La reforma electoral suma apoyos en la sociedad civil

La convocatoria del gobernador, Osvaldo Jaldo, para avanzar en una reforma del sistema electoral y en cambios a las normas de acceso a la información comenzaron a sumar adhesiones. Esta vez, la Mesa de Diálogo, que componen organizaciones de la sociedad civil, tomó con optimismo la decisión oficial. De la misma manera se expresaron Andhes y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

El viernes, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el mandatario provincial había anunciado su intención de modificar el actual sistema de votación. “Queremos sacar la mejor Ley Electoral que refleje el resultado de la voluntad popular en las elecciones del año 2027”, había dicho. “Quienes fuimos elegidos por la voluntad popular lo hemos sido por acople por lo que debemos buscar un sistema que refleje fielmente la voluntad popular de quienes votan”, clarificó Jaldo. “Como oficialista y peronista estamos presentando la iniciativa y vamos a trabajar pero es una tarea legislativa”, expresó. De la misma manera, adelantó que enviaría a la Cámara un proyecto de ley que garantice el acceso a la información pública.

Lineamientos

Tras la convocatoria, la Mesa de Diálogo recordó que la reforma electoral formó parte de los lineamientos del acuerdo firmado en junio y que los anuncios de Jaldo reflejan tres de los 10 puntos trabajados en conjunto.

“El acceso a la información pública, la reforma del sistema electoral y la austeridad en la gestión del Estado, son las políticas que el sector público, privado, académico, laboral y las organizaciones de la sociedad civil, consideraron fundamentales e irrenunciables para la patria, a semejanza de lo que hicieron hace más de 207 años los congresales en la Casa Histórica de Tucumán”, se remarcó en un comunicado.

Y agregaron: “Desde la Mesa de Diálogo quedamos a disposición para colaborar e impulsar un sistema participativo de opinión intersectorial, desde donde surjan propuestas representativas del sector público, privado y de las ONG’s que la integran. Es significativo destacar que la puesta en acción de esos tres ejes demuestra el impacto y la relevancia de los compromisos adquiridos en este acuerdo para abordar los desafíos sociales y políticos que enfrenta la provincia”. Otros de los puntos prioritarios incluidos en aquella acta son la lucha contra la pobreza y exclusión, la generación de trabajo digno para todos y el fortalecimiento de una educación inclusiva e integral.

Aquel compromiso se firmó el 6 de junio de 2023, en un acto que -según los organizadores- buscó promover “el bienestar colectivo y fortalecer la democracia”. Ese acuerdo fue suscrito por los obispos, candidatos a gobernador y vicegobernador de los principales partidos y 14 instituciones de la Mesa de Diálogo por Tucumán. “A través de ese pacto, se busca también sentar las bases para un desarrollo sostenible y para la consolidación de una sociedad basada en valores de solidaridad, inclusión y respeto mutuo”, coincidieron la Pastoral Social, Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), Universidad Tecnológico Nacional - Facultad Regional Tucumán, Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Sociedad Rural de Tucumán, Solidarios en Red, Confederación General del Trabajo Seccional Tucumán (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina Seccional Tucumán (CTA), Mesa Interreligiosa, Fundación León y Cluster Tecnológico Tucumán.

“Con independencia”

“El acceso a la información pública es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos y la vigencia del sistema democrático. Cuando se asegura que las personas accedan libremente a la información que está en manos del Estado, se generan las condiciones para potenciar la participación ciudadana y su influencia en los procesos de toma de decisiones”, añadieron, a su vez, Andhes y ACIJ.

Y pidieron a Jaldo que la “norma sea aplicable a todos los órganos del Estado, que imponga obligaciones claras sobre la información que el Estado debe publicar proactivamente, que prevea las excepciones respetando el principio de máxima divulgación, y que establezca una autoridad de aplicación independiente e idónea”.

ACIJ recordó que en diciembre presentaron al Gobierno tucumano una “Agenda para la Calidad Democrática”, con sugerencias en materia electoral, financiamiento político, transparencia, independencia de poderes y ética en la función pública.