La “motosierra” financiera conspira contra las vacantes en el Poder Judicial de Tucumán

“No hay plata”. La frase del presidente Javier Milei resuena desde hace 10 meses en el país y repercute directamente en la vida de los argentinos. Los gobernadores deben hacer malabares para manejar los presupuestos e inevitablemente los recortes están al orden del día. Y en Tucumán, como lo dijo el gobernador Osvaldo Jaldo, todos deberán ajustarse los cinturones. Al anunciar el envío a la Legislatura del presupuesto 2025, el primer mandatario explicó: “Estamos hablando casi de $ 3,4 billones, con un incremento de un 110% para el presupuesto del 2025, comparado con el proyecto del presente año. Es un aumento de un 110% cuando tuvimos una inflación promedio del 140% o 150%; es decir, seguimos bajando los gastos, eliminando los innecesarios y superfluos”. Y el cuchillo, o la motosierra, llegará a todos los poderes del Estado. Y alcanzará, en este caso, al Poder Judicial. Es que una de las razones por las que el gobernador demora la elección de un candidato de entre las 48 ternas que tiene a su disposición para cubrir vacantes judiciales tiene que ver justamente con la actualidad financiera. Según explicaron fuentes del Gobierno, la cobertura implicaría una erogación que no está dentro del presupuesto al que pretende ceñirse el gobierno, por lo que la Corte deberá continuar con los procesos de subrogancias en juzgados al no tener la oportunidad de nombrar titulares.

Desde que asumió el gobernador, el 29 de octubre, tomó personalmente la cuestión de las vacantes, dando un salto cualitativo con respecto a su predecesor, Juan Manzur quien, a pesar de tener la oportunidad de nombrar jueces, no lo hizo, sobre todo en el último año de su gestión. Jaldo, en cambio, a los cuatro días de tomar el poder, envió 30 ternas a la Legislatura lo que permitió descongestionar un poco la situación judicial. Y así, a lo largo de los meses, siguió nombrando jueces hasta llegar a las 42 coberturas en lo que va de su gestión. Justamente el 10 de octubre el CAM, que preside el vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Posse, elevó otras cuatro ternas: para el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones II Nominación del Centro Judicial Monteros, para el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Concepción, para el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros y para el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones VII Nominación del Centro Judicial Capital. Pero además quedaron listas para enviar nuevas ternas para el Juzgado del Trabajo del Centro Judicial del Este y para el Juzgado del Trabajo I Nominación del Centro Judicial Concepción, para los cuales se tomaron las entrevistas correspondientes a los postulantes. Sin embargo, desde hace tres meses, abruptamente, la selección se detuvo. No desde el Consejo Asesor de la Magistratura, que siguió tomando los exámenes correspondientes y tras pasar los sucesivos filtros envió las correspondientes ternas. Sin embargo, en el Ejecutivo hubo un cambio que tuvo que ver con cuestiones políticas. Esto se debió a algunos cortocircuitos tanto con el Poder Judicial como con el Poder Legislativo por el proyecto que pretendía equiparar funciones entre fiscales y auxiliares fiscales que finalmente fue vetado por el primer mandatario. Jaldo creyó que lo habían puesto en medio de una situación delicada sin consultarle y que tuvo que decidir sin que le hayan dado explicaciones de qué se trataba el proyecto, promovido desde la Justicia, y avalado por los legisladores. Pero luego a esto se sumó la cuestión financiera. Es que según los cálculos, la designación de las 44 coberturas significaba una erogación estimativa de $ 130 millones mensuales o 1.600 millones al año por lo que el número genera preocupación a la hora de mostrar austeridad. A esto hay que sumarle que, en total, las vacantes actualmente llegan a 70 en el Poder Judicial. Por todo esto, ahora se avanzaría en áreas sensibles como familia, que tiene una mayor demanda. En consecuencia, la mayor parte de las coberturas quedaría relegada para el próximo año.

La situación de la Justicia Federal

A nivel nacional hay un total de 283 vacantes, es decir casi el 30% del total. Según trascendió, en los próximos días el Gobierno podría enviar al Congreso 149 pliegos de candidatos de todo el país y será así el Senado el que termine de decidir si pueden ocupar los cargos que actualmente no tienen titulares. De confirmarse, sería la primera camada de jueces que la administración de Javier Milei eleva en busca de aprobación a la Cámara Alta. En caso de ser aprobados los pliegos, se podría cubrir la mitad de las vacantes en el Poder Judicial. La situación de Tucumán es especialmente sensible al respecto. En el Tribunal Oral Federal, donde se juzgan todas las causas del ámbito, hay tres vacantes, es decir que no hay jueces subrogantes y los cargos son subrogados por magistrados de otra provincia, como está sucediendo actualmente con el proceso que se sigue contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, en el que hay dos jueces de Santiago del Estero y el tercero de Catamarca. Pero además están vacantes los cargos de dos juzgados , el 1 y el 3 que aún no está en funcionamiento, y el único que se hace cargo de todas las causas es el titular del juzgado n° 2, José Manuel Díaz Vélez. En ese sentido, el Consejo Asesor de la Magistratura decidió elevar una terna que incluye a Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella, a quienes se sumaron Pablo Toledo, Pablo Camuña y Gonzalo Stordeur. En el caso del Ministerio Público Fiscal, en el que también hay vacantes en el Poder Judicial, el trámite pasa por concursos que se desarrollan a partir de un llamado del Procurador General de la Nación.