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La motosierra de Javier Milei sigue avanzando. El Ministerio de Salud oficializó este viernes el despido del 40% de los trabajadores de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis, y Tuberculosis. El jefe de la cartera de Salud, Mario Lugones, ya había adelantado a principios de enero la intención de la administración de no renovar unos 1.400 contratos estatales.
Se trata de un organismo clave en la implementación de políticas de salud pública en la Argentina, establecida bajo la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).
Por otro lado, también fue despedida el 30% de la planta del personal de la Dirección de Vacunas, según publicó Ámbito.
La medida del Gobierno sigue la línea establecida por Lugones en materia de Salud. El ministro había adelantado, a inicios de enero, que desde su cartera no renovarían unos 1.400 contratos en el marco de un proceso de "reestructuración" y bajo el argumento de haber detectado irregularidades -no informadas- en los mismos.
La medida generó preocupación en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, que advirtió que se deja sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades. En ese sentido, desde la agrupación informaron que, en los últimos tiempos, existe un aumento notorio de los diagnósticos de VIH y Tuberculosis, por lo que "el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal".
Sobre los trabajadores despedidos, desde el frente detallaron que los mismos "no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país; de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención".
De esta manera, las críticas también recordaron que la Ley 27.675 responsabiliza al Gobierno de "garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población" y explicaron que la intención de delegar este rol a las provincias "atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad". Por último, el comunicado del frente concluyó: "La salud pública no puede ser desmantelada ni desfinanciada, ya que esto pone en peligro la vida de miles y miles de personas y aumenta la propagación de enfermedades".
La postura de la Fundación Huésped
La Fundación Huésped, organismo que se dedica a la prevención y el trabajo en contra de la propagación de enfermedades de transmisión sexual, criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la finalización de contratos en las direcciones de VIH y Vacunas.
El director ejecutivo de la fundación, Leandro Cahn, adelantó a la agencia NA que están "siguiendo el tema" y "analizarán los pasos a seguir, conforme vayan sucediendo los acontecimientos". "Nos enteramos que los trabajadores de la direcciones de VIH y vacunas del Ministerio de Salud de Nación tienen contrato sólo hasta el 31 de enero. ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe", habían planteado desde la fundación a través de un mensaje publicado en los últimos días previo a que se confirme la medida del Gobierno.
En este escenario, desde Huésped señalaron: "La dirección de VIH compra test, reactivos y ARV para miles de personas con VIH y Tuberculosis que se atienden en el sistema público. También asiste si hay problemas con obras sociales o prepagas, realiza campañas y analiza datos para determinar políticas".
En cuanto a la dirección de Vacunas, desde la fundación explicaron que la misma "se encarga de comprar, distribuir, gestionar brotes y monitorear casos"; también resaltaron que nuestro país "cuenta con uno de los Calendarios de Vacunación más completos de la región" y que, gracias a ese trabajo, el país logró "erradicar varias enfermedades".
A su vez, señalaron que eliminar ambas áreas sería "incumplir el derecho internacional", además de que es una acción "anticonstitucional y anticonvencional" debido a que iría en contra del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
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