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“No tenemos una participación paritaria a medida que ascendemos en la Justicia. Se va esfumando la participación de las mujeres y desde nuestra perspectiva eso no es bueno. Y para peor ahora el Poder Ejecutivo propone a dos hombres para cubrir las vacantes en la Corte, que ya se quedó sin participación de mujeres. Por eso queremos que se revea esta situación”, María Eugenia Chapero preside la Red de Mujeres para la Justicia, una organización que reúne a más de 400 juezas y funcionarias judiciales que hace poco promovió una acción de amparo para que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad del mensaje del Poder Ejecutivo que resolvió enviar al Senado la postulación de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Ellas pretenden una resolución cautelar de no innovar para que se le ordene al Poder Ejecutivo y al Senado a que se abstengan de avanzar con la designación de los dos candidatos varones propuestos.
En diálogo con LA GACETA, Chapero afirmó que “a nivel de leyes no hay discriminacion directa, al contrario, hay obligaciones positivas del Estado, que debe garantizar el derecho a las mujeres en igualdad de condiciones, pero hay un divorcio entre la realidad y la práctica. Opera el patriarcado, Es una estructura de pensamiento que atraviesa a toda la sociedad en la que subyace una idea de que los varones tienen otros valores”. Hay un dato ineludible a la hora de plantear este problema: de los 111 juristas que formaron parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en sus 161 años de historia, sólo tres fueron mujeres.
La Corte comenzó a funcionar en 1863 y su primera integrante mujer fue Margarita Argúas, designada en 1970. En 2000, tras el juicio político a dos integrantes de la Corte menemista y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, fueron designadas Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco para ocupar dos de los puestos vacantes. La primera de ellas falleció en 2014, y la segunda se jubiló en el año 2021.
“Desde la Red de Mujeres hemos considerado que estamos en un momento histórico y por eso hemos hecho pública nuestra postura. Impugnamos las postulaciones por una cuestión de género. El Estado tiene deberes constitucionales, y es una discriminacion contra las mujeres si se rechazan las impugnaciones. Por eso hicimos una acción de amparo colectivo y pedimos que se suspenda el trámite. Queremos una manda de paridad”, explicó Chapero.
Además de por la Red de Mujeres para la Justicia, la acción es impulsada por Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Center for Justice and International Law (CEJIL). Concretamente con respecto al Poder Ejecutivo, solicitan que la sentencia lo inste a que, mientras la Corte se encuentre integrada mayormente por varones, cada vez que haya vacantes y hasta que el tribunal cumpla con la paridad de género, proponga candidatas mujeres. “Dicha orden deberá cumplirse reconociendo la diversidad e interseccionalidad de este grupo como aspecto central de la obligación, en pos de avanzar hacia una composición genuinamente diversa e inclusiva del máximo tribunal”, pidieron.
Chapero no duda al ser consultada: “Nosotras no nos metemos en partidismos, en política. Querremos una independencia de nuestra función. El patriarcado atraviesa a todos los sectores. Estamos en un momento histórico y queremos que ese derecho de las mujeres sea real. Que democráticamente se vea que hay una paridad”. E hizo referencia al “techo de cristal”. “En realidad no hay ningún impedimento formal para que lleguen las mujeres, pero es algo invisible que impide que las mujeres lo hagan. Todas las mujeres que se forman en las carreras de Derecho podemos legítimamente aspirar a esos lugares sin que haya ningún techo que nos lo impida. Por otro lado, también es el derecho de la ciudadanía a que esté representada la mitad del país. Sin embargo, las más de 23 millones mujeres en Argentina no estamos representadas en ese cuerpo superior del Poder Judicial Nacional”, dijo.
En la cautelar indicaron que “frente a este escenario de discriminación histórica y estructural contra las mujeres, la decisión del Poder Ejecutivo de proponer dos varones para ocupar las vacantes en la Corte Suprema hace que el Estado argentino incumpla flagrantemente con sus obligaciones internacionales y constitucionales de promover la igualdad de género y garantizar a las mujeres el derecho a ocupar cargos públicos”. “La Corte debe reflejar la constitución de la sociedad, y hoy no está representada la mitad. Hay mucha más probabilidad de que con la presencia de mujeres haya otra perspectiva de género, con anclaje en derechos humanos, en los niños y en las niñas. Democráticamente la mitad de la población debe estar reflejada, más allá obviamente de tener deben tener idoneidad moral”, afirmó Chapero. La jueza, miembro de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista (Santa Fe), afirmó que no están enojadas. “El enojo es reactivo. Nosotras preferimos mirar el futuro y lo hacemos con mucha convicción. Pensamos con firmeza, sabemos que el nuestro es un reclamo básico: no queremos la foto del máximo tribunal del país integrado sólo por varones”, finalizó.
La acción de amparo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negri.