22 Agosto 2024
"La prisión preventiva de Alperovich es arbitraria", dijo su abogado
Rodolfo Baqué, abogado defensor del ex gobernador José Alperovich, calificó de "arbitraria" la prisión preventiva que enfrenta su cliente, condenado en primera instancia a 16 años de prisión por abuso sexual. Según el letrado, la medida no se ajusta a derecho y constituye una pena anticipada que viola los principios básicos de la justicia.
Durante una entrevista con Buen Día, informativo de LG Play, Baqué argumentó que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando existe un riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación. En el caso de Alperovich, el abogado destacó que, durante los cuatro años que duró el proceso, su cliente se mantuvo en libertad sin intentar evadir la justicia, a pesar de enfrentar una posible condena de 50 años.
"Si con una expectativa de 50 años no se fugó, ¿por qué lo haría ahora con una pena de 16 años?", cuestionó Baqué.
El abogado también criticó la decisión judicial que, en su opinión, contradice la propia sentencia al reducir la pena debido al "acompañamiento familiar" que Alperovich ha recibido. "Si la contención familiar fue suficiente para reducirle la pena, significa que no hay riesgo de fuga", afirmó Baqué.
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También señaló que la condena fue decidida por un solo juez, cuando, según la legislación argentina, delitos con penas superiores a 15 años deberían ser juzgados por tres jueces. "Es injusto que una sentencia de tal gravedad se decida en la soledad del despacho de un solo juez", declaró.
El abogado insistió en que Alperovich, de 69 años, sufre problemas de salud que se han agravado en prisión, incluido un problema de columna que le obliga a usar una silla de ruedas. Aunque Baqué reconoció que el Servicio Penitenciario ha proporcionado la silla de ruedas, criticó la falta de rehabilitación adecuada y advirtió que la salud de su cliente podría deteriorarse aún más.
Finalmente, Baqué concluyó afirmando que Alperovich tiene derecho a esperar el fallo de la segunda instancia en libertad, como lo permite la Constitución y los pactos internacionales. "No se trata de una estrategia de salud, sino de un derecho constitucional", enfatizó el abogado.
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