Las facturas de la política

El verano es más caliente en la política que lo que marca el termómetro. Aquello que reza que “Dios está en todas partes, pero sólo atiende en Buenos Aires” vuelve a corporizarse. El peronismo está divido en varias fracciones porque aquellos que hoy tienen responsabilidades institucionales no pueden ponerse definitivamente en la vereda del frente a un incipiente gobierno libertario. Javier Milei todavía goza de la consideración pública, mientras que la casa tradicional de la política fue castigada en las urnas. Sin embargo, el presidente de la Nación quiere avanzar a pasos agigantados como un tsunami violeta que en envuelve al país más allá de lo electoral. La semana que pasó, la Justicia dio señales al jefe de Estado de que debe pisar el freno y no el acelerador. En otras palabras, la Casa Rosada debe sentarse a consensuar medidas en una primera etapa y, en última instancia, a negociar su aprobación.

Las señales que han llegado desde el exterior no han sido del todo buenas para el plan de ajuste fiscal que motoriza el Presidente. El freno judicial, las protestas callejeras y las reacciones de todo el arco político por la forma de encarar el programa han golpeado las puertas del edificio de Balcarce 50, pero también pusieron en alerta al mercado global. Un ejemplo claro de esta situación son los 2.000 puntos básicos del Riesgo País medido por la banca internacional JP Morgan. Milei creía que con el programa de estabilización de shock -y no con el gradualismo propio del peronismo- podía cambiar el humor de los inversores del exterior para que vuelvan a confiar en una Argentina estigmatiza como defaulteadora serial. Los acuerdos parlamentarios tardan en llegar. Milei ha instruido a su ministro del Interior, Guillermo Francos, para que acelere el “operativo de seducción” a gobernadores. Si no se puede negociar con diputados y senadores, seguramente podrá hacerse con los gobernadores que, en definitiva, son los que necesitan sobrevivir al escenario libertario del “no hay plata”.

Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, tuvo que ir a Buenos Aires a ponerle la cara y el pecho a la situación. La foto con Francos trascendió los límites de la Argentina. Incluso fue presentada en la portada de notas argentinas de la influyente agencia de noticias de negocios y finanzas Bloomberg. Puede ser una casualidad, al tratar un tema que también interesa al mercado, como es el de los biocombustibles. Sin embargo, puede interpretarse como una apertura al diálogo de cierto sector del peronismo para calmar a los inversores foráneos de que no todo está cerrado. Esa imagen contrasta con la postura asumida por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se ha convertido en el adalid de la puja contra Milei. La radicalización de su discurso ha llevado a que algunos de sus pares de otros distritos piensen que se está reeditando aquello de unitarios contra federales. Incluso, el economista cercano a Cristina Fernández de Kirchner ha llegado a amenazar al gobierno nacional que, si no hay financiamiento, los Patacones, esa cuasimoneda de principios de siglo, pueden volver a circular. La cuestión no se agotó en esa advertencia. Apenas terminó la primera reunión de gobernadores con el Presidente, fue el encargado de difundir un documento que no todos los que aparecían en él lo avalaban. Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil cruzaron el charco apenas Kicillof lo colgó en su cuenta en la red “X”. En varias oportunidades, el bonaerense le pidió a su vicegobernadora Verónica Magario que convenza a los tucumanos sobre la necesidad de rechazar el plan instrumentado por Milei. No tuvo suerte.

Hoy como ayer, Jaldo repite la misma frase: “voy a defender los intereses de los tucumanos”. Detrás de esas palabras que pueden resultar de ocasión hay toda una definición: al tranqueño le llevó 40 años consolidar su carrera política hasta llegar al cargo que siempre aspiró, la gobernación, y no está dispuesto a poner en juego su futuro. Kicillof trata de cimentar su proyecto 2027 con inversiones chinas, como una manera de puentear al Palacio de Hacienda, en caso de necesitar dinero. El poder electoral de su provincia lo ponen en el centro de la escena, pero no tiene el acompañamiento general del partido al que pertenece. Encontró en el Norte Grande a un aliado, el riojano Ricardo Quintela, que alguna vez amenazó con renunciar si Milei se imponía en el balotaje. A esas palabras se las llevó el viento; Quintela sigue en el poder.

Jaldo periódicamente habla con otros gobernadores de la región. Entre ellos el mensaje que más se escucha es el que dice que no hay que desesperarse, más allá de las urgencias financieras. “Es verdad que necesitamos que nos devuelvan el dinero del impuesto a las Ganancias, porque de eso depende el desenvolvimiento financiero de nuestras provincias. Pero no es menos cierto que ellos (por el Gobierno nacional) también precisan de nosotros, porque necesitan el megaDNU y la Ley Ómnibus para enderezar la economía y gobernar la Argentina”, fue uno de los razonamientos.

Del otro lado, el juego de las concesiones también está en marcha. Algunas pruebas de esa estrategia han tenido como protagonista a Tucumán. Hace algunas semanas se habló de la posibilidad de que al limón se le aplique una alícuota del 15% de retenciones. Frente a ese problema para la competitividad de una de las industrias madre de la provincia, los dirigentes de la Asociación Citrícola del NOA (Acnoa) hablaron a la Casa de Gobierno para hacer una acción conjunta, de tal manera de modificar la situación. Mientras Jaldo se comunicó con Francos, los industriales del citrus se instalaron en Buenos Aires; hablaron con funcionarios de Bioeconomía y hasta plantearon el problema a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, la inconveniencia de aplicar ese esquema. ¿El resultado? El Gobierno nacional accedió a bajar las retenciones al 8%, un porcentaje que se adecua a la realidad de otras economías regionales como por ejemplo la vitivinícola. Los citricultores respiran un poco más aliviados. Saben que no es la gran solución, pero sí el mal menor, mientras piensan en más diversificación. Por ejemplo, la instalación de una planta para la elaboración de ácido cítrico con inversiones foráneas.

El caso azucarero luce más complejo. La Ley Ómnibus propone eliminar las barreras para la importación del endulzante y también del bioetanol, además de promover la apertura para que las petroleras puedan producir biocombustibles. Todo esto impacta en el corazón de la actividad azucarera. La reacción de los factores ha sido algo tardía y hasta al mismo gobierno le está costando reunirlos para mostrar que hay unidad. Por esa razón, Jaldo ha viajado a Buenos Aires, con el fin de reclamar la revisión de las medidas. “El gobernador se encontró con que varios industriales estaban de vacaciones y no podían acompañarlo”, contó un funcionario cercano a Jaldo. De todas maneras, industriales y cañeros, además del gremio de la actividad, redactaron un documento de defensa del azúcar y de reclamo para que no se desregule la actividad.

Otra situación, que también se atiende en Buenos Aires, se vincula con la obra pública. Milei no aflojó con el desembolso de financiamiento para trabajos en las provincias. El que más avanzado está en Tucumán es el de la cárcel de Benjamín Paz. El mandatario reiteró su pedido y es probable que pronto haya una respuesta. De otro modo, obligará a la Provincia a buscar alternativas para descomprimir el alojamiento en distintas dependencias carcelarias y policiales. Una de ellas es el alquiler de hasta 500 tobilleras. En ese caso, el Poder Ejecutivo pondría a disposición del sistema esa tecnología para aquellos que registren delitos leves, pero que tengan condenas. Y será la Justicia la que se encargue de definir a quiénes se les colocará para que cumplan prisión domiciliaria. En la actualidad, el Gobierno destina unos 1.700 agentes a resguardar que esos reos paguen por sus delitos. Jaldo cree que esa dotación debería estar en las calles, en tareas de prevención.

Claro como el agua

Jaldo afirma que este mes será más duro que el anterior, que el ahorro será mayor a los $ 12.000 millones que se obtuvo en diciembre, con los que se cubrió parte de los compromisos financieros del Estado que, de otro modo, hubiesen significado un mayor déficit financiero.

El ajuste le ha traído más de un dolor de cabeza a los funcionarios. La eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) significó un ahorro de casi $ 3.000 millones mensuales por el pago de unos 7.500 beneficios. De las quejas de pasillo pasaron a la calle, como la que exteriorizó el Movimiento de Unidad Popular (MUP), liderado por Luis Romano. “Osvaldo Jaldo es el único gobernador peronista del país que ha echado gente para ajustar”, dijo el referente cercano al actual senador Juan Manzur. Entre los jaldistas crecieron las sospechas que, detrás de esa movida, hay varios padrinos políticos de la gestión anterior.

Así como cuando se presentó el proyecto de modificación a la Ley Impositiva (se dijo que la actual gestión recibió un enorme déficit fiscal), ahora se abrió otra grieta con el manzurismo con la causa que investiga el fiscal federal Guillermo Marijuan por el otorgamiento de beneficios del Plan “Potenciar Trabajo”. El gobernador dispuso el inicio de una investigación administrativa para que en 30 días se corrobore si, efectivamente, hay 956 casos o más de incompatibilidades e incumplimientos de deberes de funcionarios en caso de que agentes públicos sean, a la vez, beneficiarios. “Si eso se confirma, se los corre”, cuentan que fue la orden del mandatario. En el mismo decreto se evidencia una aclaración no menor: “corresponde señalar que las incompatibilidades con la percepción de los beneficios del plan se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29 de octubre de 2023”. Más claro, echale agua. Las esquirlas del ajuste afectaron además a dos ministros políticos de Jaldo. Regino Amado (Gobierno) y Darío Monteros (Interior) se quedaron sin contratos de personal en la Cámara, pese a que fueron electos legisladores. Ese es otro pase de facturas de la política.

Hablando de agua y de facturas, en varios ministerios del Poder Ejecutivo se está elaborando un programa que tiende a revitalizar financieramente a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Tanto en Economía y Producción como en Obras y Servicios Públicos ven como una alternativa aplicar el mismo sistema que se registra en Jujuy y en Salta: unificar las facturas del agua con la de la electricidad. Una prueba piloto se hizo en El Manantial con resultados alentadores para el Estado.

¿Por qué se lo replicaría en Tucumán? Por las inconsistencias que existen en la cifra de usuarios. Mientras EDET cuenta con un padrón que supera los 500.000 clientes, la SAT registra sólo 300.000. La diferencia, según las autoridades, están en los edificios de altura y en barrios privados. El cruce de datos se complementa con el informe de Catastro sobre el total de propiedades existentes en todo el territorio provincial. Toda esta tarea podría demandar dos meses y, entonces, avanzar por segmentos. “Si hay más usuarios, la tarifa no tendrá que subir tanto porque se financiará con el aporte de todos, pero además el agua es el último servicio que se paga y es tan imprescindible como el resto”, razona un funcionario de la Casa de Gobierno. Por ahora, la SAT se sube al tren de los reajustes (promovió una suba de casi el 200% dividida en dos tramos para los dos primeros bimestres) que también se observarán en las boletas del gas (mañana arranca la audiencia pública en la que se expondrán los pedidos de las distribuidoras) y también en la de la electricidad.

En el verano nadie puede sentarse tranquilo en una reposera a ver qué sucederá con el futuro de la Argentina. Tanto en Tucumán como a nivel nacional se revisa, día a día, que ningún funcionario se relaje porque, el que se duerme o sale de la dinámica institucional será eyectado. A Jaldo, por ejemplo, lo tranquiliza que en los actos oficiales haya la mayor cantidad de funcionarios posible. Para él, eso es una señal de fortaleza política e institucional. Y necesita ese acompañamiento porque hoy está en el ojo de la atención pública tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Eso también forma parte de las facturas de la política.