La restitución de las tierras de la Reserva Natural La Angostura a la Provincia es, por un lado, una prueba de que el Gobierno tiene la intención de reorganizar y recuperar los terrenos fiscales de las villas turísticas. Pero la Justicia descubrió y advirtió que personas vinculadas al Estado habrían colaborado para que se realizaran negocios inmobiliarios.
En octubre pasado, en una inspección de rutina, empleados descubrieron que desconocidos se habían apoderado de distintos sectores de una zona protegida por ley. Decenas de personas habrían sido engañadas por un grupo que podría haberse apoderado ilegalmente de unas tierras que luego habría comercializado utilizando papeles que no tendrían validez legal. La fiscal de Estado Gilda Pedicone planteó una estrategia judicial que comenzó con lograr una medida de no innovar para evitar que se continuaran vendiendo lotes y construyendo en los lotes ocupados. Después denunció penalmente al titular del proyecto inmobiliario y a toda persona que pudiera estar involucrada. Por último, logró que un juez ordenara la restitución de las tierras.
Los resultados de esa tarea generaron repercusiones políticas inmediatas. El gobernador Osvaldo Jaldo, que cada tanto recuerda que durante su gestión defenderá la propiedad privada y pública, anunció la eliminación de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, cuyo ex titular y dos empleados están siendo investigados por el caso de El Mollar. El titular del Poder Ejecutivo también advirtió que no protegerá a nadie y que ex y actuales funcionarios deberán responder por sus actos. Esas palabras se conocieron luego de que el juez que dispuso la restitución de las tierras ordenara al Ministerio Público que ahondara la investigación en contra del comisionado rural de El Mollar Jorge Cruz. Por último, el mandatario anunció la creación de una Unidad que analizará el destino que tuvieron las tierras fiscales en los últimos 10 años de El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha, Colalao, San Javier, Raco, El Cadillal y San Pedro.
Son las principales villas turísticas de la provincia y los sitios que, desde hace años, son noticias por las usurpaciones que generan un crecimiento desproporcionado y desordenado en localidades donde debería reinar el orden para conservar sus bellezas, que tanto atrae al turismo. Queda mucho camino por recorrer, incluso en la misma Reserva La Angostura hay una confitería con comercio; un club de fútbol; un emprendimiento de servicio de pesca y un barrio privado que no deberían estar allí.
La tarea de reordenar las tierras fiscales será titánica. Pero al menos hay una intención concreta de poner fin al festival de usurpaciones e irregularidades que se concretan en las principales villas turísticas de la provincia. En 100 días, el Poder Ejecutivo (al asumir como querellante en la causa) acompañó al Poder Judicial para que se cumpliera con el objetivo de recuperar las tierras fiscales. Era el avance que necesitaba el Estado para recuperar la credibilidad de los tucumanos en esta problemática que tanto daño genera.