El Poder Legislativo se prepara para debatir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo para autorizar la compra directa, previo cotejo de precios, de 100 colectivos 0 km para renovar la flota del servicio de transporte público de pasajeros.
El vicegobernador Miguel Ángel Acevedo confirmó que esta semana se podría llevar adelante una reunión de Labor Parlamentaria, comisión integrada por las autoridades del cuerpo legislativo y los jefes de bloque, para avanzar con el tratamiento del instrumento remitido este lunes por el Poder Ejecutivo (PE).
El DNU, rubricado el jueves pasado por Jaldo y su gabinete, está enmarcado en la Ley de Emergencia del Transporte, que fue ampliada hasta 2026.
Esta normativa de excepción habilita al Gobierno provincial a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.
En los considerando del decreto, el gobernador afirmó que el sistema de transporte público “se encuentra en una situación de crisis estructural” que afecta tanto a las empresas como a los usuarios. “La falta de recursos para la renovación de las unidades ha derivado en un deterioro significativo de la flota actual, comprometiendo la seguridad, la calidad y la eficiencia del servicio”, remarcó el mandatario.
Añadió luego que, ante la difícil situación económica de las empresas, el gobierno decidió “ejercer un rol activo para garantizar la sostenibilidad del transporte público”. “La intervención del Poder Ejecutivo se hará a través de la adquisición de nuevas unidades, directo de fábrica y/o concesionarios habilitados, lo que permitirá mejorar la flota de colectivos en beneficio de la comunidad y asegurar la continuidad del servicio”, agregó.
Por ello, Jaldo facultó a los ministerios de Obras y Servicios Públicos (a cargo de Marcelo Nazur) y de Economía y Producción (que conduce Daniel Abad) a realizar la contratación directa para adquirir las nuevas unidades. Se estima que la operación representará un desembolso cercano a los $16.000 millones, y que las primeras 40 unidades llegarán a la provincia este mes.
Si bien se eximió este trámite del proceso de licitación previsto por la normativa, en el DNU se aclaró que “para asegurar su transparencia, deberá efectuarse un cotejo de precios debidamente documentado, asegurando la participación de al menos tres oferentes, cuando sea posible, y respetando los principios de equidad y competitividad”.
El decreto no consigna el número de coches a adquirir, pero advierte que serán transferidos “a título oneroso a las empresas concesionarias (del servicio), conforme a su situación jurídica, económica y financiera, y demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria”.
Comisiones
El DNU 5/3 ingresó a mesa de entradas de la Legislatura y fue remitido a las comisiones de Hacienda y Presupuesto (que preside Carlos Gallia) y de Obras, Servicios Públicos y Transporte (a cargo de Tulio Caponio).
La Constitución provincial establece que el Poder Legislativo tiene 20 días hábiles para expedirse sobre la validez de este tipo de decreto, que sólo puede ser ratificado o rechazado, por lo que los legisladores no pueden modificar su redacción.
El bloque del PJ cuenta con los números necesarios para convalidar el instrumento, tanto en el ámbito de las comisiones como en el recinto de la Cámara provincial.