Un prestamista retenía tarjetas del Potenciar Trabajo de sus clientes para cobrarles

La Justicia procesó a un prestamista que se aprovechaba de personas de bajos recursos económicos aplicando cuotas con desproporcionados intereses y que utilizaba las tarjetas de débito de los damnificados, otorgadas para el cobro del plan Potenciar Trabajo, para recaudar el dinero prestado y sus excesivos intereses. El prestamista fue condenado a tres años de prisión condicional, mientras que sus dos ayudantes recibieron la pena de un año de condicional.

El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I que conduce Mariano Fernández. Esta red de cobros salió a la luz a comienzos de mayo, luego de que personal policial detuviera a Carlos Amado Zabaleta (23 años) y a Brian Federico Velázquez (21) mientras circulaban por barrio Norte con 23 tarjetas de débito, 27 comprobantes de extracción de dinero y $374.000 en efectivo.

Al ser interrogados, Zabaleta y Velázquez explicaron que trabajaban para un hombre llamado Dante Ariel Medina (56), quien sería un reconocido prestamista de la ciudad de Alderetes. Los jóvenes explicaron que su función consistía en recibir las tarjetas de débito de los “clientes” de Medina y extraer el dinero de distintos cajeros automáticos.

El pasado 8 de mayo el Ministerio Público Fiscal imputó a Zabaleta y a Velázquez por considerarlos partícipes necesarios del delito de usura y fueron sometidos a nueve días de prisión preventiva para resguardar el proceso mientras la Fiscalía investigaba a Medina.

Modus operandi

El auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao informó durante una audiencia realizada ayer que el Banco Nación confirmó que las tarjetas de débito secuestradas pertenecían a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, quienes percibían una cuota mensual de $78.000.

Además detalló cómo se desempeñaba Medina al ofrecer y cobrar sus préstamos. El usurero “aprovechando la necesidad económica, la inexperiencia y la ligereza de las víctimas, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad y adultos mayores, se dedicó a prestar dinero, percibiendo intereses desproporcionados”, sostuvo el representante del MPF. Una vez que prestaba el dinero, Medina retenía las tarjetas de débito de las víctimas, luego Zabaleta y Velázquez se dirigían con las mismas a cajeros automáticos para extraer el pago mensual del beneficio social, Medina se quedaba con un porcentaje de ese dinero para recuperar el monto prestado y cobrar los altos intereses. Finalmente les entregaba a sus “clientes” el dinero restante junto con un cartón con la fecha y la cuota abonada.

Los investigadores reconstruyeron el modus operandi empleado por Medina gracias a los testimonios brindados por algunos de los damnificados. En uno de los casos, la víctima contó que en marzo de 2024 Medina le entregó $40.000 y esta debía entregarle su tarjeta de débito del plan Potenciar Trabajo para que él extrajera $20.000 por mes hasta completar las cinco cuotas en las que había financiado el préstamo. Otra víctima contó que Medina le entregó en marzo de 2022 $60.000 que deberían ser pagados en cuatro cuotas de $37.500 y dijo que también tuvo que entregar la tarjeta de su plan. Bilbao además mencionó el caso de una mujer que estuvo endeudada con el prestamista durante nueve años. “Él saca la plata, se cobra lo del préstamo y me da el vuelto todos los meses, será de $10.000 o $20.000. Hace nueve años que nos mantenemos con el vuelto”, citó el investigador.

Bilbao acusó a Medina de ser autor del delito de usura agravado por habitualidad, ocurrido en dos oportunidades y reformuló los cargos en contra de Zabaleta y Velázquez, acusándolos de ser partícipes secundarios. Los tres imputados, acompañados por su abogado Manuel Costa, asumieron la responsabilidad de sus hechos.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, aceptado por el juez Eduardo Martín Gonzalez, Medina fue condenado a tres años de prisión condicional y al sometimiento de reglas de conducta. Zabaleta y Velázquez fueron sentenciados a un año de condicional y deberán cumplir reglas de conducta por dos años.