“Entiendo que corresponde sentar parámetros claros, a los fines de que las fuerzas policiales puedan hacer su trabajo en la forma que corresponde”, sostuvo la abogada penalista Agustina Recalde. “Eso no debe implicar el uso de un arma letal en cualquier circunstancia, que es algo que sucede. Los policías muchas veces no tienen bien en claro lo que significa el uso racional, por lo que indefectiblemente caen en lo que se conoce como ‘gatillo fácil’”, añadió.
“No comparto que haya una indefensión de los agentes y que prefieren no intervenir o disminuir su intervención en una situación delictiva. Muy por el contrario, lo hacen y de la manera que corresponde. Muchas veces suele pasar que un agente no sabe lo que está sucediendo y actúa como si fuera un conflicto delictivo”, se explayó Recalde.
Su colega Juan Pablo Bello sostuvo que es común escuchar de los ciudadanos que las calles están desprotegidas y de los efectivos que no se sienten apoyados para actuar. “¿El personal policial está preparado para que le otorguen esas facultades?”, preguntó el profesional. “Considero que el tema es muy amplio y debe tomarse con total seriedad. Se debería armar una mesa de debate con representantes de los tres poderes del Estado y la cúpula de la Policía”, sugirió.
“Considero que este proyecto denominado de uso racional de armas para la Policía, no se ajusta a las exigencias de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad”, sostuvo Melina Fioroni. “Para ello es indispensable capacitaciones exhaustivas en el uso apropiado de armas de fuego, así como también sobre el uso de herramientas no letales como las armas eléctricas de contacto y gas pimienta que también están mencionadas en el proyecto”, agregó.
La profesional agregó que las fuerzas policiales están obligadas a utilizar la fuerza mínima necesaria. “Se tienen que ajustar a las demandas de los tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional en nuestro país”, destacó Fioroni.
“Si lo que se pretende con este nuevo proyecto es frenar el delito o sus consecuencias creo que no es lo correcto. Me parece que lo único que va hacer esta iniciativa es aumentar la violencia”, definió el también penalista Nicolás Ruiz Belmonte. “Lo ideal sería trabajar aún más en la prevención del delito evitando que este ocurra. También considero que es imprescindible dotar a las fuerzas de seguridad de elementos para prevenir la inseguridad”, agregó.
Por su parte, José del Río indicó que el proyecto tiene varias cuestiones polémicas. “No sería razonable que un policía esté armado en la puerta de una escuela porque pone en riesgo la integridad de las personas. No todos los lugares y los momentos son los mismos”, indicó.
“Me parece que sí es cierto que a los efectivos se los puede ayudar a manejar ciertas situaciones, pero a eso se los hace con capacitación y entrenamiento y no con una ley que sólo puede generar polémicas”, añadió.
Patricio Char indicó: “el gran problema que tiene la clase política es que toma absolutamente todas sus decisiones para la tribuna. La materia seguridad que pasó a llamarse ‘lucha contra inseguridad’ no está exenta”. “El discurso de mano dura nace cuando la inseguridad tapa a los dirigentes y en realidad buscan tirar una gambeta para llevarse una ovación personal, en vez de buscar plantear una estrategia para ganar un partido. Este proyecto es eso”, sentenció.