Las sombras de Milei

No habían pasado más de cuatro horas del almuerzo en finca Las Costas, la residencia oficial del gobernador de Salta, cuando las luces del salón de conferencias del hotel Four Seasons en Buenos Aires se acomodaron a las exigencias del invitado. Casi a oscuras y sin lugar a los flashes de las cámaras, el presidente Javier Milei se presentó ante un auditorio repleto de empresarios y les descargó una ráfaga de ametralladora. El descargo duró casi una hora, pero la munición más efectiva fue la referida a la obra pública: dijo sentirse orgulloso de haberla eliminado y que cualquier argentino de bien debería celebrar esa decisión, porque allí radica gran parte de la corrupción entre el sector público y el privado.

Desconcertados, algunos de los gobernadores que habían participado de las reuniones y de la comida salteña con el ministro Guillermo Francos comenzaron a intercambiar mensajes. “¿Lo escucharon?”; “¿En qué quedamos?”; “¿A quién le creemos?”. Hasta el mediodía, la sensación con la que habían salido del encuentro regional era de optimismo. No sólo había estado allí Francos, sino también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo habían tomado, de hecho, como una muestra del interés real del Gobierno nacional por reencauzar el diálogo con las provincias. Sin embargo, la posterior verborragia inquisidora del jefe de Estado cambió por completo la percepción.

Entonces, de nuevo, afloraron las especulaciones y las obligadas consultas al titular de la cartera del Interior. Es que durante la mañana del martes, Francos y los gobernadores habían acordado constituir una comisión que integrarán funcionarios provinciales y nacionales con el objetivo de establecer prioridades de financiamiento para las obras que podrían reactivarse. Se habló incluso de priorizar aquellas que tengan más de un 70% de avance real, en particular en materia de saneamiento (agua potable y cloacas) y seguridad.

Ante la emergencia de que se cayera lo poco que había logrado tejer en tierra salteña, Francos debió nuevamente reforzar lo charlado con los mandatarios y transmitirles calma. Con ese propósito les habría sugerido, encarecidamente, que no presten atención a la recurrente diatriba presidencial y que tampoco lo hicieran personal. Hasta ese momento, nunca había quedado tan expuesta la contradicción entre el discurso de barricada del Presidente y las negociaciones con “la casta” que inevitablemente debe llevar adelante para apuntalar su gestión. Es que el combustible que a Milei le permite sostenerse entre los aplausos del público es el que a la vez le incendia los puentes que necesita cruzar para obtener la aprobación de leyes en el Congreso.

Las llaves y las cerraduras

El encuentro en Salta sirvió para corroborar que la estrategia de la Casa Rosada es negociar por bloque regional con los mandatarios. Con esa finalidad, a Francos lo acompañó el secretario de Hacienda. Mientras en el encuentro el ministro lanzó los lineamientos políticos de un eventual acuerdo, Guberman mostró –pero no entregó- una planilla con números y estimaciones de fondos para cada una de las 10 provincias del Norte Grande.

Lo que el gobierno libertario plantea a las provincias es la reversión del Impuesto a las Ganancias (ahora como Bienes Personales), además de un blanqueo de capitales y de una moratoria. En el primer caso, se trata de la discusión que no reúne consenso ni siquiera entre los mandatarios: los de la Patagonia se oponen, los del centro –como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba- piden que el piso desde el cual se tribute sea más alto y los del NOA y NEA apoyan con las dos manos. En los casos del Régimen de Regularización de Activos y del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, la propuesta oficial es quitarlos de la Ley Ómnibus (estaban en el texto que se analizó sin éxito en Diputados), enviarlos como otros proyectos de ley y hacerlos coparticipables a las provincias.

A cambio, lógicamente, la Rosada pide que no caiga el megadecreto que desreguló la economía y que se apruebe la ahora llamada Ley Bases (la conocida Ómnibus, con menos artículos). Por eso fue clave la presencia de Guberman en Salta: para seducir a los gobernadores con los números de lo que podrían volver a recibir en caso de que se aprueben las reformas tributarias. Las proyecciones que algunos ojos indiscretos pudieron captar de las anotaciones del secretario de Hacienda indican que, en 2024, a Tucumán podrían ingresarle alrededor de $ 150.000 millones. Para dimensionar, ese número le permitiría equiparar y hasta superar en términos nominales la pérdida por Ganancias ($ 100.000 millones), por el Fondo de Incentivo Docente ($ 8.000 millones) y por el Fondo Compensador del Transporte ($ 12.000 millones).

Por supuesto, Tucumán no es el escollo que deben superar los libertarios. Osvaldo Jaldo ya dio muestras de que está dispuesto a acompañar las medidas que disponga la Nación y así lo ratificó en la reunión del martes. La relación con la Casa Rosada se mantiene sólida y hay expectativas de que en el corto plazo incluso se fortalezca con la refinanciación de la deuda que la gestión de Juan Manzur tomó mediante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial: un capital superior a los $ 30.000 millones que con intereses y actualización por CER asciende a más de $ 73.000 millones. Como contrapartida, los más “duros” siguen siendo aquellos que tienen una postura más ideologizada, como el riojano Ricardo Quintela, el formoseño Gildo Insfrán y el santiagueño Gerardo Morales.

Es decir, ni siquiera del Norte del país se llevó garantías el ministro Francos respecto de poder contar con los votos suficientes en el Congreso para la aprobación de las leyes clave. Más allá de las muestras de optimismo que expresaron los asistentes a la cumbre salteña, lo único concreto es que todos caminan a tientas. O a oscuras, como paradójicamente hizo ambientar el auditorio el presidente Milei en la tarde de ese martes ciclotímico.

Las peleas que pudieron ser

Que Jaldo haya partido en la siesta del lunes a Salta desactivó el primer cortocircuito en público que podrían haber protagonizado los integrantes de la actual fórmula de gobierno.

Ese día, tras la publicación de una entrevista con LA GACETA, el vicegobernador Miguel Acevedo comenzó a recibir las previsibles críticas opositoras, pero también los cuestionamientos surgidos en el primer piso de la Casa de Gobierno. “No creo que se dé fin a los acoples. Sí pienso que se puede limitar los acoples. Nadie quiere eso de tener una mesa interminable con fiscales, pero sería muy aventurado decir que se eliminan”, dijo el ex ministro del Interior a este diario.

Sus dichos, aunque sintetizan la idea que invade a la mayoría de los referentes del oficialismo, complicaron la estrategia del jaldismo respecto de cómo debe darse la reforma electoral, porque sirvieron para que los opositores se pusieran en guardia mucho antes de lo previsto. Mucho más después de que rematara la mini semana en LG Play, hablando de aquellos dirigentes que sólo buscan un cargo. Hay quienes cuentan que “El Comisario” se tomaba la cabeza y lanzaba algunos murmullos por lo inoportuna de la exposición del presidente de la Legislatura.

Aunque Argentina no sea Estados Unidos, el martes estaba predestinado a convertirse en un “supermartes”. Por eso otra pulseada que Jaldo dio desde Salta tuvo lugar en Italia y Viamonte, aquí en la capital tucumana. Allí, por la tarde, se reunieron los intendentes de San Miguel de Tucumán, de Tafí Viejo, de Las Talitas (fue el legislador Carlos Najar), de Yerba Buena, de Banda del Río Salí y de Alderetes. Todos integran el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y se reunieron para conocer a María Eugenia Andrade, ex subinterventora del Subsidio de Salud, a quien Rossana Chahla designó como presidenta del ente. También, para analizar la propuesta de presupuesto anual, que ronda los $ 13.000 millones. En ese debate se dieron nuevos indicios respecto de la puja subterránea entre el gobernador y la jefa municipal: el cálculo de gastos elaborado por la Capital no fue aprobado y tampoco se habilitó la posibilidad de votar y redefinir autoridades del Consorcio. En el jaldismo festejan porque aseguran que desactivaron una maniobra que le atribuyen a la intendenta para que por detrás de la capital, la vicepresidencia sea ejercida por Yerba Buena, que conduce el radical Pablo Macchiarola. El resto de los municipios opta por mantener la línea Capital, Banda del Río Salí y Las Talitas (Tesorería). Es decir, para que parte del poder y del control del Consorcio esté en manos de un hombre cercano al gobernador: el ministro del Interior Darío Monteros, a través del actual vicepresidente del ente, Oscar Rodrigo.

La disputa por la conducción y la administración del Consorcio no es menor: se trata de una caja millonaria y el antecedente de lo acontecido durante la gestión alfarista es elocuente. Miles de millones de pesos volcados para obras públicas que poca relación tenían con la gestión de los residuos. A tal punto hay preocupación de todos los involucrados en la administración del Consorcio que se barajan algunas ideas legislativas para modificar su funcionamiento y sus características. Indudablemente, esa pelea apenas está por comenzar.