Por Luis María Ruiz
03 Septiembre 2024
ARCHIVO LA GACETA LA GACETA / FOTOS DE JOSÉ NUNO
Empresas que circularán con la frecuencia de un domingo. Otras que anunciaron su decisión de dar el portazo, o que están en ese rumbo. La crisis del transporte público estalló ayer en una conferencia de prensa polémica, en la que se anunciaron unos 200 despidos y resonaron duras críticas hacia la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Los miembros de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) dispusieron que la restricción en un 40% de los servicios se aplicará a partir de mañana. La medida de fuerza repercutirá en las 14 líneas que recorren la capital, por lo que cientos de miles de usuarios deberán esperar en la parada como si fuera un feriado.
El presidente de la entidad privada, Daniel Orell, aseveró que es “una situación muy compleja”, en la que influyen factores como la falta de concesiones -sólo cuentan con permisos precarios- y la escasez de recursos, tanto por el valor de la tarifa (el boleto mínimo está a $690) como por la postura de la Capital de no aportar subsidios. “Hay empresas que llevan 50 años prestando servicios, y han sido de las mejores del país. Si hoy están en esta situación, es porque el poder concedente nos llevó a estos estados”, reprochó.
Un antecedente
Aetat decidió expresarse luego de que la firma Soliver SRL ratificara la decisión de renunciar a la explotación de la línea 11, a tres años del otorgamiento de un permiso precario. Esta empresa había comunicado su postura al municipio dos meses atrás, enumerando cinco motivos; entre ellos, el aumento en los costos operativos y “la imposibilidad mantener una operación rentable”. Fuentes de la entidad confirmaron a LA GACETA que están continuando de manera temporal, a los fines de sostener los recorridos para los usuarios y las 80 fuentes de empleo. Pero, más allá de las charlas con funcionarios, recalcaron que es cuestión de semanas para que retiren su treintena de coches.
En la conferencia de prensa, Luis García, uno de los representantes de la línea 3, indicó que “vamos a seguir el mismo camino que la línea 11”. “Seguimos prestando el servicio porque no hay nadie que venga a hacerlo”, añadió García.
En emergencia
Si bien el transporte público arrastra años de crisis en Tucumán -desde 2018 rige una ley provincial que declara el estado de emergencia en el sector-, el escenario se fue agravando desde principios de año, producto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar las compensaciones tarifarias para el interior.
En este contexto, en Aetat elevaron un pedido al Concejo Deliberante de la Capital para reajustar el boleto. Según el estudio de costos planteado por los empresarios, el valor debería alcanzar los $1.490, aunque estarían dispuestos a aceptar un incremento que ronde los $950.
Aunque los ediles comenzaron a analizar el pedido de Aetat, la gestión de la intendenta Rossana Chahla transmitió que no se convalidará una revisión tarifaria hasta tanto se observen mejoras en la calidad del servicio. A la vez, la jefa municipal remitió un proyecto de ordenanza que promueve la declaración de emergencia del transporte público en San Miguel de Tucumán.
Así, los ediles del PJ quedaron a la espera del informe de rigor por parte del municipio sobre el costo del pasaje, y decidieron no avanzar con el tratamiento de este tema hasta tanto se alcance un acuerdo político al respecto, más allá de que está prevista una sesión para la semana próxima.
MALESTAR. En Aetat formularon duras críticas hacia la gestión municipal.
En este clima, los empresarios se reunieron para dar un mensaje de alerta por “la profunda crisis de la actividad”. “Al no encontrar las más mínimas respuestas, sobre todo por parte de la administración municipal, se decidió en reunión plenaria implementar a partir del miércoles 4 una importante y significativa reducción del servicio”, informó Orell, dando lectura al comunicado firmado por el resto de los asociados.
Advirtió que se brindará una prestación “de emergencia, con horarios y frecuencias de un día domingo”. “Esta medida es pura y exclusivamente dentro del radio de la Capital, que es el sector de mayor deterioro y que presenta la absoluta falta de una política para el sector”, aclaró. De este modo, el anuncio de los empresarios no afectará la circulación de ómnibus interurbanos.
En Aetat reconocieron que existe un “arrastre” en la problemática que “viene de anteriores administraciones municipales”. “Pero advertimos que en el poco tiempo de esta gestión no se da la prioridad y urgencia que la caótica situación a la que nos llevaron requiere”, agregaron.
En ese sentido, reprocharon que, si bien Chahla impulsa la declaración de emergencia, desde la sede de 9 de Julio y Lavalle “se contradicen” con declaraciones de funcionarios que “desconocen la necesidad de ajustar las tarifas”. “Esa es una de las dos únicas formas de ingresos para las empresas. El otro, del que tampoco se ocupa el municipio, es el subsidio de compensación tarifaria, como lo hacen muchísimos municipios del interior del país a los que sí interesa la salud del transporte para sus ciudadanos”, enfatizaron en Aetat. Y formularon una dura crítica a la Intendencia. “El mensaje para los prestadores del servicio es: ‘háganse cargo ustedes, y cuando estén quebrados, los remplazamos por otros’”, reprocharon.
Los empresarios enumeraron distintos pedidos. El primero, la necesidad de restituir las concesiones caducas, dado que los permisos precarios les impiden la gestión de créditos, según apuntaron. En segundo punto, exigieron una revisión de las políticas para el sector en cuanto a las tarifas, no sólo por el valor del pasaje, sino además por lo que se les reconoce por boleto gratuito. “Son las empresas las que descuentan este importante porcentaje”, insistieron.
Luego, en simultáneo con la reducción de los recorridos (que afectará las líneas desde la 1 hasta la 19), comunicaron que se efectuarán unos 200 despidos “por razones de fuerza mayor”.
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, explicó que estas medidas se aplicarán “hasta tanto no haya soluciones estructurales y políticas de estado por parte del municipio de San Miguel de Tucumán”. Y apuntó contra Chahla. “Ignorar el problema, para que se agrave y teóricamente traer otros capitales, no es lo que corresponde. Hoy perdemos plata cada vez que salimos a la calle. ¿Vamos a seguir acumulando déficit, para que encima después venga un tercero?”, expresó el representante de Aetat.
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