El Cadillal: reparaciones (y pagos) a ciegas

En medio de una asordinada polémica por la forma en que se hace la obra y la plata que se va a gastar, el Gobierno anunció que las tareas de reparación definitiva de las grietas en el dique El Cadillal comenzarán en estos días y se extenderán por cinco meses. A dos años y dos meses del estallido del problema con las fisuras y oquedades, y tras haber gastado $ 1.100 millones por un trabajo que se declaró terminado pero hecho hasta el 50%, la incertidumbre se mantiene.

No se sabe cuánto falta hacer; no hay en la provincia una voz autorizada e independiente que diga cómo está el panorama y, al igual que a comienzos de 2023, se vuelve a acordar con la UTE de empresas cuestionada entonces y se compromete un desembolso siete veces mayor, $7.400 millones. Para más incertidumbre, se informa que por Decreto N° 4444/8, firmado el 30 de diciembre de 2024, se autorizó un pago extraordinario de $3.200 millones por obras adicionales ejecutadas entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre de 2023. En los considerandos del decreto 4444/8, las obras adicionales ejecutadas en noviembre del 2023, se hicieron “por haber detectado un peligro inminente de colapso parcial del núcleo de la presa, al observarse cavidades de gran magnitud”. No queda claro: ¿obras realizadas hace más de un año? ¿Ese dinero sale de los $7.400 millones, o con estos, además, se reparará el 50% de aquella tarea finalizada, rellenando las nuevas oquedades?

Hasta ahora se escucharon voces de los legisladores opositores José Seleme y Silvia Elías de Pérez, que piden que el ministro de Obras, Marcelo Nazur, vaya a dar explicaciones a la Legislatura. Seleme dice que esas obras adicionales, según la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda, “fueron realizadas sin instrumento legal previo que las autorice”. También objetó que, mientras el decreto N° 4444/8 indica que los fondos asignados se destinaron a trabajos ya ejecutados, el ministro Nazur aseguró que los recursos eran para iniciar nuevas reparaciones.

Mucho miedo, poco riesgo

Las filtraciones de El Cadillal han sido el parto de los montes: en diciembre de 2022 el Gobierno anunció que había riesgos por esas oquedades en la presa N° 3 –la que está al sur del dique central, a la altura de la rotonda de acceso-. Eso llegó a generar inquietud de que se fuese a romper esa valla, que desde hace 20 años tiene filtraciones e incluso una débil pérdida que circula por una zanjita que se pierde en el caserío y llega, bastante crecida, a un barrio ubicado dos kilómetros más abajo del embalse. Hasta se pensó que un quiebre del dique se podía llevar los puentes del río Salí e inundar la ciudad.

Tarea pagada, pero inconclusa

Después se dijo que no había riesgo de rotura, y se hizo el trabajo hasta mediados de 2023 cuando se informó que se había pagado todo lo comprometido pero que habían aparecido nuevas oquedades, y que la tarea estaba hecha hasta un 50%. La UTE Sabavisa-Mercovial -que había sido cuestionada por los legisladores opositores y por el fallecido constitucionalista Luis Iriarte-, dejó sus máquinas en la zona del embalse, probablemente en espera de que se hiciera nueva contrato. A comienzos del año pasado, el especialista Roger Bremen dijo que hay riesgo, ya que la cifra normal de asentamientos es 3 mm por año; en 2021 hubo 30 mm y en 2022 fueron 70. Por eso se pusieron límites a la cota máxima del embalse.

Con nuevo Gobierno nacional, toda tarea adicional y nueva obra quedó en la nada durante 2024, a pesar de que a comienzos de ese año el ingeniero civil Oscar Vardé, jefe de Inspección de Obra contratado por la Provincia, dijo que paralizar el trabajo era una aberración. “Aún no se sabe qué significativa es la parte que falta; hemos determinado cavidades de cierta magnitud”. En el informe del Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas), se señalaba que sobre 78 pozos a los cuales se debían aplicar inyecciones de cemento sólo se habían completado 39.

El año pasado las filtraciones quedaron en segundo plano. Sólo hubo advertencias de que no se debía permitir que subiera el nivel del embalse más allá de la cota 604. La alternancia de sequía y lluvias ayudaron y no hubo quejas de industriales, de productores ni de vecinos por falta de agua. En suma: el dique no se rompió y aunque había advertencias no hubo escasez de agua. Por ello el silencio político.

Responsabilidades

Pero en medio de todo esto quedaron oscurecidas las responsabilidades. La concesionaria Hidroeléctrica Tucumán, que había avisado en 2021 al Orsep del problema, para 2022 tenía un programa de reparaciones; sin embargo, a mediados de ese año dijo que tenía capacidad operativa y técnica para ejecutar la obra, aunque no capacidad económica financiera. Según el informe que el Orsep entregó a pedido de los legisladores opositores, el ente de control sancionó con una multa de $9,4 millones a la Empresa Hidroeléctrica por incumplimiento del Contrato de Concesión. Al mismo tiempo, el Gobierno, que querelló por su parte a la empresa para que le devuelva los $ 1.100 millones invertidos, consiguió, por una medida cautelar, que el dinero que la compañía energética Cammesa le paga a la concesionaria baje a una cuenta en el Banco Nación en plazo fijo, donde hay depositados $ 750 millones. El contrato de la concesionaria termina en julio de 2026 y no será renovado. Posiblemente la Provincia se haga cargo de los diques en Tucumán

En cuanto al Orsep, aunque el contrato de concesión dice que en caso de incumplimiento podrá optar por ejecutar las obras y trabajos por sí o encargar su ejecución a terceros, con cargos a la concesionaria, no lo hizo. En cambio, la concesionaria misma informó el 20/12/2022 que la Nación y la Provincia se estaban haciendo cargo del problema. En la secretaría de Energía de la Nación, entonces, estaba Santiago Yanotti, quien luego sería ministro de Obras en Tucumán. Para enero 2023, ya el gobernador Osvaldo Jaldo había firmado el decreto asumiendo la responsabilidad de la reparación y encargándola por contratación directa a la UTE.

Dicen los legisladores opositores que hay un “Fondo de Reparación indicado en el Art 18° del Contrato de Concesión destinado a sufragar los trabajos, obras y reparaciones que sean necesarias para preservar o restituir las condiciones de seguridad de los complejos hidroeléctricos cuando estas puedan ser alteradas por riesgos”. La Provincia podría haber exigido al Orsep y a la Nación hacerse cargo del problema. Pero no lo hizo. Ahora asume un nuevo compromiso de dinero. ¿Esperará que la Nación devuelva estos $ 7.400 millones, o intimará judicialmente a la Hidroeléctrica?

En cuanto a la UTE, a comienzos de 2023 era una opción no deseable para los legisladores opositores, que cuestionaron que tenía poca experiencia y que arrastraba conflictos judiciales en Mendoza. No obstante, el Registro de Constructores de la Provincia le dio el apto a la UTE para la ejecución de los trabajos, y polémica terminada.

Ahora los funcionarios dicen que quieren “que se reparen las grietas para que no haya ningún tipo de peligro y no se pongan en riesgo la cota del dique” (ministro de Economía, Daniel Abad). Pero, al haber obviado pasos, como hacer que los responsables asuman su carga –concesionaria, Orsep, Nación- ¿a quién reclamarán si la obra resulta mal hecha? Según el ex director regional del Orsep, Mateo Bauzá, hasta 2021 se había estado midiendo bien las filtraciones y ahora se están haciendo las reparaciones a ciegas, con control de la Dirección del Agua. Uno de los titulares del Tribunal de Cuentas, Sergio Díaz Ricci, dice que el tema, además, los excede, porque no tienen un técnico adecuado para examinar los trabajos. “Por eso la Provincia contrata un asesor externo”, dice, refiriéndose a Vardé. Claro, ante la incertidumbre, y ante la magnitud del daño que puede generarse en la presa, es lógico pensar que hay que hacer la reparación. Pero también quedan las dudas. ¿Es tan urgente? ¿Si no hay gente técnica capacitada, quién controlará que las obras estén bien hechas? Si no se sabe cómo son las oquedades, ¿cómo se determinó la cantidad de dinero que hace falta? Y finalmente, ¿cómo se controla ese gasto?