Hace 4 Hs
Brasil enfrenta un problema estructural de trabajo esclavo que persiste a lo largo de los años. Desde 1995, cuando el país reconoció oficialmente la existencia de formas contemporáneas de esclavitud, las autoridades han rescatado a más de 65.500 personas en condiciones de explotación extrema.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo, en los últimos 29 años se llevaron a cabo 8.400 operativos de fiscalización en los que se detectaron situaciones de trabajo forzado, condiciones degradantes y jornadas extenuantes.
A lo largo de este período, el gobierno ha destinado más de 155 millones de reales (26,4 millones de dólares) en indemnizaciones y pago de derechos laborales para las víctimas. Sin embargo, la problemática sigue latente en diversos sectores productivos.
Más de 2.000 rescatados en 2024
En 2024, las autoridades realizaron 1.035 operativos y rescataron a 2.004 trabajadores. Si bien la cifra es menor a los 3.100 casos detectados en 2023, el número refleja la persistencia de esta forma de explotación, informa RTenespañol.
El problema no solo afecta a áreas rurales, como la agricultura, el cultivo de café o la horticultura, sino que también está presente en las grandes ciudades. En zonas urbanas, la explotación laboral se concentra en la industria textil, donde muchas víctimas son mujeres, y en la construcción.
Funcionarios implicados
Uno de los aspectos más alarmantes es la vinculación de políticos con estas prácticas ilegales. Según el portal G1, el alcalde Marcus Rinco, de Alto Paraíso de Goiás, y cinco concejales fueron incluidos este año en la llamada ‘lista sucia’ de trabajo esclavo.
Creada en 2004, esta lista es una herramienta pública que reúne a empresas y personas involucradas en explotación laboral. Estar en ella supone un fuerte golpe reputacional y puede dificultar el acceso a financiamiento y contratos públicos.
El caso más grave es el del propio alcalde, cuya empresa Nascente Agro-Industrial recibió 15 multas por no proporcionar agua potable ni condiciones básicas a sus trabajadores. Las autoridades clausuraron temporalmente el establecimiento al considerarlo un "riesgo grave e inminente".
Condiciones deplorables
Otro caso significativo es el del concejal Eduardo Lima, dueño de Fazenda Pimenteiras, dedicado a la producción de castañas de cajú. Durante una inspección entre noviembre de 2022 y enero de 2023, las autoridades rescataron a 22 trabajadores, incluidos dos menores de edad. Las condiciones en la finca eran deplorables: los empleados dormían en el suelo y no tenían acceso a saneamiento básico. Lima acumula 315.000 reales en multas (unos 53.000 dólares) que hasta ahora se niega a pagar. El Código Penal brasileño tipifica el trabajo análogo a la esclavitud como aquel que involucra jornadas extenuantes, condiciones degradantes, trabajo forzado o restricciones de movilidad debido a deudas impuestas por el empleador. Sin embargo, la aplicación de la ley enfrenta obstáculos, especialmente cuando funcionarios y empresarios poderosos están implicados.
Temas
Brasil
Lo más popular
