remuneraciones mensuales. En rigor, no fueron todos, sino sólo un grupo, aunque numeroso. Y no se trató de un “tanteo”: lo pusieron por escrito. Ese hecho es lo que convierte la cuestión en toda una rareza, a la luz del artículo 68 de la Constitución Provincial: “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”. Es decir, la decisión es enteramente del vicegobernador, Miguel Acevedo. Sin embargo, se elaboró una nota y el documento comenzó a poblarse de firmas. No eran sólo de los oficialistas: entre los primeros firmantes se encuentran las rúbricas de un par de legisladores de la UCR.
Por momentos resulta difícil imaginar qué momento es más inoportuno que el actual para que un grupo de legisladores reclame ganar más. Desde un punto de vista teórico, el planteo no debería sorprender. La inflación corroe las remuneraciones de todos, parlamentarios incluidos. El problema es que, desde el plano de la realidad, la pretensión no podría dejar a nadie sin escandalizar.
En primer lugar, el de Tucumán es uno de los poderes legislativos provinciales más onerosos de la Argentina, superado sólo por el parlamento bonaerense. Si las dietas de los legisladores están “atrasadas”, ¿en qué se usa el Presupuesto? Cuando la lógica no cuadra, las explicaciones no cierran.
En segundo término, Javier Milei acaba de ganar las elecciones con la promesa de aplicar una motosierra en el gasto público, comenzando con las erogaciones políticas. En ese esquema, ¿los legisladores tucumanos soñaban con ser noticia nacional debajo de titulares del estilo: “La Legislatura más cara del país le aumenta el sueldo a sus integrantes”?
En tercera instancia, las repercusiones nacionales iban a ser lo de menos. Apenas asumió el 29 de octubre, al nuevo Gobierno provincial lo esperaba una caravana de sindicatos esperando reabrir las paritarias. El “Plan Platita” de Sergio Massa (jamás nadie gastó tanto dinero público para perder por semejante paliza pública) tensó la economía de corto plazo argentina a niveles demenciales. La estampida inflacionaria y el derrumbe del peso son muestras patentes de la “tierra arrasada” que deja el cuarto gobierno “K”. En Tucumán, que la SAT bautizara como “Barrios Secos” su plan para terminar con los derrames en las calles es un picnic para psicoanalistas. Los gremios peticionan con el lema “bolsillos secos” y los funcionarios responden con el salmo “erario seco”. ¿Y en ese contexto los legisladores iban a darse una “auto” recomposición salarial?
Demasiadas alarmas se encienden como para que tantos políticos profesionales no las advirtieran...
¿Cuál debía ser la reacción del Poder Ejecutivo si el Poder Legislativo concretaba el aumento de las dietas? Porque, huelga decirlo, para que se escribiera esa nota y hubiera hasta opositores firmándola, la cuestión había sido cuanto menos charlada con la Presidencia de la Legislatura.
Si el gobernador Osvaldo Jaldo se manifestaba en contra del aumento, su relación iba a resentirse desde el principio con el vicegobernador Miguel Acevedo. Sumado a que los legisladores alineados con el futuro senador Juan Manzur desde las PASO de 2021 iba a tronar repudiando que la Casa de Gobierno “hiciera política” con “el cuero de la Legislatura”. Si Jaldo apoyaba la medida, cargaría con el costo político y se ubicaría en el centro del radar del Presidente electo.
El aumento de las dietas fue la primera batalla secreta que enfrentó el jaldismo, a menos de un mes de llegar al poder. Según admiten en los despachos que tienen vista a la plaza Urquiza, habría sido el propio titular del Poder Ejecutivo quien se encargó de que se supiera que, a su criterio, no era “momento” para una medida de ese estilo. Pero lo que realmente detuvo la arremetida fue el resultado del balotaje. Por cierto, no sólo eso resolvieron los comicios presidenciales.
Todos juntos a la par
El oficialismo legislativo ya tiene bloque. Finalmente, un jaldista preside la bancada que aglutina a dos de cada tres legisladores. Roque Tobías Alvarez fue ungido como su presidente.
Tal y como se avisó aquí el pasado 13, el parto para agrupar las 34 voluntades oficialistas se había complicado el lunes 6. Ese día se sirvió un almuerzo para elegir autoridades. Hubo tres candidatos para la conducción: Álvarez, por el jaldismo; Carolina Vargas Aignasse, la ex ministra política del manzurismo; y el intendente de Famaillá, José Orellana, como “prenda de unidad”. A la hora del postre, Acevedo les comunicó que la votación se postergaba. Era mejor, dijo, elegir después de los comicios de la segunda vuelta, para que todos llegaran “en unidad” a esa elección.
En Casa de Gobierno, en el acto, leyeron que el manzurismo había ganado tiempo para especular. Si el ministro de Economía, Sergio Massa, se convertía en el futuro Presidente de la Nación, y Manzur encontraba espacios de poder en la nueva administración, entonces seguramente los aliados del ex gobernador armarían un bloque por separado, asumieron muchos jaldistas.
Massa perdió el domingo y el miércoles se ratificó la unidad de la bancada, conducida por un hombre de confianza del nuevo gobernador. Esa fue la segunda batalla secreta del jaldismo.
Las especulaciones referidas a qué hubiera pasado si Massa ganaba y Manzur volvía a la Casa Rosada quedan para el universo de las ucronías. Eso sí: hay un indicio que torna verosímil la suposición jaldista: a los comicios del balotaje, el peronismo llegó de muchas maneras, pero no “en unidad”.
Pasar el verano
Al jaldismo le hubiera gustado que, en el mapa, Tucumán apareciera el domingo a la noche pintado con los colores de Unión por la Patria, y no teñido por el púrpura de La Libertad Avanza, como finalmente ocurrió. Anotar esta provincia como uno de los escasos distritos donde ganó el peronismo hubiera sido útil en “la rosca” nacional. Por caso, Gerardo Zamora logró ese cometido y ahora reclama que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, sea reelecta como Presidenta Provisional del Senado: el kirchnerismo seguirá siendo el bloque mayoritario de la Cámara Alta, con 35 escaños.
La derrota fue amarga, pero no fue estridente: la tendencia nacional fue irrefrenable. Milei ganó en 20 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la misma manera, el resultado adverso en las urnas también fue útil para el nuevo gobierno tucumano. Para Jaldo fue la oportunidad de quitarse de encima la mochila de la convivencia con el manzurismo.
Apenas 48 horas después anunció el “segundo tijeretazo” en las cuentas provinciales. En el primer recorte había eliminado 50 cargos jerárquicos. El martes la poda fue de 220.000 millones de pesos.
El primer ajuste fue para mostrar diferencias con su antecesor. En ese marco, hizo que la Legislatura le devolviera el proyecto de Presupuesto Provincial 2024, toda una desautorización hacia la gestión anterior. El segundo ajuste, esta semana, no fue ya para marcar un contraste, sino un déficit.
Dicho de otro modo, ¿por qué el Poder Ejecutivo tuvo que recortar semejante dineral de sus propias cuentas? En pocas palabras: para poder seguir pagando sueldos.
En el Ministerio de Economía agotaron las provisiones de café del primer piso de la Casa de Gobierno tratando de encontrar la mejor manera de informar en el Gabinete la dimensión exacta de la “herencia” recibida. Finalmente, encontraron en la borra de los pocillos la figura exacta para dimensionar la cuestión: “una planilla salarial”. Esa es la medida del “rojo” de las cuentas públicas: un déficit que equivale a un mes de sueldos: unos 50.000 millones de pesos, según fuentes tan informadas como desveladas. Los sueldos se estarían pagando con “descubiertos” del banco oficial.
A partir de ese dato, la cifra que arroja la baja del gasto público plasmada por la Casa de Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2024 adquiere todo un nuevo sentido. Equivale a la planilla salarial “en rojo”, a la de noviembre, a la de diciembre y a la de enero, más el sueldo anual complementario. Para más datos, Jaldo aseguró ayer (luego de enviar el miércoles el nuevo proyecto de Presupuesto 2024 a la Legislatura) que los fondos para pagar el medio aguinaldo estaban garantizados.
Con el achique del gasto estatal, el Gobierno provincial se asegura “pasar el verano”. Para entonces ya sabrá, a ciencia cierta, cuánto puede esperar de la nueva gestión presidencial, y cómo. Dicho en buen romance: una cosa es la Coparticipación Federal de Impuestos, garantizada por ley, y otra cosa son los anticipos a cuenta de esos recursos, dependientes de la buena voluntad de la Casa Rosada.
Pero el jaldismo no sólo ajustó cuentas con el Presupuesto 2024. Y eso se debe a que Milei ganó en Tucumán no sólo por una tendencia nacional. Para el nuevo oficialismo gubernamental, queda claro que hay distritos donde era inevitable el triunfo de La Libertad Avanza, y otro donde era inimaginable la derrota de Unión por la Patria. Lo inevitable ocurrió; lo inimaginable también.
Entonces el gobernador dispuso el fin de las adscripciones otorgadas por el Ejecutivo: a presentarse en Casa de Gobierno para ver quién es quién, dónde trabaja y, fundamentalmente, para quién. Anunció la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), nacida al calor de las PASO de 2021, cuando Jaldo, siendo vicegobernador, dio de baja a un millar de contratados en la Legislatura. El Unrel, sin embargo, tenía mucho más de 1.000 empleados. Unas siete veces más, en realidad. Y, como broche, ratificó la extinción del Pacto Social. Por supuesto, el Ejecutivo seguirá garantizando el pago de los sueldos de los municipales, porque de lo contrario es la propia Provincia la que se incendiaría. Pero con la mera liquidación de sueldos una gestión sólo “sobrevive”: habrá entonces intendencias que “vivirán” más holgadas que otras, según su propia recaudación. Y según su sintonía con la Casa de Gobierno. El jaldismo mira el escrutinio del domingo, departamento por departamento, convencido de que los votos son amores. Y de que amor con amor se paga.