El sello de un sicario es clave en cuatro crímenes registrados en Tucumán y en Salta

La marca o el sello de un sicario puede ser clave para esclarecer dos doble crímenes, registrados en nuestra provincia y en Salta en poco más de tres años. Homicidios que dejaron al descubierto lo peor del mundo narco y su conexión con la política. Muertes que obligaron a los investigadores a recordar casos, analizar situaciones y unir cabos; labor que, en definitiva, siempre termina siendo la manera de resolver los casos más complejos.

En marzo de 2021, un joven ingresó a su casa de la localidad Domingo Melián, en Alberdi. Encontró a su padre Víctor Hugo Brito (58 años) sin vida. Desconocidos lo habían ejecutado de un disparo en la nuca. Los peritos confirmaron que antes de asesinarlo había sido torturado. Le quebraron varios huesos del rostro y un brazo a golpes. El espanto aumentó cuando descubrieron que a Gonzalo Brito (18), hijo de la víctima, lo habían matado de la misma manera, pero a su cuerpo lo quemaron en el interior de su vehículo. Los familiares señalaron que las muertes tendrían que ver con la actividad que realizaban: eran reconocidos prestamistas del sur de la provincia. Los pesquisas, dirigidos por el fiscal Miguel Varela, siempre creyeron que se trataba de un crimen narco.

El 10 de mayo, a la vera de la ruta 34 en la localidad salteña de Colonia Santa Rosa, automovilistas descubrieron los cuerpos de los ciudadanos bolivianos Wilson Abdala Zutara (43) y Ariel Ledezma Salinas (43). Según el informe de la autopsia, los asesinos, después de atarles las manos con precintos, les dispararon varias veces en el cuerpo y los ejecutaron con disparos en la nuca. Los autores cometieron burdos errores que posibilitaron su detención en menos de 10 días. Primero cayó Roberto Larrán (35), oriundo de Orán, después el ex candidato a intendente de Alberdi por Libres del Sur Elvio Augusto Díaz (43) y por último, terminó entregándose a las autoridades Carlos “Kokoz” Rodríguez (44), empleado del municipio de esa ciudad.

Coincidencias

Para poder actuar en nuestra provincia, la fiscala de Orán María Soledad Filtrin Cuezzo pidió colaboración a la Policía y al Ministerio Público. Varela decidió intervenir al entender que existían algunas coincidencias entre ambos crímenes. Entre ellas:

- La manera en que fueron asesinadas las cuatro personas.

- Las víctimas habrían estado vinculadas a préstamos de dinero de manera informal, sistema con el que podrían haber financiado embarques de drogas o lavado el dinero proveniente de la comercialización de sustancias.

- Abdala Zutara tenía un documento nacional con un domicilio falso en la capital tucumana.

El fiscal Varela tiene un indicio que puede terminar probando todas estas sospechas. Por el crimen de los Brito, los peritos lograron recuperar el proyectil que acabó con la vida de uno de ellos. Esa bala tenía un dibujo que, según los especialistas, no había sido producida por el cañón, sino que podría ser una marca realizada por el dueño de la pistola 9 milímetros, la misma arma con la que asesinaron a los bolivianos. “Sería una especie de firma o de sello”, dijo el investigador, que ya intercambió información con la fiscala salteña.

Relaciones

Alberdi es una ciudad chica y todos se conocen. Luego de la detención de los dos sospechosos, las miradas se dirigieron hacia el municipio. Rodríguez era empleado municipal y trabajaba con el secretario de Hacienda José Roldán. Como lo informó su defensor, Matías Arce, por la tarde Rodríguez desarrollaba tareas en una imprenta, que en un principio se pensó que era de Roldán, pero LA GACETA confirmó que está a nombre de su hija. Sin embargo, los allegados a Roldán, quien maneja los números del municipio del sur de la provincia, desmintieron que el sospechoso del doble homicidio registrado en Salta trabajara en ese negocio.

“Insisto en que ni mi funcionario, ni yo, teníamos la obligación de saber de las actividades privadas del empleado. Nadie sospechó semejante posible vinculación con una actividad que denostamos todos, como la del narcotráfico”, manifestó el intendente de Alberdi Luis “Pato” Campos.

El legislador José Cano realizó dos denuncias en la Justicia Federal, al sospechar que Roldán podría estar vinculado al tráfico de drogas. Se abrieron expedientes, pero terminaron archivándose por falta de pruebas. “Ahora más que nunca voy a insistir en que se investigue. Haré el planteo correspondiente ante la Comisión de Seguridad. Ya no podemos seguir mirando para otro lado”, indicó.

“Lo ocurrido nos tomó por sorpresa y nos dio un verdadero dolor de cabeza. Y más por la ola de rumores que se generaron en la comunidad. Se dicen muchas cosas con el afán de ensuciarnos. Lo cierto y concreto va a surgir de la Justicia. Y en ese sentido vamos a brindar toda la colaboración posible que dispongamos”, aseguró Campos.

Más vínculos

Díaz, hasta hace unos días, era la pieza que no encajaba en el caso. El procurador era muy conocido en Alberdi y no sólo por sus apetencias políticas, sino porque era jugador, entrenador y dirigente del club de rugby La Querencia. Además, realizaba tareas sociales atendiendo comedores y merenderos. Nadie se imaginó que terminaría involucrado en un caso como este.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso era una de las personas que visitaba con frecuencia en el penal de Concepción a Roque “El Colorado” Carrazan, condenado el miércoles pasado a ocho años y 10 meses de prisión por ser el líder de una organización que se dedicaba a la venta de drogas en Las Termas de Río Hondo, en varias ciudades del sur tucumano y hasta en Catamarca.

Carrazan fue detenido en octubre de 2021 luego de una larga investigación realizada por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Fue arrestado en una casa en la que debía cumplir el arresto domiciliario que le había otorgado la Justicia de Santiago del Estero después de haber sido procesado por robo y comercialización de sustancias en Las Termas.

Le concedieron el beneficio porque él estaba a cargo de cuatro hijos menores de edad. En la pesquisa que desarrolló la Policía tucumana se probó que utilizaba a una hija de 15 años para trasladar los estupefacientes que vendía.

A los pesquisas también les llamó la atención el lugar donde se encontraba el centro de operaciones de “El Colorado”. Estaba al frente de la vivienda de la por ese entonces intendenta de Alberdi Sandra Figueroa, actual esposa del ahora titular del PE municipal. “Tengo entendido que esa casa fue alquilada hace alrededor de un año por unas personas que al parecer vinieron de otra provincia”, dijo la funcionaria en una entrevista que le concedió a LA GACETA en esos días.

Carrazan, que también es conocido en esa ciudad como “El Sicario” estuvo en la mira del fiscal Varela en la investigación por el doble crimen de los Brito. Los investigadores de drogas descubrieron dos detalles cuando tenían intervenidos los celulares, datos que cobraron vital importancia en estos días.

El primero, que en varias oportunidades amenazaba a sus interlocutores diciéndoles “te va a pasar lo mismo que a los Brito” o “sabés cómo terminaron los Brito”. Con la autorización del ex juez federal Fernando Poviña, los pesquisas presentaron esa información a Varela. El fiscal lo tomó como un indicio, pero no pudo avanzar mucho.

El segundo detalle es que Díaz aparecía como un posible socio en algunas compras que realizaban a un proveedor de la ciudad jujeña de Ledesma. Esa localidad también aparece en la investigación del doble crimen de los bolivianos. Según consta en el expediente, el procurador abandonó ahí el vehículo de las víctimas y de allí lo pasó a buscar Rodríguez para regresar a Tucumán el 10 de mayo.

Cambios

La detención de los sospechosos generó cambios en Alberdi. Julio, un joven consumidor, no ocultó su malestar por el revuelo que generó el caso. Según le dijo a LA GACETA, los transas se escondieron y ahora tiene que viajar hasta Aguilares para comprar cocaína.

Los vecinos también comenzaron a mirar con desconfianza hacia el municipio. Las denuncias públicas y por redes sociales realizadas hace menos de un año, en plenos tiempos electorales, comenzaron a tomar importancia. En una de ellas aparece un empleado y un funcionario del municipio de Alberdi con Carrazan (estaba detenido por la causa de droga) y William Roger Doldan, condenado a perpetua por el crimen de Cecilia Brito. Según pudo establecer LA GACETA, la fotografía fue tomada en el aula de clases que tiene el penal de Concepción.

Díaz dejó de ser el hombre emprendedor y voluntarioso como se lo conocía. Ahora, según contaron sus custodios, llora desconsoladamente en el calabozo en el que se encuentra. Su abogada en Salta pidió que se extremen los cuidados. Teme que alguien acabe con su vida, ante la posibilidad de que decida contar todo lo que sabe y sus contactos en el sur de la provincia.

Caso Brito: Doldan pasó de colaborador de la policía a ser condenado a prisión perpetua

A Cecilia Brito la raptaron en La Cocha cuando regresaba a su casa después de haber ido a bailar, allá por junio de 2011. La llevaron a una casa donde abusaron de ella y la golpearon hasta suponer que estaba muerta. Cuando descubrieron que aún vivía, decidieron rematarla a golpes y asfixiándola con pasto que le colocaron en las vías respiratorias.

Por una investigación realizada por el comisario Mauricio Pineda, polémico funcionario que afrontó procesos por homicidios, apremios ilegales, lesiones y robo de cables del alumbrado público, fue detenida la ex pareja de la víctima, Diego “Chaveta” Ledesma. Estuvo tres meses en un calabozo hasta que se demostró que él no había participado en el hecho.

El ex fiscal Edgardo Sánchez (hoy juez) y el ahora fiscal Miguel Varela (en esos días ayudante fiscal) decidieron “reiniciar” la pesquisa “a la vieja escuela”. Convocaron al comisario Pedro Gómez y comenzaron a entrevistar a vecinos, parientes y amigos de la víctima. Establecieron que en el crimen podría estar involucrado William Roger Roldán, sospechado de dirigir una red de narcomenudeo en la zona de La Cocha, y Luis Aguilar, joven con problemas de adicción. El primero, según se confirmó luego, había sido el principal informante de Pineda y de los familiares de la joven, que acusaron a Ledesma primero y después al hijo de un funcionario del sur tucumano.

Los representantes del Ministerio Público tenían la teoría, pero les faltaba probarla. Un juez autorizó la detención de los nuevos sospechosos y de otras personas que podrían haber estado la noche en la que se produjo el crimen. Uno de ellos fue Braian Burela, que terminó quebrándose el mismo día en el que fue arrestado. Él contó cómo habían sido los hechos y aportó datos para comprometer procesalmente a los señalados.

El fiscal Sánchez tenía una carta escondida: en el cuerpo de la víctima se había hallado material genético suficiente para hacer una pericia. Fueron más de 30 las pericias que se hicieron, pero ninguna fue positiva. Los acusadores estaban convencidos de que alguien podría haber manipulado la cadena de custodia de las muestras que se habían tomado. Esa sospecha cobró más fuerza cuando uno de los genetistas más respetados del país determinó al analizar el linaje del semen encontrado en el cuerpo de la víctima que era anglosajón con ascendencia australiana. Doldan tenía sus orígenes en Irlanda. El juicio por el caso comenzó en marzo de 2016 y, pese a todas las dudas, los señalados terminaron siendo condenados a prisión perpetua.