Bajar la edad de imputabilidad: otro fracaso del Estado

“Se puede discutir bajar la edad de imputabilidad, pero eso no va a resolver el problema de la inseguridad”. La frase es del actual vocal de la Corte, Daniel Posse, quien la dijo pocos días antes de asumir en su cargo. Pasaron ya 13 años desde esa declaración y, como pasa en el país, esa discusión se presenta cíclicamente. Hoy el debate sobre si conviene o no reducir la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años está nuevamente sobre el tapete con una diferencia considerable: el nuevo gobierno tiene en agenda la cuestión y ya se anunció que se avanzará hacia ese modelo, aunque la controversia se terminará dirimiendo en el Congreso.

Los números siempre representan alertas para analizar cuestiones tan sensibles. En septiembre de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe alarmante: según dijeron, en el primer semestre de este año aumentó un 21% la participación de menores de edad en hechos delictivos. En ese mismo relevamiento también se constataron 60 medidas privativas de la libertad y se evidenció que un 84% de todos los delitos juveniles registrados fueron contra la propiedad privada. 

En total, contra ellos se abrieron 1.109 causas penales -19,5% más que el año pasado-, lo que conllevó que 986 menores de edad tuvieran un expediente iniciado durante el primer semestre. De los 986 menores involucrados en causas penales durante el primer semestre, 913 fueron varones y 73 mujeres, lo que da un 92,6% y 7,4% respectivamente. En el 56% de los casos los acusados tenían entre 16 y 17 años.

Pero a toda cifra hay que darle contexto, o quedaría la pregunta acerca de si esto es mucho o poco, o qué hay detrás de esos números. Otro informe de una ONG advierte otros datos tan o más preocupantes que los anteriores: de todos estos detenidos, 5 de cada diez habían vivido en la calle antes de ser apresados; el 55% es reincidente en la cárcel, es decir que entraron, cumplieron pena, salieron y volvieron a entrar; el 60% no estaba yendo a la escuela al momento ser detenido. 

Entre jóvenes de 16 y 17 años, el 55% ya había probado cocaína, uno de cada cuatro, ya sea varones y mujeres en igual proporción, son padre o madre durante el encierro, el promedio de edad de ingreso a la actividad laboral es de 13,9 años. (La ley vigente establece que el trabajo infantil es toda actividad que se realiza antes de los 16 años).

¿Quiénes impulsan ahora esta baja en la edad de imputabilidad? De hecho, el gobierno del nuevo presidente, Javier Milei, a través de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien analizó la posibilidad de modificar la legislación para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

El ministro dijo que actualmente se encuentran “en el análisis con una comisión para ver si es que es para todos los delitos o sólo para algunos”. Y profundizó en la cuestión: “El menor necesita un cuidado, educación, resocialización; de nada sirve sacarlo de la sociedad y meterlo en una cárcel porque se hace amigo de los otros menores y forma una banda”. 

Y destacó que frente al delito “su consecuencia tiene que ser una pena que en los casos de menores tiene que ser educación. De lo contrario, vas a seguir teniendo delincuentes menores”. Pero durante la campaña hubo coincidencias (una de las pocas, si no la única) entre los tres candidatos a la presidencia. Tanto Milei como Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad) y Sergio Massa se mostraron a favor de bajar la edad de imputabilidad “en respuesta a un reclamo de la sociedad”.

En Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, la edad de imputabilidad se estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Pero los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (como los homicidios dolosos) pero sólo a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Mientras tanto pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.

La incidencia de las noticias lleva muchas veces a la confusión. Nos horrorizamos, con razón, ante la presencia de un menor en un delito aberrante, pero pocos saben que sólo en el 1% de los casos delictivos graves hay chicos involucrados y esta cifra se reduce notoriamente en la franja etaria de 14 y 15 años de edad. Es decir, por si no quedó claro, que el 99% de los delitos los cometen adultos, no menores. 

En ese sentido, el juez de Menores de Tucumán Federico Moeykens no tiene dudas: “Querer bajar (la edad de imputabilidad) es pretender solucionar con la justicia penal un problema social. Ese discurso persigue al castigo como herramienta proselitista y va dirigido al resultado y no a las causas que producen el flagelo (exclusión de derechos económicos, sociales y culturales). La delincuencia de quienes hoy no son punibles (menores de 16 años) puede ser un problema en algunos - muy pocos - lugares del país pero no es un problema generalizado a nivel federal en lo absoluto”.

Pero esta discusión que, como se dijo, lleva décadas, habla de un fracaso de la dirigencia, de quienes a lo largo de todos estos años condujeron los destinos del país. Se sabe que el régimen penal juvenil viene desde la dictadura. Tiene 44 años. Y la raíz del incremento de los delitos, con menores involucrados o no, es precisamente la fragilidad económica y social en la que vivimos inmersos. Un estudio sobre las poblaciones carcelarias en Argentina da cuenta que “está mayormente compuesta por individuos que provienen de frágiles condiciones socioeconómicas y familiares, crecidos en contextos de marginalidad, informalidad y violencia”. 

Como dato, se informó que en Estados Unidos está probado que la mayor educación reduce la tasa de criminalidad: un año extra de asistencia a la escuela secundaria reduce significativamente la probabilidad de arresto y encarcelamiento. Además, un aumento en la tasa de graduación de la escuela secundaria no sólo tiene beneficios privados para los egresados, sino también beneficios sociales en términos de la reducción de los costos de la delincuencia. 

Cuantitativamente, el estudio encuentra que un incremento de 1 % en la tasa de graduación de la escuela secundaria en los hombres conduce a un ahorro de 1,4 mil millones de dólares por año por gastos no incurridos relacionados a los costos sociales de la delincuencia. Todo ganancia. 

Entonces, ¿por qué en vez de bajar la edad de imputabilidad no damos más educación? ¿Por qué en vez de responsabilizar a los chicos por el aumento de la delincuencia no tratamos de resolver las enormes diferencias sociales? Todo esto se podría haber hecho desde que retornó la democracia, pero las estructuras siguen fallando. Siempre será mejor regalar libros que tener que construir más cárceles.