La Municipalidad intenta cobrar casi 500.000 multas adeudadas

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad acumula unas 500.000 multas que no se pueden cobrar por la vía judicial por el alto costo de los bonos de justicia. Así lo planteó ante la Legislatura la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

La jefa municipal se reunió en la Legislatura con el vicegobernador, Miguel Acevedo, y con parlamentarios de diferentes bancadas para solicitarles la elaboración de un proyecto de ley que permita al municipio pleitear en mejores condiciones, debido a los altos costos que tienen los bonos de justicia.

Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón, y los legisladores Roberto Moreno, Roque Argañaraz, Carolina Vargas Aignasse, Francisco Serra, Sandra Figueroa, Rolando Alfaro, Alejandra Cejas, Mario Leito, Carlos Gallia y Leopoldo Rodríguez. Asimismo, autoridades de la municipalidad encabezada por el secretario de gobierno, Martín Viola, y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.

“En este caso puntual, tenemos 485.000 faltas en nuestro Tribunal que no llegan a la Justicia, porque muchas veces nos sale más caro pagar el bono que la multa misma. En ese contexto, hemos expuesto la posibilidad de que, desde la Legislatura, se genere un proyecto de ley que nos permita ejecutar esas multas a través de algo que nos salga mucho más barato”, expuso Chahla.

En la misma línea, señaló que esas faltas se deben cobrar porque priorizamos la seguridad ciudadana y buscamos generar responsabilidad y consciencia: “Es decir, todas las faltas que tienen que ver sobre todo con tránsito, tienen por detrás el cuidado de la ciudadanía y de los vecinos. Y en ese contexto es que nosotros queremos judicializar esos casos que no se han cobrado, para que la gente cumpla con esa multa y asimismo concientizar desde el ejemplo sabiendo que si yo no pago tendré consecuencia”.

El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, precisó además que por ordenanza una infracción puede ser enviada a Fiscalía para su ejecución judicial cuando el valor de la multa supera el de cinco bonos de la Caja de Previsión y del Colegio de Abogados, lo que hoy suma alrededor de $ 165.000. Además, indicó que la intención de la reforma normativa apunta particularmente a los recursos de amparo o litigios que se interponen en el fuero contencioso administrativo, en donde el Estado sí debe pagar el bono de la caja previsional y del colegio profesional. Actualmente, la Municipalidad tiene más de 70 recursos de amparo iniciados a partir de las designaciones presuntamente irregularidades de personal realizadas durante la anterior gestión.

“La idea es generar que los ingresos de cobranzas sean retroalimentados dentro del municipio para continuar haciendo cosas para los vecinos, mejorando las plazas, los espacios verdes, generando mayores lugares para la gente. Es decir, que ese valor ejecutado vuelva a la gente y también sea una manera educativa y formativa de que eso no se pueda repetir”, amplió.

En tanto, el legislador Gallia señaló que desde la Legislatura se va a trabajar en un proyecto que permita abaratar los costos de litigio frente a las multas que deben ejecutar los municipios, facilitando así la tarea de los actuales intendentes. En el caso del Estado, provincial y municipal, no se deben pagar bonos ni tasas en el Juzgado de Cobros y Apremios, que es donde se tramitan las ejecuciones.