31 Enero 2024
Me pregunto, retóricamente, si los ciudadanos de Tucumán tendríamos derechos legales para rescindir el contrato con la SAT, Compañía del Agua de Tucumán, SAPEM con 90% de propiedad de la provincia, o sea, de todos nosotros. Como ya lo hizo el gobierno de Antonio Bussi en 1996, cancelando unilateralmente el contrato con la Compañía francesa Vivendi, proveedora del servicio en aquel entonces, alegando que el agua había salido sucia de las cañerías por “más de 20 días” y con un aumento del 100% de la tarifa. Cabe destacar que dicha rescisión le generó una gran deuda -que supongo todavía estamos pagando- a la provincia con la Nación, quien le pagó al CIADI el monto reclamado por el fallo adverso en el Centro Internacional de Arreglo por Diferencias de Inversiones. En la actualidad la situación es comparable, o aún peor, porque ya llevamos más de un año recibiendo el fluido en malas condiciones, y pésimas en los últimos meses. Tenemos que adquirir, con alto costo para nuestros magros bolsillos, agua mineral para consumo y ahora nos llega la factura con una actualización acumulada de casi 300% en marzo de 2024. En cuanto a respuestas a nuestras cartas a la SAT, cero resultado. ¡Qué atrevimiento señores que gobiernan en representación del pueblo!, ¡Qué osadía y falta de consciencia! Exigimos respeto por el único soberano. ¿Tomaron en cuenta que los vientos empezaron a cambiar?
Ana Lía Toledo
Ayacucho 290
San Miguel de Tucumán
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