El martes 5 de marzo un grupo de vecinos atacó a efectivos policiales que intervenían en un procedimiento en el barrio Castillo, ubicado en Yerba Buena.
Ayer el auxiliar Pablo D’Andrea, en representación de la Unidad Especializada de Delitos Flagrantes I del Ministerio Público Fiscal que encabeza Carlos Picón, describió el hecho y les formuló cargos a ocho vecinos (cuatro varones y cuatro mujeres) por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad en perjuicio de la administración pública.
Según la teoría del caso, el día de hecho a las 13, aproximadamente, efectivos policiales hacían un control de rutina cuando divisaron a tres de los imputados a bordo de una motocicleta de baja cilindrada por la calle Higueritas de Yerba Buena.
Los agentes solicitaron a los tripulantes los papeles el vehículo y los acusados se negaron a exhibir la documentación del rodado y comenzaron a agredir a los efectivos, quienes debieron pedir auxilio a la comisaría de Yerba Buena.
En un segundo momento, otros dos acusados exhibieron cuchillos (hechizos y tipo sierrita) con la intención de amedrentar a los policías, que recibieron piedras y otros elementos contundentes por parte de otros vecinos (aún no identificados). A continuación se sumaron mujeres tratando de interrumpir el accionar.
A raíz de esto, fueron aprehendidas ocho personas que fueron puestas a disposición del fiscal Picón y que quedaron ligadas a la causa.
“Es un hecho grave y una causa compleja. Vamos a solicitar medidas de menor intensidad por el plazo de tres meses para siete de ellos y una prisión preventiva por 14 días para un masculino quien ya posee una condena anterior, por lo que en su caso constituye un mayor riesgo procesal de fuga”, enunció en la audiencia D’Andrea.
Entre las evidencias, el representante del MPF señaló la existencia de material fotográfico y fílmico. “Hay videos que demuestran la agresión hacia los preventores donde se divisan piedras a los costados”, remarcó el investigador.
Finalmente, el juez hizo lugar a la formulación de cargos, no así al pedido de prisión preventiva, y dispuso para todos el cumplimiento de medidas de menor intensidad. Asimismo, el magistrado ordenó investigar las actuaciones policiales durante el procedimiento de aprehensión.