16 Mayo 2024
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En apenas cinco meses de gestión del nuevo gobierno, la CGT convocó a dos paros generales. El principal argumento para justificar esta intensidad de la protesta es el profundo deterioro del salario real. La central obrera plantea y presiona al Congreso para que no avance en la sanción de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, indica el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El proyecto, tal como fue sancionado en Diputados, contiene una serie de cambios en materia impositiva, laboral, previsional, administrativa, regulatoria y un régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI). El capítulo más cercano a los intereses de la CGT es el referido a la legislación laboral.
En relación al deterioro de los salarios reales, el instituto considera pertinente analizar el fenómeno en una perspectiva temporal más amplia. Según datos de salarios de la Secretaría de Trabajo de la Nación y corregidos por la inflación del Indec se observa que:
• Entre enero de 2018 y marzo pasado, el salario real registrado privado cayó un 25%.
• Entre enero de 2018 y noviembre de 2023, la caída fue de 17 puntos porcentuales.
• Entre noviembre de 2023 y marzo, cayó los restantes 8 puntos porcentuales.
Según Idesa, estos datos muestran que los trabajadores formales representados por la CGT han perdido en los últimos seis años un cuarto de sus ingresos. “Es más que fundada la queja, pero las evidencias también muestran que el deterioro viene de larga data”, explica el reporte.
Para promover una recuperación sostenida del salario real, según el organismo, es imprescindible generar un contexto favorable para el aumento de la productividad. En el proceso de transformación económica del país, Idesa pone como ejemplo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla tratamientos impositivos, aduaneros, cambiarios y regulatorios especiales para proyectos de inversión que superen los U$S 200 millones y cumplan con determinados requisitos. El RIGI es cuestionado por generar privilegios respecto de las inversiones. En ese sentido, sugiere compatibilizar los incentivos a los grandes proyectos con el resto de los sectores productivos. Por ejemplo, estableciendo para las PyME un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales y el desenganche de los convenios colectivos sectoriales que están ultra-activos (vencidos, pero vigentes) y no se actualizan desde las décadas de 1970 y 1980. Así, los grandes proyectos de inversión en petróleo, gas y minería tendrán impactos sociales positivos por el derrame que generarán a través de las PyME.
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