Por Luis María Ruiz
19 Septiembre 2024
FINAL Y POLÉMICA. El Potenciar Trabajo fue reemplazado en febrero.
El escándalo nacional por el Potenciar Trabajo tuvo derivaciones en Tucumán. El Gobierno provincial cerró la auditoría que había iniciado nueve meses atrás producto de la causa “Ceirón”, tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py, y dispuso sanciones contra 58 empleados de la Administración Pública por haber percibido ingresos de manera irregular, a través del plan de reinserción laboral creado durante la gestión de Alberto Fernández.
Si bien los instructores del sumario habían recomendado el despido de los involucrados, el proceso finalizó con la suspensión por 30 días, sin goce de haberes. En los considerando, se fundamentó que la cesantía “implicaría la extinción de la relación de empleo público” y esto colocaría a los agentes “en una situación de vulnerabilidad social y económica aún de mayor gravedad a aquella que la autoridad de aplicación nacional verificó como requisito al momento del ingreso al programa”.
En las conclusiones
La auditoría surgió luego del requerimiento formulado por el fiscal federal Guillermo Marijuan en el marco de la causa “Ceirón”, que reveló incompatibilidades en el cobro del Potenciar Trabajo en todo el país.
Por esta polémica, la administración de Javier Milei sustituyó este plan social por otras dos prestaciones: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
En el Gobierno provincial, en tanto, se prosiguió con la investigación administrativa abierta mediante el decreto 6/1, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.
En la instrucción, se formularon cargos a más de medio centenar de estatales. “Se encuentran suficientemente analizadas las probanzas (...) que dan cuenta que efectivamente percibieron las prestaciones del programa Potenciar Trabajo, luego de ingresar a la Administración Pública”, se consignó en el decreto 2.808/1, publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial.
Además, se remarcó que la falta se cometió “en desmedro de la imagen de la función pública y su fin al bien común, resulta gravemente lesiva al prestigio de la Administración y la confianza pública, involucrando a la institución para la que trabaja”.
Aunque los instructores habían aconsejado la cesantía de los 58 empleados, en el Poder Ejecutivo valoraron que uno de los objetivos del Potenciar Trabaja era posibilitar el acceso al empleo formal para los beneficiarios. “Tal finalidad se concretó con el ingreso de los agentes a los cuadros de la Administración Pública Provincial”, se añadió en el decreto 2.808/1. Este criterio fue clave para que los involucrados no pierdan el cargo. “Si bien la conducta de los agentes resulta reprochable por constituir un comportamiento incompatible con los estándares exigidos (...), la aplicación de una sanción expulsiva se tomaría excesiva, dentro de un marco de proporcionalidad y razonabilidad”, se recalcó. Por ello, finalmente, se resolvió dictar una suspensión de 30 días, sin goce de sueldo, a las 58 personas que habían cobrado el Potenciar Trabajo, pese a tener un cargo en el Estado.
Dónde trabajan los agentes sancionados
De los 58 empleados públicos por haber cobrado el Potenciar Trabajo, siete pertenecen al Ministerio de Educación de la Provincia, uno a la Secretaría de Gestión y Planeamiento, 27 al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, seis al Ministerio de Seguridad y 17 al Ministerio de Desarrollo Social, según el decreto 2.808/1.
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