Mortandad de peces: se encendieron todas las alarmas ambientales

Las redes sociales fueron el canal de difusión de dos desastres ambientales. Centenares de pescadores cuestionaron duramente los resultados de un concurso de esta actividad. Otro aficionado transmitió casi en vivo una mortandad de peces en un río del este tucumano. Ambas situaciones se registraron en una semana y dejaron encendidas varias alarmas.

La “Mesa de Pescadores” es un grupo integrado por funcionarios del área de Producción del Poder Ejecutivo, especialistas de la Dirección de Flora y Fauna, comerciantes y operadores turísticos ligados a la actividad, clubes de pesca y agrupaciones de deportistas. Se creó hace un año con el fin de elaborar políticas para sostener este deporte. Ese fue el ámbito en el que se discutieron los resultados de un concurso interprovincial de pesca que se realizó en El Cadillal, en el que triunfó un equipo de tres integrantes con más de 1.000 capturas. La primera conclusión a la que arribaron es que fue una situación excepcional y coincidieron en señalar que deberían tomarse medidas para que esta situación no volviera a repetirse. Preventivamente, decidieron proteger la zona donde se realizó la competencia y suspender provisoriamente los concursos.

Todas las partes acordaron modificar el sistema de competencia para que no se registraran nuevos casos como el de El Cadillal. Los cinco puntos más importantes fueron:

1) Limitar el número de extracción en los concursos. Ya no será ilimitada, sino con un promedio de 30 ejemplares por participante (el mismo cupo que tiene cualquier persona). Es decir, si la prueba cuenta con 100 competidores, no podrán capturar más de 3.000 unidades.

2) Redujeron el tiempo de duración de la prueba de cuatro a tres horas.

3) Utilizarán anzuelos más grandes.

4) Acordaron incrementar 10 veces el valor de los permisos para las pruebas. Ese dinero será utilizado para mantener la población de pejerreyes en toda la provincia, especie introducida y renovable.

5) Las autoridades de Flora y Fauna, acompañadas por la Policía Lacustre, tendrán la obligación de fiscalizar los concursos.

Un golpe

Por primera vez en la historia de la pesca deportiva de la provincia todos los interesados, en apenas nueve días, acordaron elaborar un plan que tiene un objetivo: preservar los recursos naturales. Pero no hubo mucho tiempo para celebrar. El mismo día que firmaron el acta salió a la luz la mortandad de peces registrada en el río Muerto, en la zona de “La bahía de los Brito”, en el este tucumano.

Mientras los responsables de la Secretaría de Medio Ambiente preparaban un operativo para investigar el caso, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Lionel Suárez, dirigía a los especialistas que realizaron esa tarea. A dos días de haberse producido el desastre ambiental, con las pruebas del nivel de oxígeno tomadas, determinaron que no había sido producida por una cuestión natural, sino por contaminación. Aunque aún queda por determinar quién fue el responsable de arrojar los desechos tóxicos, el ombudsman y el fiscal de Estado de la vecina provincia presentaron una denuncia penal, tal como lo hicieron en noviembre del año pasado.

Hipótesis hay muchas, pero las sospechas apuntan una vez más a la industria azucarera. Una línea de investigación que se analiza es la posibilidad de que obreros arrojaron desechos a un canal en medio de una discusión salarial. Los sindicalistas sostienen que esa teoría no sólo es descabellada, sino mal intencionada, ya que busca demonizar al movimiento obrero que después de mucho tiempo paralizó la producción en la provincia. Otra teoría indica que en un ingenio, aprovechando el parate de una planta por la huelga, decidieron limpiar las máquinas sin medir las consecuencias. Los industriales optaron por no dar declaraciones hasta tanto se sepa qué sucedió. Sin embargo, no ocultaron su malestar por ser siempre señalados como los responsables de una contaminación.

En silencio

El secretario de la Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, decidieron mantener un prudencial silencio hasta tanto se conozcan los resultados de los estudios que hicieron los especialistas de la Fundación Lillo. El fiscal federal Gustavo Gómez sí habló y actuó. “Me siento en la obligación de hacerles saber a los dueños de los ingenios azucareros que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito”, señaló al fundamentar su decisión de abrir una causa de oficio por la mortandad de peces. Su iniciativa se sumó a la de una ciudadana que le pidió al fiscal federal Carlos Brito que investigara el caso.

La manera en la que actuaron tucumanos y santiagueños alimentó aún más la polémica. Cuentan en Casa de Gobierno que fue cuestionada la intervención que tuvo Montalbán en el caso. Legisladores pusieron el grito en el cielo y dispararon todo tipo de críticas contra el funcionario, que fue nombrado en tiempos del “alperovichismo”, mantenido en el “manzurismo” y sobreviviente en el “jaldismo”. Esta es la segunda mortandad de peces que se registra en menos de siete meses y el funcionario no realizó ninguna denuncia penal para que se investigara ambos desastres ambientales.

Los santiagueños sostienen que esto no es nuevo. Argumentan que se trataría de una estrategia que se mantiene desde hace 16 años y que está fundamentada por una sola razón. Pedir la apertura de un expediente sería un reconocimiento de que están fallando los controles que debería realizar la Secretaría de Medio Ambiente. Con esta aparente negligencia, Tucumán estaría incumpliendo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2011 exigía tomar una serie de medidas para frenar la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. La misma idea tienen los legisladores que no obtuvieron respuestas al solicitar informes sobre la mortandad de peces del año pasado y cuáles fueron las medidas que tomó Montalbán para frenar la polución (provocada por la quema de cañaverales y pastizales) y por la proliferación de basurales a cielo abierto en toda la provincia, que también son delitos ambientales y que deberían ser investigados por la Justicia ordinaria.

Nadie sabe cuál será el futuro de Montalbán. Por lo pronto, Castro le habría quitado de sus manos la investigación del caso. El subsecretario de Medio Ambiente sería uno de los integrantes de la comisión que viajará hoy a la vecina provincia para mantener una reunión con sus pares. El encuentro, no sólo serviría para intentar bajar la polémica que desató este nuevo desastre ambiental, sino para tratar de acordar políticas comunes que eviten una nueva mortandad de peces. Los funcionarios santiagueños están muy interesados en escuchar a los tucumanos. Saben que este será un año atípico en la industria azucarera y que habrá récord en la producción.

Para los especialistas, esta “excepcionalidad” podría incrementar los niveles de contaminación. Por ese motivo, los santiagueños estarían decididos a sumarse y apoyar cualquier plan que sirva para evitar nuevas catástrofes ecológicas. Pero también exigirían que el Estado tucumano se muestre más firme a la hora de identificar y castigar a los responsables de dañar al medio ambiente.