“Fuimos a la casa del hombre a pedirle plata para comprar. Él se puso mal cuando le dijo que no le daría nada. Comenzó a pegarle y cuando estaba en el suelo, se tiró arriba de él y le puso un cable en el cuello. Estaba emperrado con matarlo. Por eso me fui del lugar”, confesó Soledad Daiana Busto (24) una de las acusadas del homicidio de Antonio “Cata” Olivera (63). Con esa confesión, “El crimen de la ladrillera” quedó prácticamente esclarecido.
El hecho se desencadenó el 29 de febrero. La joven, acompañada por su pareja Roberto Carlos Lazarte se presentaron en el domicilio de la víctima, ubicado en avenida Rivadavia al 2.000, camino a El Cochuchal, Alderetes. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente por la Policía. Los efectivos se presentaron en el lugar después de haber recibido el llamado de un vecino.
El fiscal Carlos Sale dirigió la investigación que fue realizada por personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño y Susana Monteros. Con el correr de las semanas, los investigadores comenzaron a sospechar de una pareja que tenía severos problemas de adicción. Los terminaron deteniendo y fueron acusados del homicidio y se les dictó la prisión preventiva hasta el 30 de septiembre.
En etapa de instrucción de la causa, varias personas y un familiar de la joven, los señalaron como los autores del crimen. También explicaron que el sospechoso era un joven problemático y violento. En la calle se lo conocía como “Pegamadre” porque en varias oportunidades agredió físicamente a su progenitora.
Después de haber permanecido detenida durante varias semanas, la acusada decidió romper el silencio. “Olivera era un buen hombre. Íbamos seguido a su casa porque nos daba mercaderías y nos pagaba cuando trabajamos con él. Jamás pensé que pasaría esto. Después él me contó lo que había ocurrido”, declaró la joven. “Luego de que lo matara fue hasta mi casa. Apareció con una garrafa y dos palas que le había quitado al hombre. Ahí me contó todo y fuimos a consumir a las vías”, declaró la joven.
En una audiencia realizada ayer, la auxiliar Luz Becerra, siguiendo las instrucciones del fiscal Sale, decidió modificar la acusación en contra de Bustos, ya que ahora le imputó el delito de robo y no de homicidio. Mientras que mantuvo los cargos que le habían formulado a Lazarte.
La representante del Ministerio Público no sólo se basó en los dichos de la acusada, sino que la nueva teoría se fundamentó en la evidencia científica. “El Equipo Científico de Investigación Fiscal encontró restos biológicos en el cable con el que le quitaron la vida a la víctima que eran compatibles únicamente con el perfil genético de Lazarte”, informó. “También se encontraron rastros genéticos de la imputada, pero con el pico de una botella”, destacó.
Pedidos
El testimonio de Bustos no fue objetado por la defensora oficial Mariana Merletti ni por Lazarte. En la audiencia sí solicitaron que se realice una serie de medidas a favor del acusado.
“Por pedido de la madre, pido que se realice una junta médica para evaluar al acusado. Si bien es cierto que quedó demostrado que no es inimputable, la señora pretende que se sepa cuál es su estado de salud mental por el largo historial de consumo que tiene”, sostuvo la abogada.
También solicitó que sea atendido, ya que el domingo fue mordido en la oreja por un compañero de encierro sin que hasta el momento sea revisado por un profesional de la salud. Además, por pedido de Lazarte, le pidió al juez que lo autorizaran a realizar los trámites para obtener el documento nacional de identidad, ya que al no contar con uno, no puede seguir cobrando un plan social.
El juez Guillermo di Lella aceptó todos los pedidos realizados por las partes y más aún después de que la auxiliar fiscal Becerra le informara que están avanzadas las negociaciones para que el expediente se cierre a través de sendos juicios abreviados.