Los dolores que nos quedan son la educación que desfinancian

El próximo martes, el Gobierno de Javier Milei enfrentará una protesta nacional que no es convocada por la CGT ni por un partido político. La manifestación es en defensa de la universidad pública y su primera convocatoria fue al Congreso de la Nación y, luego, a la Plaza de Mayo, en Ciudad de Buenos Aires. Pero no demoró en convertirse en una jornada federal de protesta: habrá una en cada ciudad que cuenta con una universidad pública. No es un reclamo de nicho: el Centro de Estudiantes de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) se sumarán a la marcha.

En Tucumán será de una jornada de ribetes históricos: el Consejo Superior de la UNT ha llamado a realizar un abrazo simbólico al Rectorado, a las 17.30. Es decir, docentes, alumnos y las propias autoridades repudiarán el desfinanciamiento de la educación superior. En simultáneo, Adiunt, otros gremios docentes y agrupaciones estudiantiles han convocado a una marcha de antorchas a la plaza Independencia, tras el acto en el Rectorado. Se descuenta que allí irá también la comunidad de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, luego de que a las 18 se realice un abrazo simbólico en torno del decanato, también convocado por las autoridades de esa casa.

La situación de las universidades públicas de la Argentina es crítica. Hoy padecen el nivel más bajo de financiación en 27 años. No hay Presupuesto 2024 para ellas, porque Milei resolvió prorrogar el presupuesto nacional del año pasado. En ese contexto, la actualización de las partidas es exigua. Según informa la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ejecución de partidas en el primer trimestre sufrió una reducción del 34% en comparación con los primeros tres meses de 2023. Con una inflación interanual que el mes pasado superó el 270%, la ACIJ da cuenta de que hay una caída del 72%, en términos reales, de la partida “Desarrollo de la Educación Superior”, que equivale a más del 90% del gasto total del Estado en el financiamiento de las 55 universidades públicas del país.

La UBA declaró la emergencia presupuestaria y anunció que le queda presupuesto para 47 días más de funcionamiento. Pero no sólo el segundo cuatrimestre es un interrogante: el presente es un albur. Ya el hospital de Clínicas de la UBA redujo el número de cirugías y está funcionando al 40%. El gasto en medicamentos era de $ 4.000 millones por cuatrimestre, pero los remedios que utilizan han experimentado una inflación del 1.000%. Eso sí, el presupuesto del hospital está congelado.

La ampliación de partidas por parte de la Nación representa una urgencia impostergable. Pero el Gobierno nacional no reacciona. Sus ejércitos de anónimos patoteros virtuales (ayer, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció públicamente que sufre el ataque de “trolls propios”) inundan las redes sociales con chicanas baratas, como pretender que la discusión debe pasar por arancelar la universidad pública para los extranjeros. En 2021, último año en que se publicó una estadística oficial al respecto, había 117.820 estudiantes de otros países en universidades argentinas, sobre un alumnado total de 2.730.754 personas. Es decir, son apenas el 4,3% de la matrícula. Para más datos, son sólo el 4% en las universidades públicas; y el 5,5% en las privadas.

Ciertamente, con el latiguillo del “No hay plata” tampoco alcanza. Lo que realmente parece no haber, a estas alturas, es un orden de prioridades medianamente racional en el poder político argentino. Los senadores (no todos, cabe aclarar) se acaban de triplicar sus ingresos, llevando a $ 4,5 millones las dietas. Para eso sí hay dinero. Para comprar aviones en el extranjero para las Fuerzas Armadas también hay plata en el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que definitivamente no hay es coherencia entre el liberalismo que se proclama y el conservadurismo rancio que se ejerce.

En la historia de la construcción de la Argentina como una democracia liberal, los liberales del proceso de organización nacional (comienza con el fin de la guerra civil y el inicio del imperio de la liberalísima Constitución) establecieron que la educación pública sería un pilote fundamental.

La escuela pública, primeramente, fue una fábrica de nacionalidad. Ahí adentro ingresaban los hijos de los inmigrantes y de los criollos. Y después de siete años de formación, salían argentinos. Chicos que conocían el idioma, la geografía, la historia y los símbolos de esta nación. Tan trascendental fue la escuela que la Carta Magna fija, en el artículo 5°, que las provincias deben cumplir con tres condiciones para no merecer una intervención federal: una de ellas es garantizar la primaria.

El siguiente jalón llega en el siglo XX, con la histórica Reforma Universitaria de 1918. Es un levantamiento estudiantil, en la Universidad de Córdoba, contra el conservadurismo dominante en las casas de estudios. Reclama instituciones abiertas, democráticas y de ingreso amplio. Es decir, el fin del elitismo. Es una revuelta liberal, hasta la médula misma de su proclamara. Dice su “Manifiesto Liminar”, para más datos: “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”.

Hipólito Yrigoyen atraviesa su primera presidencia, se hace eco de la demanda estudiantil, interviene la casa de estudios y da inicio a un proceso reformista que incorpora a los docentes al gobierno universitario. Luego, con más luchas mediante, también se sumará a los alumnos.

La universidad pública es la fábrica de la movilidad social. La mentada “clase media”, tan distintiva de este país, se debe a las instituciones de educación superior. Por supuesto que las universidades públicas no son perfectas. Deben ser controladas y auditadas todo lo que se deba. También es cierto que muchas veces el uso político de las instituciones las ha afectado. Por caso, los últimos grandes paros universitarios fueron durante el gobierno de Macri, cuando el poder adquisitivo de los salarios universitarios era largamente mayor al que provocó la inflación del cuarto gobierno kirchnerista. Pero no se puede esconder detrás de esos errores todo el valor que las universidades encarnan.

A menudo se usan los índices de “ingreso / egreso” para criticar la dinámica de las casas de estudios. Claro que son indicadores objetivos válidos para medir eficiencia, pero olvidan el enorme aporte al capital social que las casas de estudios encarnan. Si como muestra basta un botón, los cinco argentinos que ganaron un premio Nobel en la historia de este país se formaron en universidades públicas. Carlos Saavedra Lamas, que ganó el Nobel de la Paz en 1936, fue rector de la UBA.

Pero la universidad les cambia la vida a quienes completan sus estudios, y también a los que no logran terminar. Las relaciones que se forjan ahí dentro y los conocimientos que se adquieren no son fútiles para ellos ni para la sociedad. ¿Cuánto le aporta a una PYME un joven que, aunque debió dejar sus estudios, ingresa después de haber estudiado tres años en Ciencias Económicas? ¿Cuánto le aporta a la Policía un chico que buscará ahí su futuro, después de dos años en Derecho?

Dicen los reformistas del 18 que las universidades públicas amplias son parte de las libertades de las que esta nación no puede prescindir. No es de liberales, entonces, desfinanciar la educación superior. Ya debieran dejar de tomar el nombre de Juan Bautista Alberdi en vano.