Por Gustavo Rodríguez
01 Noviembre 2024
OPERATIVO. Con una topadora se destruyo el baño construido en el lugar conocido como Costa de Piedra.
En un nuevo operativo desarrollado por inspectores del Estado y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Gobierno logró detectar al menos siete irregularidades en la zona de la Reserva Provincial La Angostura. Estas se suman a las seis que fueron descubiertas en la última semana.
Los lugares visitados en un operativo organizado por la Fiscalía de Estado y custodiado por decenas de efectivos al mando del comisario Marcos Goane, fueron los siguientes:
- Las instalaciones del club Atlético Social Deportivo Tres Luces.
- Recorrieron el lugar conocido como Costa Piedra, donde se reúnen los jóvenes a la salida de los boliches. No se pudo identificar al propietario de este lugar. Con una topadora, se destruyó el baño que estaba instalado allí.
- Se hizo un relevamiento de 22 casas construidas en la vera del camino del perilago. Todos los propietarios fueron debidamente identificados.
- Visitaron una parcela que tiene una vivienda y en la que se estaba montando una cancha de fútbol para su explotación. Los dueños ya fueron notificados de que estarían ocupando tierras fiscales.
- Recorrieron las instalaciones del Club Náutico, donde se hizo un barrio privado.
- Visitaron el embarcadero “El Pelao”, empresa que se dedica a brindar servicios de pesca y que tendría una orden de desalojo de hace siete años.
- Volvieron a recorrer el lugar conocido como “Loteo Gaucho Castro”, donde encontraron más de 15 casas construidas. Los compradores de esos terrenos fueron los que se presentaron ante las autoridades para identificar a Juan Pablo Castro como el vendedor.
Más novedades
Mientras personal del Estado realizaba esa tarea en el valle de Tafí, se registraban novedades en la capital. La fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls ampliaba los argumentos para que se resuelva cuanto antes el pedido que realizó recuperar totalmente el área natural protegido. La funcionaria solicitó que, a través de un amparo, se autorice la remoción o demolición de todas las construcciones que se habían realizado en la Reserva de 1.400 hectáreas. Por la gravedad del caso insistió para que la cuestión se resuelva lo más rápido posible.
Paralelamente, según fuentes del Gobierno, estarían recolectando pruebas para iniciar una denuncia penal contra las personas que se estarían dedicando a la venta de tierras en El Mollar. Se los acusaría al menos de usurpación.
Los compradores, ante el avance de las autoridades, también comenzaron a analizar los pasos a seguir, ya que aseguran haber comprado las parcelas de buena fe. Por un lado, un grupo de damnificados ya se conectó con un abogado de Concepción. El profesional les habría propuesto presentar un amparo para frenar el desalojo. Otros, en cambio, tendrían decidido denunciar penalmente a Castro por estafa.
Según relataron los compradores adquirieron las propiedades porque el señalado les habría mostrado que en Catastro estaba autorizado el loteo y que, además de Rentas, el plano estaba inscripto en la comuna de El Mollar.
TRATATIVAS. Policías dialogan con los compradores de viviendas.
Al conocer esta versión, los inspectores analizaron la situación. Descubrieron que Castro había logrado una autorización de Flora y Fauna para destinar esas tierras a pastoreo. Con el paso de los años, se habría presentado en Catastro a iniciar un expediente para comenzar a comercializar esas tierras. Entre la documentación presentada, habría un plano donde estaban señaladas las parcelas que pretendía comerciar. Pese a que el trámite nunca concluyó (mucho menos fue autorizado) se lo inscribió en Rentas y en la comuna.
LA GACETA no pudo contactarse con Castro ni con ninguna de las personas que se habrían dedicado a la comercialización de estos terrenos. Como lo hizo en repetidas oportunidades, nuestro diario intentó comunicarse con el delegado comunal Jorge Cruz, pero no responde las llamadas ni los mensajes para que informe sobre esta situación.
La única realidad es que Catastro confirmó que esas tierras pertenecen al Gobierno y que desde 1996 pasaron a ser una Reserva. Esa es la razón por la que la Fiscalía de Estado insiste en recuperarlas.
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