Universidad: “El criterio de residencia para el arancel puede ser peligroso”

El proyecto de la denominada “Ley Ómnibus”, que el presidente, Javier Milei, envió al Congreso para que sea tratado durante el período de sesiones extraordinarias, abarca una multiplicidad de temas, de distintas áreas del Estado. En la mayoría de los casos se trata de cuestiones muy sensibles que generan, de mínima, polémica.

Una de las materias que más calientes debates enciende cada vez que se la toca es la educación. Y en esta ocasión no resultó distinto. La iniciativa de “Ley Ómnibus” toma varios aspectos de la educación en la Argentina; en especial, de los niveles secundario y universitario. De este último, entre otros, modifica el sistema para determinar el financiamiento de cada casa de altos estudios -lo vincula con factores cuantitativos, como cantidad de ingresantes y de graduados, por ejemplo-; habilita el cobro de aranceles para algunos estudiantes foráneos y, un punto que importa particularmente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT): el allanamiento del camino para la privatización de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

“Claramente estas propuestas afectan principios constitucionales, como los de igualdad de trato y oportunidades, trato nacional, gratuidad, autonomía y autarquía universitaria”, puntualizó Paulo Falcón, ex director de Gestión Universitaria de la Nación durante el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

Parte del texto del proyecto de “Ley Ómnibus” señala que se mantiene la gratuidad de los estudios de grado en las universidades nacionales, pero únicamente para los ciudadanos argentinos -nativo o por opción- y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente en el país. De hecho, plantea que estas las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer aranceles para aquellos estudiantes que no reúnan estos requisitos; es decir, los foráneos sin residencia.

“Haciendo foco en la posibilidad de la incorporación del arancel, los Gobiernos no pueden desconocer que nuestro marco constitucional fomenta la inmigración y garantiza el trato igualitario entre quienes nacimos aquí y quienes lo hicieron en otro país, sin exigir reciprocidad. Si la Constitución nacional no discrimina en la incorporación del principio de gratuidad de la educación estatal, una ley tampoco puede hacerlo”, manifestó Falcón.

Y más allá del reproche a la iniciativa de Milei, el ex funcionario nacional difundió datos. “La realidad se encarga de tirar abajo mitos. Según las últimas estadísticas oficiales, en la Argentina hay 76.130 estudiantes extranjeros de pregrado y de grado; esto representa un 3,7% de todo el sistema universitario. Además, el grueso de estos estudiantes cumple con la adjetivación de residentes, ya que el cursado de un solo cuatrimestre exige que dejen de estar aquí como turistas, cuyo plazo es de tres meses”, subrayó. Recordó, además, que la residencia permanente se da a los dos años. “Y las carreras de grado tienen de mínima una duración de cuatro años de duración, lo que torna absurda la propuesta”, aseveró.

Falcón reconoció que muchas personas pueden considerar positivo que los foráneos paguen su educación. “Pero los invito a pensar en que, si hay algo que hizo grande a nuestro país, fue la Ley 1.420 (Educación Común, Gratuita y Obligatoria), que no distinguía entre extranjeros y nacionales. Esa mirada permitió que nuestro país crezca”, indicó.

Añadió que en el mundo las migraciones académicas son consideradas un factor de riqueza y de aporte. “Los países desarrollados se esfuerzan con programas de becas para captar talentos ajenos. Y aquí los extranjeros viene a estudiar, pero a su vez alquilan, compran, pagan impuestos. De hecho, estudios realizados por la Universidad Nacional de Buenos Aires marcan que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la migración académica internacional contribuye económicamente más que lo que el Estado aporta en su educación. No vayamos contra la corriente”, reclamó.

Alertó que resulta preocupante que se siente el criterio de residencia en una política arancelaria de cualquier tipo. “Esta definición trasladada a otros aspectos, puede ser peligrosa, porque en todos los países en donde ese criterio está sentado, este se aplica para las migraciones internas -es decir, para nacionales-. Particularmente si se trata de bienes públicos, conceptualizados como derechos humanos”, advirtió Falcón.