Por Gustavo Rodríguez
10 Mayo 2024
OTRA MALA NOTICIA. José Florentín Bobabilla, Abiel Osorio y Braian Cufré ya cumplieron 50 días de arresto domiciliario y les quedan otros 40. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO (ARCHIVO)
Algunos fallos sirven para entender el desarrollo de una causa. Eso es lo que sucedió ayer en el llamado Caso Vélez, en el que se investiga la denuncia por abuso sexual realizada por una joven en contra de cuatro futbolistas. Una jueza no sólo negó la libertad a tres acusados, sino que además habría dejado en claro que todas las evidencias recolectadas hasta el momento terminaron fortaleciendo la versión dada a conocer por la víctima. Los defensores de los imputados anunciaron que impugnarán la resolución; procesalmente quedaron complicados.
Pese a que el debate fue secreto, como todas las audiencias que se realizaron por esta causa, LA GACETA pudo reconstruir en gran parte lo que ocurrió. María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de José Florentín Bobadilla, y José María Molina, Antoniella Bataglia y Ernesto García Biagosch, representantes de Abiel Osorio y de Braian Cufré, apostaron a pleno que después de haber cumplido 50 días de arresto domiciliario, recuperaran la libertad e inclusive hasta anunciaron que hasta estaban dispuestos a permanecer en Tucumán durante el proceso. Habrían fundamentado su pedido con estos argumentos:
- Consideraron que ya no había motivos para que continúen privados de su libertad porque se habían desarrollado la mayoría de las pericias o estaban en trámite otras, como las genéticas.
- Destacaron que una de las razones por las que se les otorgó el arresto domiciliario fue porque debían ser entrevistados los jugadores de Vélez, medida que ya se había realizado.
- Señalaron que con el examen toxicológico, las imágenes del video en las que aparece la denunciante abandonando la habitación del hotel y la entrevista del chofer de Uber que la trasladó hasta su casa, se desacreditaba su versión.
- Indicaron que con algunas conductas de la joven y de una de las testigos de la causa, la querella es la que está entorpeciendo la investigación.
Los acusadores
El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, siguiendo las instrucciones de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, rechazó el planteo afirmando que la investigación estaba en pleno desarrollo y que aún existían riesgos procesales.
Fueron los querellantes Patricia Neme y Patricio Char los que dispararon munición gruesa en contra de las pretensiones de los defensores. Según confiaron fuentes judiciales, cuestionaron duramente la falta de perspectiva de género de los defensores y de los funcionarios que, entre otras cosas, quedaron en evidencia cuando se pretendió obligar a la víctima a que entregara el celular. “Revictimizar” fue una de las palabras que más habrían utilizado los defensores, al igual que remarcar una y otra vez en considerar como costumbre misógina de no creer en la palabra de una mujer.
De acuerdo a la información que pudo reunir LA GACETA, los representantes legales de la joven denunciante también señalaron que no correspondía otorgarles la libertad porque aún quedaban realizar las pericias genéticas que, según su criterio, serán fundamentales para esclarecer el caso.
Los futbolistas, según trascendió, prefirieron no declarar. Sí lo hizo la víctima. Su alocución giró en torno a dos puntos. “Está claramente demostrado que las manchas de sangre encontradas en la habitación comprueba lo que denuncié”, explicó la joven, que cuestionó duramente a los defensores que desacreditan su denuncia.
También mostró su férrea oposición a que fueran liberados. “Tucumán es muy chico y no hay muchos lugares donde hacer cosas. Seguramente que tarde o temprano nos vamos a cruzar y no sé qué vamos a hacer. Si los sueltan, el daño que recibiré será terrible”, habría explicado en la audiencia.
La jueza Eliana Gómez Moreira, después de haber escuchado a las partes durante más de dos horas, tardó media hora para dar a conocer su decisión. Rechazó el pedido de los defensores al considerar que por todo lo expuesto durante la audiencia no hicieron otra cosa más que fortalecer la denuncia realizada por la víctima y ratificada en la entrevista en Cámara Gesell.
Los fundamentos de la sentencia, como ocurrió en todas las audiencias que se realizaron hasta el momento, se mantuvieron en secreto. Surgieron algunos indicios (se informa por separado), pero todo indicaría que la magistrada entendió que los planteos realizados por los defensores deben ser analizados en un eventual juicio y no en esta instancia.
Impugnación: los argumentos que utilizaron los defensores para cuestionar el fallo
Después de escuchar la resolución, tal como lo indican las normas, los defensores argumentaron por qué decidieron impugnar la resolución. LA GACETA pudo establecer que los profesionales afirmaron que la jueza se extralimitó en sus funciones al realizar valoraciones de evidencias, violentando la imparcialidad que debe tener un magistrado. También aseguraron que resolvió cuestiones que no fueron traídas por las partes en audiencia. De acuerdo a la información que trascendió, Camilo Atim y José María Molina también señalaron la falta de fundamentación de la magistrada por cuanto prácticamente instó a los jugadores a comprar una casa y vivir en Tucumán por considerar insuficiente el domicilio constituido y conocido en el que actualmente cumplen con el arresto domiciliario. Los querellantes Patricia Neme y Patricio Char cuestionaron los planteos al señalar que sus colegas solo demostraron estar disconformes por la resolución, ya que no esgrimieron ningún argumento sólido.
Los puntos más polémicos
La jueza dijo que la sangre humana encontrada en la habitación corrobora la versión de la joven. Las defensas dicen que aún no se confirmó de quién es.
La magistrada sigue considerando que el arraigo de los futbolistas es débil, pese a que sus representantes dijeron que se quedarían en Tucumán.
Los defensores dijeron que el chofer de Uber que llevó a la denunciante dijo que estaba bien. La jueza señaló que ese punto debe ser analizado en un juicio.
Para los defensores, el caso generó un grave perjuicio a los acusados. La jueza dijo que al haberse quedado sin trabajo, aumentaban los riesgos procesales.
La querella logró que no se tuviera en cuenta la conducta desplegada por la testigo clave, como pretendían los representantes de los acusados.
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