Por Gustavo Rodríguez
05 Noviembre 2024
OTRO PAISAJE. En el perilago de La Angostura quedaron las secuelas de la intervención policial de las las últimas dos semanas. la gaceta / foto de osvaldo ripoll LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
¿Quién autorizó la entrega de las tierras de la Reserva Provincial de La Angostura? Esa es la pregunta que en estos momentos se están haciendo las autoridades que intentan conocer lo que está sucediendo en el valle de Tafí. Si bien es cierto que la prioridad sigue siendo por el momento desalojar el área protegida y, en una segunda etapa, después de analizar los elementos probatorios sumados, iniciar las demandas civiles o penales.
“Lo único cierto que hay en este caso es que las tierras ocupadas forman parte de una zona protegida cuyo titular es el Superior Gobierno de la Provincia”, se apuró en aclarar el director de Catastro Alejandro Navarro. “Todas las áreas del Estado estamos trabajando para recuperarlas. La Fiscalía de Estado sigue adelante con el planteo judicial correspondiente”, añadió.
En un primer relevamiento, los inspectores del Estado encontraron varias irregularidades, pero las más graves fueron los loteos de los barrios “El Lago”, “Juana Uzurduy” y “Loteo Gaucho Castro”. En esos lugares se encontraron una veintena de edificaciones con personas residiendo en ellas desde hace más de 10 años.
Revelación
En un informe publicado ayer en LA GACETA, dos ocupantes dijeron y demostraron que las tierras donde construyeron sus casas fueron cedidas por la cacica Margarita Mamaní y por el ex delegado comunal Jorge Cruz. “Si realmente lo hicieron, estamos ante un procedimiento totalmente ilegal. Todo es propiedad del Estado y sólo a través de una ley se puede ordenar la cesión de parcelas, más aún si están en una zona protegida, como es este caso”, informó Navarro.
“La situación de las tierras que reclaman las comunidades originarias es muy especial que merece un tratamiento diferente y de manera urgente”, recalcó el director de Catastro. “Bajo ningún punto de vista un delegado comunal puede entregar tierras del Estado de motu proprio. Ellos, en realidad, deberían ser los guardianes del Estado. Tendrían que denunciar las usurpaciones. Varios de ellos lo hicieron en más de una oportunidad”, recalcó.
Aclaración
Según la ley 7.350, firmada por el ex gobernador José Jorge Alperovich, debían crearse comunas rurales para que el comisionado, entre otras tareas, se dedique a la urbanización del pueblo y la protección del medio ambiente y preservación de la riqueza y variedad ecológica. “Es cierto que durante la gestión de mi padre y del anterior delegado comunal se dieron terrenos en el barrio ‘El Lago’, pero no fueron más de cuatro. Eran personas que necesitaban tener una vivienda única”, explicó. “Las otras parcelas las entregó la Cidem, pero no sé si fue Mamaní o el cacique anterior”, añadió en una entrevista telefónica.
¿Sus antecesores sabían que estaban entregando lotes de una reserva natural?, le preguntó LA GACETA. “Me imagino que sí. Pero insisto, se las cedió por una cuestión social. Eran familias que no tenían dónde vivir”, respondió.
“Estamos hablando de una situación muy compleja, que viene del año 2009. La comunidad no sólo está reclamando sus tierras, sino que además las toma”, recalcó el funcionario. “Teníamos proyectado hacer la Terminal de Ómnibus en tierras fiscales, pero cuando se enteraron de la iniciativa, usurparon el sector. Nueve meses tardaron en devolvernos el lote y después hubo que hacer una serie de arreglos. No pudimos concretar el proyecto porque hubo el cambio de Gobierno”, finalizó Cruz.
El comisionado también habló sobre la decisión que tomó el Gobierno de realizar un ordenamiento dominial. “Estamos convencidos que es la única manera que tenemos para crecer. Por eso apoyamos los desalojos y estamos a disposición del gobernador Osvaldo Jaldo para colaborar”, indicó. “No podemos estar en contra del desarrollo. Por eso estamos a favor de la instalación del hotel de la Asociación de Obreros Textiles de la República Argentina. Necesitamos de emprendimientos de esas características”, destacó.
Más polémica
En las últimas horas se conocieron otras presuntas irregularidades en el conocido “Loteo Gaucho Castro”. Se trata de un emprendimiento inmobiliario cuyo titular es Juan Pablo Castro, de al menos 80 años, que no tiene celular. Los compradores explicaron que serían una nieta y su esposo los que se habrían encargado de la comercialización de las parcelas.
Él habría sido el que consiguió una autorización de la Unidad Ejecutora Provincial de Regularización Dominial, que depende de la Secretaría General de la Gobernación. La supuesta anomalía se debe a que, al tratarse de una reserva natural, la Dirección de Flora y Fauna debería haber dado su opinión antes de que se tomara una decisión. Ese paso, según confiaron fuentes de la Casa de Gobierno, no se habría dado.
Los compradores de estas parcelas informaron que el vendedor les había mostrado papeles en el que constaba que el proyecto estaba inscripto en Catastro, en Rentas y en la comuna rural. Ese es el principal argumento por el que aseguran que fueron engañados.
“En Catastro ni siquiera presentaron los proyectos de factibilidad con el que se inicia el trámite. Entonces lejos puede asegurarse de que estaban autorizados a realizar la venta de los terrenos que, según los registros oficiales, pertenecen al Superior Gobierno de la provincia”, señaló Navarro. “Por eso siempre recomendamos a las personas en nuestras páginas y en las redes sociales que averigüen sobre la historia dominial de la propiedad que están por adquirir, más aún si son de una villa turística de la provincia”, finalizó.
El delegado Cruz también aclaró sobre esta situación. “Lo único que tenemos es una inscripción de un anteproyecto de loteo. Eso no tiene ninguna validez porque el que debe autorizar la venta de terrenos es Catastro”, señaló. “Esa es la razón por la que no podemos avalar ninguna venta de tierras de estas características”, indicó.
“La comunidad tomará acciones porque quieren privatizar a la Pachamama”
“Nuestra organización repudia el mal accionar de la comuna rural de El Mollar acusando a nuestra comunidad de otorgar certificados de posesión de tierras. Es contraproducente a nuestros derechos preexistentes, violentando la Constitución y los tratados internacionales. Nuestra comunidad indígena no pondrá en riesgo a nuestra descendencia”, aseguró Margarita Mamaní, cacica de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem).
Margarita Mamaní.
“El señor comisionado puso como aliado a un empleado de la comuna para hacer estos atropellos y avasallamiento a nuestros derechos constitucionales”, aseguró la dirigente en una comunicación con LA GACETA. Mamaní agregó: “es lamentable que el delegado esté haciendo abuso de poder. Siempre estuvo en contra de esta mujer que lucha. Su machismo contra una mujer no es propio de una autoridad local”.
“Está actuando de mala fe hacia nuestra familia indígena diciendo que serán desalojados de sus casas, lo cual no podría suceder, ya que la comunidad les dio tenencias de las tierras relevadas por la la ley 26.160”, aseguró la cacica.
“Hubo una mano negra que se metió ahí y solicitó que se desalojaran a todos, no a los verdaderos usurpadores que no tenían que haber entregado lotes por ser personas ajenas a nuestra comunidad. Quieren hacer desaparecer a la comunidad Diaguita. Accionaremos contra la comuna porque quieren privatizar a nuestra Pachamama”, finalizó.
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