¿Motosierra? Jaldo se abre paso a los hachazos

Transcurridos ya 45 días de la nueva gestión se puede decir que en Tucumán Osvaldo Jaldo no usó la motosierra que promueve Javier Milei. Directamente, el gobernador anduvo en este tiempo a los hachazos. Así se abrió camino para empezar a despejar la senda, enmarañada, que heredó de Juan Manzur. Claro, cada revoleo de esos tuvo y tendrá sus consecuencias, algunas de las cuales ya reabrieron –prematuramente- la interna en el oficialismo.

Hacha en mano, Jaldo avanzó a ciegas para tomar distancia de su antecesor, con medidas para cautivar a los independientes y a los desencantados de la política. Sin darle tiempo a que se lo pidiera, le negó el avión oficial para que se moviera y se autoprohibió usarlo. Desde el 29 de octubre, el ex gobernador se sube a la flota de una empresa de taxi aéreo para ir y venir de Buenos Aires. En paralelo, sacó de un plumazo a los funcionarios que Manzur había puesto estratégicamente para el manejo de recursos y de política en los organismos troncales del Gobierno. Así, cayeron desde Fernando Avellaneda en el Subsidio de Salud hasta José Antonio Gandur en el Siprosa. La misma suerte corrieron la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; y el ex ministro de Economía, Eduardo Garvich. Después avanzó con la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) y alrededor de 7.000 dirigentes políticos quedaron sin resguardo.

Con el filo restante sepultó el Pacto Social y empujó a los intendentes a un mano a mano por la subsistencia, cortó miles de adscripciones en el Poder Ejecutivo y suspendió vacaciones a todos los funcionarios. Como novedad, ahora busca que aquellos políticos que se jubilaron con cargos jerárquicos no puedan volver a ser contratados por el Estado. A ese decreto, vale decir, sólo le faltaría poner el nombre y el apellido del puñado de víctimas.

Entretanto, tejió alianzas con la oposición para garantizarse autonomía y dejó boquiabiertos a varios de los suyos, que se sintieron relegados. También impuso su voluntad en la confección de poder del Concejo Deliberante y de la Legislatura. Avanzó con la continuidad de Roque Tobías Álvarez como presidente del bloque oficialista y, esta semana, sentó como vice a Sara Assán, ratificando su alianza con el ex manzurista Carlos Isa Assán. Esa, precisamente, es una de las características del “Comisario”: no tiene pereza ni pruritos para avanzar en microacuerdos políticos que le permitan formar luego un gran tejido de protección.

Por supuesto, Jaldo era consciente de que cada hachazo tendría su costo y abriría en su paso nuevos peligros, internos y externos. El manzurismo –y un sector del jaldismo- están agazapados. En la Legislatura amagan con sacar a luz un proyecto peronista de actualización del reparto de coparticipación a los municipios. Se lo dijo en una cena en El Cadillal el taficeño Javier Noguera, delante de actuales y de ex jefes municipales. De la misma manera, se cuentan entre 10 y 15 los legisladores del peronismo que reflotaron la idea de escindirse para crear una bancada paralela. “Queremos tener un poco de independencia, nos están pasando por encima”, resumió uno de los parlamentarios revoltosos. Hasta fin de año, de todas maneras, nada de esto saldrá a luz. Habrá que ver si el verano calma los ánimos o los exacerba aún más.

El pronóstico no es demasiado alentador. El jueves, mientras la Legislatura sesionaba, comenzó a correr entre los parlamentarios un mensaje de Whatsapp en el que se advertía que los miles de dirigentes dados de baja de la Unrel no cobrarían el medio aguinaldo ni el bono de $ 40.000 que dispuso el Gobierno. Técnicamente, esa unidad se eliminó el 30 de noviembre. Tal fue la sorpresa que hubo consultas con funcionarios del Palacio Gubernamental para constatar que la versión fuera cierta. Tras algunas negociaciones, finalmente parece que los cesanteados cobrarán el medio aguinaldo proporcional, aunque no el bono. Varios caudillos del peronismo, algunos de los cuales llegaron a tener hasta 700 contratos en la Unrel, se preguntaban ayer por qué tanto encono. “Tapándose la nariz o con placer, todos los militantes que ahora quedaron sin contención trabajaron para la fórmula”, rezongó un dirigente del interior. ¿Ese malestar se exteriorizará en las calles? Esos mismos popes, ante la pregunta, ahora responden con el silencio.

Las incómodas medidas de Jaldo generan tal pavor que dan lugar incluso a situaciones jocosas. A principios de semana, cuando anticipó que ningún funcionario podría salir de vacaciones, en el Ministerio del Interior tuvieron que salir a buscar con desesperación a Sergio Castro, director de Grandes Comunas. Ocurre que había corrido la versión de que había viajado a Quéretaro, en México, para disfrutar las fiestas de fin de año. A pesar de que en su entorno desmentían esa información, el drama fue creciendo con las horas a medida que el ex comisionado rural de San Pablo no atendía su teléfono. Sin dudar, el gobernador pidió que fuera separado del cargo. Por suerte para Castro, cuentan que el castigo no llegó a aplicarse porque corrieron a buscarlo en persona al lugar en el que se encontraba pescando, sin señal móvil. Si hubo pique o no es lo de menos: tuvo la fortuna de esquivar el hachazo.

Desde el jueves, cuando se conoció que el mandatario prohibió la designación de aquellos jubilados por cargos políticos jerárquicos y que quienes hayan sido contratados bajo esa modalidad cesarán en sus funciones, todas las miradas apuntan al octavo piso de la Legislatura. Allí reubicó Miguel Acevedo a los ex alperovichistas y manzuristas que antes deambulaban por la Casa de Gobierno, como Silvia Pérez y Garvich. El decreto es extensivo a los tres poderes del Estado y a los organismos descentralizados. ¿Sabía el vicegobernador de esta movida? ¿La acatará? ¿Qué otros asesores o históricos ex funcionarios podrían ser alcanzados por la guadaña? La llegada de Pérez y de Garvich a la Cámara había relegado de la cocina de decisiones de ese poder al secretario Claudio Pérez, de estrecho vínculo con el ahora titular del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, de concretarse esa disposición se abriría la puerta a que se liberen sillas en algunos lugares en los que el jaldismo aún no hizo pie y que le pueden resultar apetecibles. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal de Apelaciones, un cuerpo previsto en el Código Tributario de la Provincia desde 1979 pero puesto en vigencia por José Alperovich antes de dejar el mandato, en 2015. Allí, con acuerdo de la Legislatura, recalaron Jorge Jiménez, Jorge Posse Ponessa y José León para revisar las multas o sanciones tributarias. ¿Alguno de ellos estará comprendido entre los alcances del decreto?

Por lo pronto, hay que reconocer que fueron tibias las réplicas que recibió Jaldo a cada embate suyo. Quizás, la de mayor simbolismo sea la que se votó en la última sesión. A instancias del presidente subrogante, Sergio Mansilla, se aprobó una resolución mediante la que se deja sin efecto el financiamiento del Boleto Estudiantil Gratuito para los alumnos del interior por parte de la Legislatura. El BEG, que llegó a beneficiar a unos 70.000 niños y jóvenes, surgió en 2018 como iniciativa del propio Jaldo. Este jueves, la Cámara le dijo al gobernador que emulará su ahorro del gasto público y que por eso no tendrá recursos para continuar con esa medida, que para Jaldo significa mucho. En otras palabras, el mandatario quedó obligado a solventar el BEG con el exiguo presupuesto provincial si es que no quiere pagar el costo político de que su creación naufrague. Rápidamente, dijo que le dará continuidad desde el Ejecutivo.

Hasta marzo, cuando se reanuden las clases, el gobernador tiene tiempo de pensar cómo capitalizar esa contraofensiva surgida del riñón del manzurismo, que de a poco comienza a dar señales de que no se quedará de brazos cruzados mientras lo corren a hachazos.