Rossana Chahla denunció amenazas de muerte y “golpe institucional”

“Es preocupante el grado de violencia que hay y también me preocupan los ex funcionarios (municipales) que están instigando a la violencia. Son concejales y legisladores que fueron elegidos por el pueblo, que tienen responsabilidad institucional y que quieren dar un golpe institucional. Es muy grave, no lo vamos a permitir”. La intendenta capitalina Rossana Chahla (Unión por la Patria) denunció públicamente y ante la Justicia amenazas de muerte y hechos de violencia derivados de la decisión de desvincular a empleados que habían ingresado a la administración en la última etapa de la gestión de su antecesor, Germán Alfaro (Juntos por el Cambio).

Con documentos oficiales, capturas de Whatsapp y planillas en mano, la jefa del Ejecutivo Municipal recibió a LA GACETA y responsabilizó a miembros del alfarismo por cualquier episodio violento que pueda suceder en los próximos días. Desde que se conoció la resolución, hubo manifestaciones en las puertas del edificio de 9 de Julio y Lavalle. Las últimas fueron intensas, se arrojaron huevos contra la fachada y se tiraron decenas de bombas de estruendo. También hubo disturbios y demorados, cuando se intentó instalar una carpa, en medio de gritos y de empujones. Ayer, tras sus dichos, las protestas cesaron.

“Fuimos agredidos. Nos eligió el pueblo, los funcionarios tenemos que dar muestras de diálogo y de consenso. Ninguno de los que estaban en el decreto estaba afuera protestando. Había hasta concejales de otros municipios”, criticó Chahla.

En la Justicia

La intendenta exhibió mensajes de grupos de Whatsapp de presuntos allegados del alfarismo en los que se menciona que “la van a matar” a la intendenta y publican la dirección de su domicilio. En las conversaciones se detalla la organización de las movilizaciones. También incluyeron capturas de historias de la red social Instagram de un supuesto empleado que arenga “mañana se pudre todo” y con fotos en los que se muestra con un arma. Abundan, además, mensajes con contenido de violencia de género contra la intendenta. “Esto puede terminar en algo grave. Tanta violencia, puede haber una persona herida o un muerto”, alertó.

Toda esta documentación está incluida en la denuncia que radicó el fiscal municipal, Conrado Mosqueira. A partir de ese planteo, la fiscala Alejandra Navarro habría requerido a la comisaría segunda que se efectúen recorridos preventivos en las inmediaciones de la Intendencia y de la casa de Chahla. Ordenó, además, que se eviten aglomeraciones que puedan tener fines violentos y actos que puedan dañar el edificio o el trabajo normal en las dependencias. Se requirieron registros de las cámaras de seguridad públicas instaladas en la zona.  

Situación de empleados

La intendenta detalló que detectaron situaciones irregulares sobre el personal y que, tras diversos controles, decidieron tomar medidas para poder pagar los sueldos. Explicó que los afectados por el decreto (N° 6.324) suman 590, que ingresaron en planta transitoria y permanente entre septiembre y el 27 de octubre (la gestión nueva comenzó el 29). De ese total, dijo, 180 personas habrían sido designadas directamente como interinos sin haber tenido antecedentes laborales previos, mientras que 410 tenían algún tipo de contratación anterior.

Hizo hincapié en otro grupo, de 832 trabajadores, con contratos temporarios que se vencían entre octubre y diciembre. Avisó que se revisará su situación de manera prioritaria, porque el promedio de las remuneraciones es bajo, de $50.000, y porque en su mayoría son operarios u ordenanzas.

En un tercer segmento ubicó al personal incorporado entre mayo y junio, de 1.107 ciudadanos. Entre ellos, expresó, sólo 47 contaba con más de cinco años de antigüedad.

Por otro lado, se mencionó una nómina de 66 funcionarios de la gestión anterior que fueron pasados a planta permanente antes del fin del mandato. Según la documentación, en junio había 337 funcionarios y que, cuando asumió Chahla, el número disminuyó a 222 por este motivo. Miembros de la gestión añadieron que hay al menos 40 parientes directos de las autoridades anteriores.

Chahla apuntó contra concejales y legisladores del Partido por la Justicia Social (PJS) que se habrían comunicado con ella para pedirle que no despida a gente de la política vinculada con ellos. “Me mandaban las ‘listas sábanas’. Hay gente que estuvo adscripta años y que empezó a venir al municipio el 1 de octubre. Hay otros que tienen una antigüedad desde 2017 o 2018. Nunca vinieron al municipio y cobraban. Hay muchas irregularidades. Esta es plata de los vecinos y de todos los que pagamos los impuestos. Vamos a controlar ese gasto porque queremos ser eficientes; que ese dinero vuelva al ciudadano, para levantar basurales o hacer el bacheo de noche”, consignó.

Cuestión de fondos

“El Presupuesto aprobado me permite tener 4.300 empleados. Se sumaron 2.500 más (los de los grupos detallados) y no tendré cómo pagarles; no hay una ampliación presupuestaria. El grado de irresponsabilidad de la gestión anterior es alto, para aumentar la planta el 50% sin tener el presupuesto para hacerlo. Hay gente que entró por la ventana, no hay legajos y no tenemos dónde notificarlos. Y por otro lado, hay empleados como el caso de un señor que tiene 35 años de antigüedad y cobra $80.000. Queremos ser justos con la gente y dar servicios”, consignó.  

Chahla habló a los vecinos y les pidió que se queden tranquilos. “No estoy sacando las personas para poner a mi gente, yo no tengo porque no vengo de lo territorial. No voy a ampliar la planta. ¿Por qué? Porque no es necesario agregar más administrativos; son necesarios más operativos, que den servicios”.

La situación financiera

“Han dejado una caja vacía con muchas deudas; nada está informatizado. Es decir, que no tenemos datos, tenemos que ir a buscar en papel todas las ordenanzas. Nos tomamos todo este tiempo para ser serios. Vamos a terminar con ese tipo de manera de trabajar que era incorrecta, irresponsable, desordenada”, caracterizó.

Describió que no estarían disponibles todos los vehículos que figuraban en los inventarios y que “desaparecieron” computadoras y teléfonos celulares.  “Tenemos realmente un gran problema de desorden, de desidia en la gestión anterior. Hoy, como estamos, es un municipio de 1816”, cerró.