29 Marzo 2024
Al conocerse el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre los índices de pobreza, que da cuenta de que hay 12.300.481 personas bajo la línea de la pobreza y 869.821 hogares y 3.520.174 personas indigentes, lo cual da un 41,7% de habitantes afectados, volvió a escucharse la voz de la iglesia advirtiendo de la gravedad de la crisis y haciendo hincapié en la responsabilidad de la clase política. Se refiere tanto a quienes administran el gobierno como a la oposición en cuanto a la necesidad de resolver y atenuar los problemas del país. La Mesa de Diálogo y la Pastoral Social de la Arquidiócesis remarcaron la importancia de dar respuestas sólidas por medio de las políticas públicas.
Ya la iglesia había hecho oír su voz hace unos días, advirtiendo por las consecuencias que está teniendo el ajuste sobre el segmento más vulnerable de la sociedad, y remarcando que la inflación desbordada, el cierre de organismos vinculados a la asistencia y el cese de partidas de ayuda para merenderos y comedores está agravando la situación.
Sobre esto viene a conocerse ahora el informe del Indec sobre los índices de pobreza, que dan cuenta de las estadísticas conocidas sobre el segundo semestre de 2023, con un aumento de 2,2 puntos y que han tenido mayor incidencia en las regiones NEA y NOA. En el caso de nuestra provincia, se estima que alcanzó al 43,9% de la población urbana tucumana. Si sobre esto se tiene en cuenta que desde fin de año y en estos tres primeros meses del año se viene llevando a cabo un duro ajuste en busca de llegar al déficit cero, según lo expresado por el Gobierno nacional, la medición para mediados de 2024 ha de ser más dramática. Despidos, crisis de Pymes y achicamiento de empresas, cese de puestos en organismos como los que se están viendo en Anses, cambio de esquemas de funcionamiento del Estado y modificación de las estructuras asistenciales –como ha sido la remodelación del programa Potenciar Trabajo- ha dado lugar a las advertencias de la iglesia que, por cierto, ya estaba tratando el tema desde comienzos de año. Ahora la Mesa de Diálogo y la Pastoral Social advirtieron sobre el alza de los precios de la canasta familiar, el crecimiento de la inflación con el consecuente impacto en el costo de vida, la pérdida de valor del salario real, el deterioro de las jubilaciones, donde el sueldo es cada vez más pequeño y el costo diario es cada vez más grande, y la situación laboral cada vez más frágil de muchas personas.
En ese sentido, recordaron el Acta Compromiso asumida en junio del año pasado donde los candidatos a gobernador y vice se comprometieron a luchar contra la pobreza y la exclusión, a generar trabajo digno, dotar de ética y transparencia a la cosa pública, luchar contra la corrupción y la impunidad; fortalecer una educación inclusiva e integral; prevenir las adicciones y luchar contra el narcotráfico y la inseguridad; promover el acceso a la salud y al agua potable, cuidar el medio ambiente, cambiar el sistema electoral y fomentar la austeridad en la gestión del Estado.
En su documento celebraron que varias de las acciones encaradas y propuestas por las nuevas autoridades van en ese sentido, pero advirtieron que por ahora es muy poco en función de la magnitud de la crisis. Hay que tener estrategias frente a la emergencia que traen aparejada los cambios acelerados en la función del Estado y en luchar sobre todo contra el hambre en estas enormes y crecientes franjas de pobreza. Añadieron que en los compromisos ya asumidos, en las acciones y en las decisiones que se vayan a debatir y asumir en adelante, se debe tener presente los valores de la democracia, de la calidad institucional y de la participación responsable, y que se afiancen los caminos para hallar la salida de esta crisis.
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