La jueza Ballesteros pidió que citen a Daniel Leiva y a Edmundo Jiménez

La magistrada del Colegio de Jueces y Juezas de la Capital, Carolina Ballesteros, rechazó las acusaciones por mal desempeño por las que enfrenta un proceso de destitución. Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, negó en un escrito los cargos por los que se enfrenta al Jurado de Enjuiciamiento que preside Eleonora Rodríguez Campos (vocal de la Corte de Tucumán). Cuestionó una vez más la legitimidad del proceso -por la participación de actores con causas judiciales y/o que considera debieron excusarse- y sugirió que las acusaciones responden a intereses políticos y personales.

La reanudación de la segunda audiencia fue casi igual de extensa que el jueves. Más de 200 fojas de cinco expedientes fueron leídas a lo largo de casi 10 horas por el secretario del Jury, Álvaro Del Barco, y por la prosecretaria, Romina Abaca Diambra. En total fueron cerca de 400 las fojas a las que se dieron lectura en esta instancia.

Concluida la lectura de las excepciones y defensas de la jueza Ballesteros, se explicó ayer que el Jurado pasará a deliberar las cuestiones planteadas por la parte acusada para luego determinar la fijación de los hechos y el plazo probatorio. El artículo 34 de la Ley 8.734, que rige el proceso contra magistrados, fija que la producción de la prueba no podrá exceder de los 30 días corridos a partir de la notificación (se informó ayer que se hará por escrito). La tercera audiencia se prevé para el mes de febrero de 2025.

Desmayo y acusaciones

A pesar de sus problemas de salud, Ballesteros estuvo en la sala. Sin embargo, se retiró a mitad de la jornada: en plena audiencia se descompensó y se desmayó, por lo que recibió asistencia médica.

Tal como lo hizo en la contestación al Jurado de Enjuiciamiento, la magistrada señaló en su descargo que la conformación de la comisión acusadora -que lidera Sergio Mansilla- y del Jury presenta “vicios constitucionales absolutos” que comprometen la independencia judicial y violan el principio de igualdad de armas en el proceso. Además, señaló que las acusaciones carecen de una base fáctica clara y precisa, dejando en desventaja a la defensa al no poder confrontar ni refutar adecuadamente las imputaciones.

La defensa insistió con que algunos cargos incluidos en la resolución final de la comisión no fueron objeto de debate durante la etapa preliminar, lo que constituye una violación al principio de congruencia procesal. A su vez, consideró que existe una “evidente y tendenciosa” injerencia del Poder Legislativo sobre las facultades y las decisiones del Poder Judicial. “Intentan revisar, a través de este proceso de remoción de magistrados, el contenido de numerosas sentencias judiciales que se encuentran firmes”, dijo.

La jueza puso énfasis en una causa que tenía a su padre como víctima y sus medias hermanas como imputadas, en la que se llegó a un acuerdo. Se la acusó de haber violentado la esencia del proceso al haber intervenido sin haber sido parte, pero afirmó que su intervención fue en carácter de hija de la víctima, no como jueza.

La magistrada solicitó también que se disponga que numerosos funcionarios judiciales sean citados a declarar de manera presencial, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez. Sobre este último, Ballesteros se refirió constantemente en los escritos como “el octogenario ministro fiscal” y en algunos pasajes insistió con “su avanzada edad y su estado de deterioro público y notorio”.