Por Luis María Ruiz
17 Julio 2024
COBRANZAS. El personal del Ipvdu avanzó con intimaciones, visitas y cartas documento, y logró reducir deudas.
El parate en la obra pública, como toda época de crisis, representó también una oportunidad. Y en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) aprovecharon este escenario para avanzar con un sinfín de tareas administrativas que estaban pendientes en la repartición.
Nora Belloni, interventora del organismo, explicó a LA GACETA que desde su asunción, en 2022, se logró una mejora progresiva en los indicadores referidos a las deudas en el pago de la cuota por parte de los adjudicatarios de viviendas sociales.
“Hemos trabajado fuertísimo con intimaciones, visitas, cartas documentos; hemos movilizado varios equipos del Ipvdudu, barrio por barrio. Estábamos con mucha morosidad, algunos barrios teníamos hasta el 80%. Hoy estamos entre un 35% y 40%. Hemos disminuido, obviamente, mes a mes, lentamente, Y seguimos por suerte con respuestas de la gente”, detalló la funcionaria.
En estos meses de escasez de recursos para la construcción, añadió la arquitecta, las oficinas del Instituto de la Vivienda se pudieron poner al día con otros trámites.
“Tenemos una cantidad importante de escrituraciones; también de cancelaciones y de transferencias”, remarcó. Para ello, la interventora conformó equipos específicos, tomando gente de las distintas áreas del organismo. Así, en 10 días hábiles, se están finalizando unos 600 expedientes relacionados a cancelaciones de pago. Y ya están listas para ser entregadas por el gobernador, Osvaldo Jaldo, unas 100 escrituras de viviendas a sus adjudicatarios. “Había un retraso de trabajo administrativo muy grande”, indicó Belloni.
En el Boletín Oficial de la Provincia también se publican con cierta frecuencia resoluciones del Ipvdu en las que se avanza con los pasos legales para la recuperación de viviendas sociales en distintos barrios, como Lomas de Tafí y Manantial Sur.
Según contrato
Según explicó Belloni, los dos principales motivos por los que se revocan adjudicaciones son la falta de pago y la falta de habitabilidad, dos causas establecidas por contrato al momento de entrega de la vivienda. “Respecto de la habitabilidad, (el recupero) se puede hacer durante los tres primeros años. En Lomas de Tafí, por ejemplo, ya se cumplió ese plazo. Pero nosotros sí podemos recuperar por falta de pago”, señaló.
En el caso del megabarrio situado en el acceso taficeño, sin embargo, no es sencillo concretar las rescisiones, por lo que se está trabajando en algunas medidas que permitan llevar adelante ese proceso.
“Lamentablemente, el 95% de las viviendas que hemos encontrado que no están habitadas tienen las cuotas al día. Entonces, prácticamente no hemos podido recuperar”, apuntó Belloni. Recordó que, además, están previstas una serie de etapas, como la comunicación fehaciente de la intimación, que llevan a estos ciudadanos a regularizar la situación de falta de pago. “Entonces, por ese lado, no hay mucha recuperación. Además son procesos que suelen terminar en un juicio, y siempre llevan tiempo”, agregó la funcionaria.
Recuperación
Ante este escenario, los equipos técnicos del Ipvdu elaboraron un anteproyecto de ley que todavía está sujeto a revisión de Fiscalía de Estado, pero podría aliviar estos trámites. “El objetivo es ver si podemos achicar ese proceso para la recuperación”, añadió Belloni.
¿Qué sucede con las adjudicaciones que se rescinden? La funcionaria explicó que en la repartición hay unos 5.000 expedientes de grupos familiares que están en situación de vulnerabilidad, y que aseguran los reemplazos. En total, hay unos 20.000 inscriptos en los registros de interesados del Ipvdu.
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