La urgencia está en lo social

La urgencia y la necesidad que arguyó Milei en su mega decreto 70/23 para apurar drásticos cambios en el país, y que entrara en vigencia el viernes, no la tiene aparentemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un poder acelera, el otro frena; y el tercero, el legislativo, está en estado de ebullición. Para el máximo tribunal no resultaría necesario ni urgente disponer que sea asunto de feria el planteo de inconstitucionalidad que realizó el gobernador de La Rioja contra el DNU del libertario. Pateó para más adelante el tratamiento de la demanda, para cuando finalice la feria de enero.

Más que una decisión de índole judicial parece un gesto cargado de tinte y mensaje político; ¿un guiño a quién? Acaso la Corte aspira a que en el caliente primer mes de 2024 la clase política se ponga de acuerdo para rechazar el DNU -o bien para que no acuerden y que el DNU quede firme- para no tener que involucrarse y quedar pegado a uno u otro lado de esta nueva grieta que construye desembozadamente el Presidente: mileístas libertarios versus la casta representada por “los coimeros” -como los acusó- del Congreso.

¿Hay un cálculo político en la conducta de los miembros de la Corte? Justamente es un ex miembro del alto tribunal, Raúl Zaffaroni, quien interpuso el recurso de inconstiucionalidad. Mientras se buscan respuestas, hay decenas de amparos en contra del DNU desparramados en tribunales de primera instancia de diferentes fueros. ¿Preferirá la Corte que en esos ámbitos se dicten los fallos adversos al decreto -suponiendo que les den la razón a los que lo objetan- antes de tener que involucrarse y, eventualmente, resolver una inconstitucionalidad?

Pese a los ojos vendados de la Justicia, en la balanza tal vez se esté sopesando el impacto político de una posible sentencia adversa a la primera acción de fuste del Gobierno nacional. Porque el mega decreto fue la carta de presentación más efectiva y dura de Milei, y voltearlo tendría costos gravísimos en términos institucionales y políticos para el Ejecutivo. Ese posible golpe negativo no debe estar en los cálculos del Presidente, no debe verlo viniendo del lado de la Justicia sino más bien proviniendo del lado del Congreso. Por eso amenazó con llevar adelante un plebiscito si no le dan lo que quiere: votantes que esperan contra la casta que frena.

Esto último es un síntoma de que confía en que el 56% que lo respaldó en las urnas hace 40 días lo seguirá sosteniendo, pese a que todos -ese porcentaje y el que no lo votó- mañana serán más pobres que hoy. En este clima Milei altera, amenaza y acusa a la casta, a los congresistas, sabiendo que esa actitud despectiva contra la casta fue lo le rindió frutos para convertirse en jefe de Estado. Apostará a que ese encono contra los políticos se mantenga por encima del malhumor social que va creciendo a causa de que el empobrecimiento de la sociedad no se detiene. Entonces, si el Congreso no lo apoya avalando el DNU, el sostén institucional debería provenir del lado de la Justicia. La Corte le dio oxígeno hasta febrero al Gobierno, y los jueces inferiores están observando a sus mayores referentes. ¿Sus fallos serán ajustados a derecho o también resolverán navegar en la ambigüedad de los gestos políticos?

Entre tantos planteos judiciales debería haber novedades en los próximos días, para uno u otro extremo. Lo real es que la acción política se sigue judicializando. Una cautelar no se le niega a nadie, solía repetir con ironía la ex presidenta; habrá que ver cómo actúa la Justicia frente a un Gobierno que ha resuelto a través de cientos de iniciativas, por lo menos desde el relato, refundar a la Argentina. Nada nuevo bajo el puente, todos hacen lo mismo; nada más que Milei sorprendió con la catarata de medidas para desregular a cuantas actividades se le cruce por delante.

Dejó atónitos a propios y extraños, y picó raudo en punta. Algunos lo quieren frenar a fuerza de los amparos, pero “el loco” -como se refiere a sí mismo- no se detiene y mete presión: ya no sólo acusa a los congresistas de coimeros, sino que prácticamente los chantajea al decirles que les devolverá el impuesto a las ganancias -para regocijo de los gobernadores- a cambio de que le aprueben las cientos de modificaciones que impulsó. O sea, los señala porque piden algo a cambio, pero él hace lo mismo, les juega con las mismas armas. Presiona y desacomoda el plano político, unos tratan de ubicarse en un lado y otros en otro, pero hasta que no haya votaciones en el Congreso no se sabrá cómo se para la mayoría de la dirigencia política respecto de la acción del Gobierno nacional.

En síntesis, la política decidió judicializar, Milei redoblar la apuesta anunciando más medidas antiregulaciones, la Corte adelantó que jugará pero dentro de dos meses y la CGT dispuso un paro para el 24 de enero. Como si la central obrera quisiera esperar unas semanas para que la política le ponga un límite al Presidente; difícil, seguro deberá confrontar de la única manera que sabe hacerlo cuando el Gobierno no es peronista: con paros.

Para la central obrera dar un paso tan extremo como disponer una huelga implica arriesgar su ascendencia sobre los trabajadores, ya que no puede fracasar en la convocatoria porque aumentaría su descrédito y debilidad política. Porque se trata de gestos de poder. ¿La CGT cayó en una trampa de Milei? En el plano político y en el marco de la interna del peronismo bien puede entenderse que la dirigencia cegetista identificada con el PJ lleve la iniciativa para que, tratando de volver a ser la columna vertebral del movimiento, reagrupe tras de sí a los justicialistas.

En ese sentido, hay gobernadores que no se pronunciaron sobre el plan de lucha cegetista, mucho menos lo avalaron. Uno de ellos es Jaldo, quien no tiene intenciones de salir a confrontar con Milei tan temprano. Tiempista el tranqueño. El mandatario tucumano necesita recursos, los que sólo pueden provenir de la Nación, por lo tanto no debe dar demasiadas señales como un opositor político intransigente sino plantarse como un referente que entiende las duras circunstancias económicas y sociales del país. De hecho, hasta se adelantó a la Nación disponiendo medidas de ajuste en el Ejecutivo provincial. Jaldo, por lo visto, quiere esperar un poco y privilegiar lo institucional por sobre la política partidaria.

Sin embargo, tanto para él como para Milei hay una variable que no manejan y que mete presión: el clima social. Porque podrán enfrascarse en peleas en las cámaras de diputados y de senadores, podrán judicializar cualquier acción política e institucional o podrán intentar imponer sus relatos; lo que no podrán evitar es que se ahonde el malhumor social, que crezca el malestar por la escalada de precios, el aumento de la tarifas o una inflación que trepará al 300% anual en 2024. Si no hay plata, cómo se mejorarán los salarios. Se van a multiplicar los pobres en el primer semestre del año que viene, eso es innegable.

Casualmente, en el decreto 70/23 de Milei no hay una sola medida que aluda a cómo se reducirá la pobreza o el número de pobres en el país. De hecho las palabras pobre y pobreza aparecen cuatro y veces en el extenso texto y solo para referencias descriptivas pero no en alguna iniciativa destinada a sugerir cómo hará el Gobierno para sacarlos rápido de ese status social. No se alude a una pobreza cero, pero tampoco se indica cómo se la reducirá. Algo similar sucede con la Ley Ómnibus, el concepto pobreza aparece tres veces en las 351 páginas, una vez en el capítulo de “Política de Calidad Regulatoria”. Allí se menciona que se adoptarán las medidas necesarias para “obtener regulaciones eficientes para la competitividad de los mercados, la creación de empleo y todo cuanto contribuya a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a la consiguiente reducción de los índices de pobreza”.

Todo bien con que se quiera refundar el país con nuevos puntos de partida, pero lo urgente, como el DNU, es sacar de la pobreza a los 20 millones de argentinos que están en esa condición y no seguir aumentándolos. Porque, suponiendo que el país comience a experimentar mejoras con estas iniciativas en dos años, las filas de los pobres seguirán incrementándose. Y los más, los pobres crónicos, estarán con menos armas para salir a pelear por mejores condiciones de vida. Unos, seguramente, podrán lucharle a la realidad, otros no. Para estos no habrá discursos ni canciones de libertad que valgan.