El nuevo acuerdo con el FMI: la reforma impositiva debe ser integral

Si hay algo que la gestión del presidente Javier Milei sostendrá a rajatabla eso es el equilibrio fiscal. Por eso mantiene encendida la motosierra. El ajuste ha sido la llave que le abrió la puerta para que la Argentina acceda a un nuevo Programa de Facilidades Extendidas que, más allá del envío de fondos y de un nuevo esquema cambiario, contiene otras condicionalidades profundas.

Al aprobar el nuevo acuerdo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó la necesidad de fortalecer la calidad y la sostenibilidad de ese ancla fiscal a través de una disciplina continua en el gasto público, mejoras en la eficiencia y una secuencia adecuada de reformas en los sistemas tributario, de coparticipación federal y previsional.

Además, el programa contempla el tratamiento de una reducción gradual de los llamados impuestos distorsivos, como los gravámenes sobre exportaciones y transacciones financieras, que serán reemplazados por tributos directos más simples y mejor administrados sobre hogares y empresas. Entre las reformas previstas se incluye la armonización del monotributo, la simplificación del impuesto a las ganancias corporativas, y la revisión de los gastos tributarios, que actualmente representan el 3,5% del PBI y benefician a sectores y regiones específicas.

A nivel provincial, se buscará eliminar gradualmente los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, y mejorar la valuación de activos inmobiliarios y tierras, especialmente en el sector agropecuario. También se impulsará una reforma del sistema de coparticipación federal y se promoverán marcos de responsabilidad fiscal para alinear incentivos entre los distintos niveles de gobierno.

En paralelo, se profundizarán reformas estructurales destinadas a fortalecer la apertura de la economía, flexibilizar los mercados de bienes y trabajo, mejorar la eficiencia del Estado y dotar de mayor previsibilidad al marco regulatorio. Estas iniciativas también contemplan el alineamiento de los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos con los estándares internacionales.

Durante el plenario de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), realizado a principios de mes en Neuquén, los ministros de Economía de las provincias plantearon al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, que el freno al consumo venía golpeando con dureza las recaudaciones en cada uno de sus distritos. El mayor impacto es en Ingresos Brutos, la gallina de los huevos de oro en los ingresos subnacionales y que representa el 80% del dinero que, mes a mes, recaudan las direcciones de Rentas. Más preocupante ahora es la reformulación del esquema de distribución de los fondos coparticipables, un debate que viene incumpliéndose desde hace tres décadas, de acuerdo con la cláusula constitucional establecida en la reforma de 1994. El argumento más usado para no tratar esa iniciativa es que ningún distrito quiere perder su porción de la torta, mucho menos la Nación, pese a que transfirió los servicios esenciales a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La coparticipación federal viene arrastrando cinco meses consecutivos de crecimiento real, tres de ellos a tasas de dos dígitos. Este comportamiento compensa la caída en las recaudaciones provinciales. En marzo, por ejemplo, la variación promedio en el país ha sido del 16,4%. Abril es un mes de transición. En mayo y en junio, los gobernadores hacen la diferencia porque ingresa más coparticipación, por los vencimientos de Ganancias y de Bienes Personales.

Mientras el Gobierno nacional intenta generar más competitividad para el sector privado en base a una simplificación de las cargas tributarias, las provincias intentan ampliar la base imponible y sumar más contribuyentes que hoy están en la informalidad, para que la baja recaudatoria sea inferior a la actual.

En Neuquén, los ministros provinciales consultaron a Guberman si es que la Nación tiene definido un esquema de compensación en caso de avanzar con las modificaciones impositivas. No hubo afirmación alguna. “Nada puede hacerse aisladamente. Si se presenta una reforma tributaria nacional, con en base en el IVA y en Ganancias para eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales, deberá haber un sistema que implique que nadie perderá ingresos”, indicó a LA GACETA el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. 

En este punto, el secretario de Hacienda de la Nación expuso que no se recibirá menos recursos que los actuales. En las semanas previas a la firma del acuerdo con el FMI, se habló acerca de la creación de un superIVA y de un impuesto al consumo final, en el que las provincias competirían entre sí para establecer la carga fiscal real. Lo que sí hay certezas es que, antes de las elecciones parlamentarias de octubre, será difícil tocar el esquema de recaudación. 

“No escapamos a una reforma tributaria pero, como dije antes, debe ser integral, con reglas de juegos claras para la Nación, para las provincias y para los municipios que recaudan”, acota Abad.

LAS CONDICIONALIDADES DEL FMI

- El organismo internacional recomendó a la Argentina que realice una reforma tributaria neutra respecto de los ingresos que mejore la equidad y la eficiencia del sistema fiscal.

- Otra de las metas pasa por la eliminación de todos los fondos fiduciarios (con la excepción del destinado a subsidios de gas residencial). Este es un proceso que la gestión de Javier Milei puso en marcha hace tiempo.

- El Fondo reclamó un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley Bases, junto con lineamientos y un plan para su privatización y concesión. El caso más emblemático ha sido el del Banco Nación.

- Otro punto se vincula a la asistencia social. En este caso se pide completar la base de datos administrativas para generar un registro único que focalice la ayuda social.

- Asimismo deben analizarse opciones para reformar el complejo sistema de distribución de ingresos entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Eso está contemplado en los sucesivos Consensos Fiscales.

- Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto 2026, manteniendo la meta del déficit cero, con un marco fiscal de mediano plazo, y un estado de riesgo fiscal detallado y posibles escenarios adversos.

- El Fondo Monetario Internacional reclama también a la Argentina que presente en el Congreso nacional un informe de diagnóstico y una propuesta de reforma de jubilaciones y pensiones.

- Finalmente, se exige que el Gobierno sostenga su programa de racionalización de entidades extrapresupuestarias ineficientes, no sólo para mejorar su gobernanza, sino también para generar ahorros.