Acusan a una joven santiagueña de utilizar datos de cinco gobernadores para contrabandear ropa

Se trata de un caso que no tiene antecedentes en la historia policial del país. Una joven santiagueña fue acusada de utilizar los datos de cinco gobernadores argentinos para poder importar prendas de vestir de Estados Unidos que luego comercializaba. La cantante e influencer ahora afronta cargos de contrabando simulado en cinco jurisdicciones diferentes. En Tucumán, quedó a un paso de que el juez José Manuel Díaz Vélez la procese por ese delito que contempla una pena de cumplimiento efectivo.

En noviembre pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo descubrió que había recibido al menos tres notificaciones de que había realizado tres compras en una tienda de Miami, EE.UU. Después de realizar las averiguaciones correspondientes y confirmar que nadie de su entorno había utilizado su cupo de importación, realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía federal que conduce Agustín Chit.

“Mantuvimos el caso en reserva porque no queríamos entorpecer el trabajo que debía realizar la Justicia Federal. Entendíamos que si tomaba estado público podría generar inconvenientes”, explicó Jaldo en una entrevista con LA GACETA. El dirigente tranqueño hizo todo lo que tiene que hacer un ciudadano común en este tipo de caso. Realizó la denuncia, la ratificó a través de una videoconferencia y aportó todos los elementos necesarios para que la pesquisa pudiera avanzar.

Fuentes cercanas al gobernador indicaron que en su declaración, el titular del Poder Ejecutivo había informado cómo había descubierto la maniobra y por qué había descartado que alguien de su entorno familiar haya sido el responsable de la maniobra. “Es una locura lo que pasó y lo que surgió después, más. Es un llamado de atención para todos”, añadió. 

La investigación

Chit inició la pesquisa buscando los movimientos de la santiagueña. Así, con la colaboración de la Dirección General de Aduanas, se confirmó que la persona investigada había utilizado la identidad, el número de documento y la dirección del domicilio fiscal del gobernador Jaldo. Ella, haciéndose pasar por él, compraba la ropa que luego recibía en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. Con la colaboración del juez Díaz Vélez pudo avanzar rápidamente con la causa.

Pero al recibir los informes, descubrió que la sospechosa había hecho lo mismo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan) -y no Claudio Poggi (San Luis) como se había informado en un principio- también habrían sido damnificados por la influencer santiagueña.

Jaldo y Kicillof fueron los únicos que había descubierto esa irregularidad por una sola razón: uno es contador público nacional, el otro economista y saben de una notificiación que recibieron de Aduana. El tucumano, se presentó en la Justicia Federal y, el bonaerense, en la ordinaria de su provincia. Los otros tres se enteraron por boca del fiscal Chit.

La maniobra fue bastante particular. La acusada sólo utilizaba los datos de los mandatarios para poder importar ropa. Lo hacía valiéndose únicamente de sus informacios personales para realizar la operatoria que está debidamente reglamenta y cupificada. Nunca utilizó las tarjetas de créditos o el capital de los damnificados para realizar la compra de mercadería.

El fiscal Chit, con la autorización del magistrado interviniente, realizó un allanamiento en el departamento que Olguín ocupaba en el barrio de Núñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la medida secuestró varios elementos que servirían para complicar procesalmente a Olguín. Personal de la Policía Federal secuestró dispositivos electrónicos, prendas de vestir y dinero en efectivo.

Según trascendió, al analizar los dispositivos electrónicos decomisados, los pesquisas habrían sumado indicios para sospechar que la joven habría estado buscando los nombres de otros gobernadores y personalidades públicas.

Declaración

Al sumar las suficientes evidencias, Olguín fue citada a declaración indagatoria. En el interrogatorio, la sospechosa asistida por la abogada santiagueña Claudia Paz, no sólo habría confirmado ser la autora, sino que además explicó cómo podría haber conseguido los datos. De acuerdo a fuentes del juzgado que conduce Díaz Vélez habría señalado que consiguió esa información en Google.

También habría declarado que utilizó ese mecanismo después de haberse agotado el cupo personal, de sus familiares y amistades. Entonces se le ocurrió utilizar el “crédito” de los funcionarios. La versión no terminó de cerrar entre los investigadores. Los especialistas creen que podría haber elegido esta estrategia por una sola razón. A su entender una encomienda a nombre de un gobernador no pasaría el proceso de averiguaciones que puede durar varias semanas y jamás sería retenida, que puede suceder. “Es la ecuación perfecta, pero muy audaz”, le dijo un operador a LA GACETA.

Pero más allá de las dudas y especulaciones, lo único concreto es que Díaz Vélez deberá resolver la situación procesal de Olguín. Además, el fiscal Chit remitió las actuaciones a sus colegas de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y La Pampa para que iniciaran la investigación en contra de la santiagueña, ya que sólo seguirá el proceso que se inició con la denuncia de Jaldo.

Contrabando simulado: la santiagueña puede recibir una pena de entre dos y ocho años de prisión

La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín fue acusada de haber cometido el delito de contrabando simulado. El inciso e del artículo 864 del Código Aduanero establece que una persona que “simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico” está cometiendo un delito. Contempla una pena de entre dos y ocho años de prisión, es decir, que puede ser de cumplimiento efectivo. En este caso, la sospechosa utilizaba datos de cinco gobernadores para importar ropa desde Miami, Estados Unidos que luego comercializaría al menos en Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires. Operadores de la aduana y funcionarios judiciales confirmaron que muchos tucumanos “prestan” sus datos para que otros puedan comprar mercadería en el exterior sin saber que podrían afrontar un delito.