Violencia de género: piden más políticas públicas para mejorar la prevención

Abogadas destacaron la necesidad de enfrentar el problema creando programas multidisciplinarios para frenar la violencia machista.

MARCHA. Las organizaciones volverán a marchar para ser escuchadas. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ MARCHA. Las organizaciones volverán a marchar para ser escuchadas. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ

“La violencia machista es estructural. La única manera de abordarla es enfrentarla en todas sus escalas, no solamente en la última. La batalla empieza desde la base hasta abarcar todas sus ramificaciones”, sostuvo la abogada penalista Agustina Lasquera.

“El problema es que es complicado pensar en erradicarla cuando tenemos un Estado que desconoce las desigualdades y brechas de género y busca desfinanciar las políticas de género. Los tres poderes del Estado son los responsables de buscar soluciones a esta problemática, no solo el Judicial. Hay que salir de la atracción que genera el sistema penal y criminal para exigir más políticas públicas eficaces”, sostuvo Lasquera.

Su colega Agustina Recalde agregó: “la política criminal debe prevenir este flagelo creando espacios interdisciplinarios que nos permitan conocer todos los motivos por los cuales una mujer llega a sufrir estos episodios de violencia de género. Hay que fomentar el apoyo, desde distintas perspectivas, y acompañar siempre desde la objetividad y la mirada libre de prejuicios”.

“Hay que crear agenda de políticas públicas porque, como dicen los grandes maestros, el ‘derecho penal llega tarde’. No hay dudas de que la tarea pendiente es la prevención”, sostuvo María Florencia Abdala.

Melina Fioroni profundizó ese concepto. “Hay que destinar recursos humanos y económicos para un abordaje desde los distintos ámbitos institucionales y educativos e incorporar programas desde edades tempranas”, señaló. “También se debe promover los servicios de apoyo y atención integral a las víctimas de violencia de género. Según las estadísticas, el 15% de los femicidios registrados, las víctimas habían denunciado a su agresor y, dentro de ese porcentaje, el 50% contaba con medidas de protección”, destacó.

Florencia Pachao Medina destacó que los recursos son insuficientes para llevar adelante verdaderas políticas públicas. “Se otorga un plan a las mujeres que sufren este flagelo. Pero no hay seguimiento de si el agresor sigue violentándola. Tampoco hay un control, ya que la gran mayoría de los casos hasta continúan viviendo bajo el mismo techo. Sin acompañamiento no se puede medir la magnitud del problema. Por eso el agresor simplemente las violenta cuando quiere”, explicó.

“No hay un real asesoramiento por parte del Estado para explicarles cuáles son los caminos que pueden recorrer”, comentó Pachao Medina. “Algunas aguantan porque expresan que sus hijos deben comer, sin saber que pueden recurrir a acciones civiles para cubrir las necesidades alimentarias de los pequeños”, destacó.

Según la profesional, deben tomarse las siguientes medidas: “constatar la efectividad de los recursos que se destinan, conseguir eficacia a la hora de plantear objetivos y ser eficiente a la hora de encontrar aristas de lo negativo cuando surjan contratiempos”.

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