Los subsidios al transporte serán auditados en Tucumán

Mediante en un convenio, los empresarios se comprometieron a mantener la fuente laboral y permitir el control estatal de los aportes.

la gaceta / foto de analia jaramillo la gaceta / foto de analia jaramillo
Por Marcelo Aguaysol y Luis María Ruiz 20 Enero 2024

Sin la certeza de la distribución de las compensaciones nacionales para el transporte público de pasajeros, los empresarios representados por la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) recibirán aportes extraordinarios del Poder Ejecutivo provincial para sostener el servicio. El primero de ellos será desembolsado este mes y rondará los $ 900 millones.

Ayer, el presidente de la entidad, Daniel Orell, y el vicepresidente Jorge Berretta, firmaron un convenio con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, con el fin de garantizar la continuidad del servicio alcanzado por la emergencia que atraviesa la actividad.

¿Qué dice el convenio? Consta de cuatro cláusulas.

• Aetat se compromete a garantizar la prestación del servicio, manteniendo las fuentes de trabajo de los empleados.

• La Provincia se comprometer a otorgar una ayuda extraordinaria mensual, sujeta a la disponibilidad del Tesoro.

• Aetat acepta, expresamente, permitir que la provincia verifique, mediante auditores designados (uno por el Ejecutivo y otro por la Legislatura) el destino de los fondos que cada empresa reciba como subsidio.

• El convenio durará 90 días.

La frecuencia en los recorridos de las 14 líneas urbanas de colectivos se normalizó en San Miguel de Tucumán, a una semana del inicio de las medidas de emergencia aplicadas por los empresarios. Sin embargo, las tensiones persisten en el transporte público, y la crisis podría sumar nuevos capítulos en el futuro inmediato.

La intermediación del Gobierno provincial posibilitó que Aetat diera marcha atrás con las restricciones implementadas el viernes 14, con reducciones de hasta el 70% en la cantidad de unidades operativas y ajustes en cuanto al personal, con suspensiones rotativas y despidos en una de las compañías.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que se trabaja en un plan de salvataje de 90 días, mientras los empresarios aguardan que la administración del presidente Javier Milei defina los montos de las compensaciones tarifarias para los distritos del interior. “Nos preocupa garantizar el servicio público de pasajeros para los 600.000 tucumanos que viajan todos los días, y también conservar las 3.000 fuentes de trabajo del sector”, añadió el tranqueño.

Antes de la firma del nuevo convenio, Aetat se había comprometido a revisar “caso por caso” la situación laboral del personal afectado por la medida. El acuerdo es claro: mantener las fuentes laborales.

De todos modos, el secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), César González, confirmó a LA GACETA que, si bien ya se restituyeron las frecuencias previstas, se formalizó la presentación ante la Secretaría de Trabajo debido a las 50 suspensiones y a los seis despidos concretados en la última semana. De esta manera, se espera que el martes próximo se celebre la audiencia de conciliación con los empresarios.

“No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que se descuenten los días de trabajo a los compañeros, ni mucho menos las cesantías. Entendemos que la medida es arbitraria e improcedente”, aseveró González.

Pedido de la Fatap

El segundo foco de tensión en el ámbito del transporte gira en torno a la tarifa. Esta semana, la Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) planteó que el valor del pasaje en el interior debería ser fijado en $ 700. Además, aconsejó a sus asociados -entre los que figura Aetat- “no prestar servicios, en la medida en que aquella tarifa no sea analizada” por las autoridades de su jurisdicción.

“El Estado nacional, los gobiernos provinciales y los municipios son los titulares de los servicios y los garantes de su sustentabilidad. Por este motivo, no pueden eludir sus responsabilidades ante los usuarios, las prestadoras y los trabajadores. A pesar de ello, persisten en una actitud que soslaya la realidad de los costos del sistema por ellos diseñado y configura una lamentable deserción estatal”, advirtieron los empresarios del interior.

En el Concejo

En Tucumán, el Concejo Deliberante de la Capital autorizó un incremento del 90% en el pasaje mínimo en diciembre pasado. Así, cada viaje en el ámbito urbano pasó de $ 120 a $ 230.

Más allá del planteo efectuado por la Fatap, fuentes del cuerpo municipal señalaron a LA GACETA que no hubo pedidos de incremento por parte de los empresarios de la actividad.

Sin embargo, esto no significa que los empresarios tucumanos desistan de requerir un nuevo ajuste en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que algunos distritos del país -como Bahía Blanca y Mar del Plata- el pasaje cuesta $ 300, con Pergamino (provincia de Buenos Aires) en la cima de este ranking, con $ 500 por viaje. Salta, mientras tanto, llevará en marzo el boleto urbano a $ 490.

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