La mercadería secuestrada irá a comedores de la Iglesia

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia dará inicio este lunes al operativo de entrega de más de 5 toneladas de alimentos que habían sido secuestrados durante los allanamientos concretados en el marco de la causa que investiga la venta de mercadería destinada a sectores vulnerables.

La Justicia penal había remitido un oficio para ordenar que la cartera encabezada por Federico Masso procediera a redistribuir los productos entre organizaciones civiles.

Esta semana, el funcionario del gabinete de Osvaldo Jaldo recibió una nota del Obispado de la Santísima Concepción en la que se consignaba una nómina de seis instituciones de esa ciudad destinadas a la asistencia alimentaria de familias de escasos recursos. “Sería de gran importancia la colaboración que nos puedan brindar para seguir con esta propuesta”, expresa la solicitud firmada por el presbítero Roque Fabián Brito, párroco de la Iglesia Catedral de la “Perla del Sur”.

El texto menciona a los hogares de Cristo “Madre Inmaculada” (creado en 2018, brinda almuerzos dos veces por semana a personas en situación de calle), “Abrazo Maternal” (funciona desde 2021 y atiende a embarazadas y a madres con niños de hasta ocho años), “Martín de la Caridad” (trabaja desde 2022 brindando meriendas en su sede y en el barrio Municipal de Concepción), “Morenita del Valle” (desde enero pasado colabora con la cena de unas 80 familias) y “San José” (desde mayo pasado ofrece la cena para unas 100 personas, entre otras ayudas). Además, se incluyó a la “Granja Santa Mónica” (comenzó a funcionar con el nombre de “Fazenda” hace 15 años y alberga a 14 varones en recuperación de adicciones).

“Todos estos espacios de atención a quienes más lo necesitan pertenecen a Parroquias de la Diócesis de Concepción y están atendidos por voluntarios con la ayuda de donaciones de distintos particulares”, detalla la nota enviada por el vicario Brito a Masso.

El Gobierno provincial dio el visto bueno a esta solicitud, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social ya está preparando el operativo para hacer entrega de los productos.

El listado de alimentos que habían sido secuestrados por la Justicia está compuesto por 44 cajas de un kilo de leche en polvo; 800 paquetes de un kilo de azúcar; 33 paquetes de un kilo de harina tipo 0000, y otros 1.199 paquetes de tipo 000; 792 cajas de puré de tomate (de 520 gramos cada una); 1.100 paquetes de lenteja (de 400 gramos cada uno); 1.345 paquetes de yerba mate de un kilo, y otros 46 de 500 gramos; 900 paquetes de arroz de un kilo; 1.117 paquetes de fideo para guiso (de 500 gramos cada uno); y 617 botellas de aceite de girasol (de 900 cc cada una).

En un primer momento, tras los allanamientos que posibilitaron el secuestro de estos productos, se había dispuesto el almacenamiento en las instalaciones de la seccional 15°. Luego, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había instado al Ministerio de Desarrollo Social a retirar la mercadería, teniendo en cuenta que se trata de alimentos perecederos, y a llevar adelante la redistribución entre organizaciones de la sociedad civil.

La medida había sido ordenada en paralelo al avance de la pesquisa, que tiene como principales imputados a dos dirigentes barriales: Juan López Cansillieri, de 39 años, y su padre, Alberto Felipe López, de 58. Más allá de estos nombres, la fiscala Mariana Rivadeneira sospecha de la participación de otras personas en la maniobra, que ya cuenta con otros cuatro procesados y que tiene a la Fiscalía de Estado como querellante, en representación del Gobierno provincial.

El expediente se originó a fines de noviembre como una derivación de una causa sobre violencia de género. En un procedimiento concretado en una casa de Manantial Sur, los efectivos de la seccional 15° encontraron el enorme cargamento de comida. Según se determinó, se trataba de lotes asignados por el Ministerio de Desarrollo Social a organizaciones barriales para su entrega, bajo el formato de módulos alimentarios, a personas en situación de vulnerabilidad. 

La principal hipótesis es que al menos parte de esos productos eran comercializados, dado que los uniformados se incautaron de anotaciones en las que se enumeraban comestibles y cifras de dinero. Como consecuencia del escándalo, el Gobierno provincial anunció la eliminación de los intermediarios en el reparto de módulos y la implementación, a partir de febrero, de una tarjeta alimentaria.