Por Gustavo Rodríguez
28 Marzo 2025
La liberación de las tierras del “Loteo Gaucho Castro” comenzó a ser una realidad. En las últimas horas, el propietario de una de las viviendas construidas en la Reserva Natural La Angostura, desarmó la casa prefabricada que había levantado en el lugar. Esta era una de las medidas que debía cumplir para evitar un proceso judicial. Aún no hay novedades de lo que ocurrirá con las otras construcciones y se espera que la semana que viene se realice la audiencia para acusar a los responsables del emprendimiento.
En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que las tierras de esa área protegida estaban ocupadas. Entre otros emplazamientos, descubrieron que desde 2020 se estaba desarrollando un proyecto inmobiliario.
En noviembre, la fiscal de Estado Gilda Pedicone logró que la Justicia dictara una medida de no innovar para frenar las usurpaciones, la venta de tierras y las edificaciones de viviendas.
Los primeros días de enero, policías que custodiaban el lugar para asegurar el cumplimiento de la orden, descubrieron a Luciano Bolla y a dos obreros realizando trabajos de albañilería. Los tres fueron aprehendidos y procesados por desobediencia judicial, aunque a los dos trabajadores, en una audiencia de impugnación, se les otorgó la libertad y quedaron despegados de la causa.
Bolla estuvo varias semanas tras las rejas, pero su defensor alcanzó un acuerdo con el fiscal Miguel Varela y José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado que tiene el rol de querellante en la causa, para acceder a una probation, es decir realizar una serie de medidas para evitar un proceso penal.
Tareas comunitarias
Para acceder a ese beneficio, el acusado se ofreció a realizar tareas comunitarias de mantenimiento y limpieza en el Hospital de Aguilares y a efectuar donaciones mensuales de leche y pañales para bebés prematuros en la Sala Cuna de San Miguel de Tucumán durante dos años. Por pedido del representante de la Provincia, también aceptó a levantar la casa que había instalado. Ayer las autoridades confirmaron que había cumplido con esa parte del acuerdo.
Por otra parte, Varela continúa sumando indicios en contra de los acusados de haber usurpado y comercializado las tierras de la Reserva Natural. Es muy probable que la semana que viene se realice la audiencia de formulación de cargos.
Según su teoría, varias personas se unieron para usurpar las tierras y valiéndose sus contactos en el Estado, vendían los terrenos y luego habrían fraguado documentación para otorgarle un cierto monto de legalidad. A Juan Pablo Castro, que aparece como titular del emprendimiento, lo habrían convencido para que comercializara las tierras. Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro (empleados de la desaparecida subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat habrían intervenido como desarrolladores. Fernando Rógel Chaler (ex titular de la repartición) y Jorge Cruz (comisionado rural de El Mollar), habrían realizado maniobras irregulares para “legalizar” el loteo. Jessica Mamaní (nuera de Trujillo) y Damián Romano (nieto de Castro) habrían participado como vendedores.
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