El poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas cayó un 30% desde la asunción del nuevo Gobierno

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas ha caído un 30%. Según datos del Ministerio de Economía y la Anses, esto desmiente la afirmación del presidente de que los ingresos de los jubilados aumentaron un 5% en términos reales en los primeros meses de su gestión. 

Esta caída se debe, en gran parte, a que el bono mensual de $70.000 que se otorga a los jubilados se ha mantenido sin cambios desde marzo, lo cual, en un contexto de alta inflación, ha reducido significativamente el poder de compra de los haberes mínimos.

Este mes, las jubilaciones mínimas aumentarán un 4,03% conforme al índice de inflación de julio, llevando el haber mínimo a $234.540. Sin embargo, al mantenerse congelado el bono, el ingreso total en términos reales seguirá en declive. En agosto, por ejemplo, los haberes mínimos con bonos incluidos cayeron un 4,9% en términos reales respecto a diciembre de 2023. En promedio, el poder de compra de las jubilaciones ha disminuido un 29,2% en los primeros siete meses del año, y los jubilados con la mínima han perdido un 18,5% interanual.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la falta de actualización del bono compensatorio ha resultado en una pérdida acumulada de $52.000 para los jubilados. Mientras los haberes aumentaron un 74,3% entre marzo y septiembre, el ingreso mínimo sólo subió un 48,9%, muy por debajo del ajuste necesario para mantener el poder adquisitivo. Si el bono se hubiera actualizado a la par de los haberes, debería haberse elevado a $122.010 en septiembre.

La reducción en el poder adquisitivo de las jubilaciones ha sido una pieza clave para el equilibrio fiscal del gobierno, contribuyendo a una reducción del gasto público del 29% interanual en el primer semestre. A pesar de las críticas, el presidente Milei vetó una ley sancionada por el Congreso que buscaba una recomposición del 8,1% en los haberes para compensar la inflación no reconocida de enero, priorizando el equilibrio fiscal incluso ante el costo político y el malestar social que esto puede generar. En respuesta, la oposición ha comenzado a movilizarse para intentar revertir el veto, aunque aún enfrenta desafíos significativos para reunir los votos necesarios en el Congreso.