El Gobierno insiste con desalojar la Reserva de El Mollar

La Fiscalía de Estado sumó más pruebas para probar usurpaciones. Son cinco los casos. Abogadas advierten que el sector es de una familia.

OPERATIVO. Con una topadora se destruyo el baño construido en el lugar conocido como Costa de Piedra. OPERATIVO. Con una topadora se destruyo el baño construido en el lugar conocido como Costa de Piedra. ARCHIVO

El conflicto desatado por la ocupación de terrenos en la Reserva Provincial La Angostura está llegando a un máximo clima de tensión. El Gobierno presentó más pruebas en la Justicia para desalojar a los ocupantes de la tierra. El representante de uno de los loteos cuestionados desafió a las autoridades con mostrarle que tiene toda la documentación para demostrar que su emprendimiento es legal. Como si eso no fuera poco, una abogada en representación de una familia, le informó al Poder Ejecutivo que ellos son los propietarios de ese sector del valle de Tafí y que están avanzando sobre su propiedad.

BIEN LIMITADA. Catastro realizó un mapa donde quedó perfectamente cuál es la zona de la zona protegida. BIEN LIMITADA. Catastro realizó un mapa donde quedó perfectamente cuál es la zona de la zona protegida.

El martes 1, la fiscala de Estado, Gilda Pedicone de Valls, presentó en el fuero contencioso y administrativo un pedido para que se desocuparan parte de las 1.041 hectáreas que se habían ocupado. Según trascendió, el magistrado interviniente entendió que necesitaba contar con más elementos probatorios antes de tomar una decisión.

“Respondimos lo más urgente posible con su pedido y ya cuenta con toda la documentación para tomar una decisión. El planteo se hizo para preservar una zona protegida que será beneficiosa para todos los tucumanos”, razonó la fiscala.

Los casos

Según la última presentación, son cinco los terrenos que el Estado pidió que sean desalojados:

1- Club Tres Luces: se trata de una entidad deportiva. Tiene una cancha de fútbol y una construcción. El predio habría sido gestionado por la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar.

2- El Pelao: emprendimiento que brinda servicio para pescadores (alquileres de botes y equipos, venta de carnada y paseos por el lago) que funciona desde hace varios años. La Justicia ya habría ordenado su desalojo en 2017, pero su propietario logró frenarlo.

3- Barrio El Lago: sector que está ubicado en las cercanías del espejo de agua y muy cerca del cauce del río El Mollar. El delegado comunal Jorge Cruz informó que esas tierras fueron tomadas por la Cidem para sus comuneros. También reconoció que sus antecesores en el cargo, incluido su padre, entregaron parcelas por cuestiones sociales. La cacica Margarita Mamaní lo desmintió categóricamente.

4- Costa Piedra: el boliche fantasma que funciona los veranos en un lugar conocido como La Playita. Los primeros propietarios lo habrían vendido hace varios años y sus actuales titulares lo habrían alquilado a terceros. Ahora hay versiones que abrían sus puertas durante la siesta y la tarde únicamente.

5- “Loteo Gaucho Castro”: es el caso más polémico de todos, ya que los representantes del titular del emprendimiento aseguran que la venta de unas 60 parcelas fueron autorizadas por el Dirección General de Catastro y la comuna rural. El titular del organismo Alejandro Navarro y el comisionado Cruz desmintieron esa posibilidad.

LUGARES MARCADOS. Las usurpaciones que denunció el Gobierno. LUGARES MARCADOS. Las usurpaciones que denunció el Gobierno.

Quedaron fuera de esta lista los barrios Casas de Piedras, Juana Azurduy y Ojo de Agua, cuyas ocupas habrían sido los comuneros de la Cidem. Todos esos lugares fueron desalojados por la Policía en los procedimientos realizados en el último mes.

No se informó cuál es la situación de la confitería y negocio de venta de artesanías que se había instalado en la zona de la rotonda. Lo mismo sucedió con las ripieras ubicadas en la desembocadura del río Tafí.

Una novedad

“Le pedimos al Gobierno que tenga en cuenta que los verdaderos dueños de las tierras que hoy intenta desalojar son propiedad privada”, señalaron las abogadas Gabriela González y Dana Rodríguez. “Los terrenos en cuestión pertenecen a Ramón Segundo Herrera cuyo juicio de sucesión está tramitándose en un juzgado de Concepción”, añadió la profesional.

Las abogadas dijeron que tienen una escritura de 1933 que certifica la titularidad de las tierras. “Desgraciadamente los herederos, mal informados, no realizaron las denuncias correspondientes. Pero ahora no, ahora también decidieron actuar en contra de estas personas. Antes solo les enviaban notas”, añadieron en la entrevista con LA GACETA.

“Hemos dado todos los pasos legales para informar sobre esta situación. También le pedimos a las autoridades que identifiquen a todos los supuestos usurpadores para que luego se analice qué pasos daremos”, finalizaron las profesionales.

Recomendaciones

- Evite comprar terrenos que se ofrecen en redes sociales, más aún si están ubicados en villas turísticas.

- Antes de efectuar alguna operación, exija al vendedor copias de la documentación dominial que tenga de la parcela.

- Con esos papeles puede recurrir a Catastro o al Registro Inmobiliario para constatar la veracidad de la documentación.

- Si es víctima de un engaño, denuncie el caso.

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