Me dirijo a usted como ciudadano profundamente preocupado por la crítica situación del tránsito en San Miguel de Tucumán y sus alrededores. A diario somos testigos de conductores -tanto de autos como de motos- que ignoran por completo las normas de tránsito, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Es habitual ver motos circulando sobre veredas, a contramano o esperando la luz verde directamente sobre la senda peatonal, lo que obliga al peatón a esquivarlas incluso en los espacios que le corresponden por ley. Del mismo modo, muchos automovilistas estacionan en doble fila, no respetan semáforos y aceleran sin importar los límites de velocidad. Una de las causas de este descontrol es la ausencia de consecuencias reales. A diferencia de ciudades como Córdoba o Bariloche, donde las infracciones son penalizadas con multas importantes y sistemas de fotomultas activos, en Tucumán parece que violar la ley no tiene costo. La falta de cámaras de fiscalización, controles eficientes y una política de tránsito seria han contribuido a esta anarquía vial. La situación se agrava fuera del área metropolitana, donde la legislación y el control son aún más laxos. En estas zonas, los conductores actúan con total impunidad, sin considerar al peatón ni a las normas básicas de convivencia vial. Las cifras son alarmantes: en 2024, 335 personas murieron en Tucumán por siniestros viales, según cifras de la ONG Luchemos por la Vida. Es la primera causa de muerte en menores de 35 años. Además, el Estado gasta más de $17 millones diarios en atención médica por accidentes de tránsito, sin contar los gastos indirectos como traslados y tratamientos de largo plazo. En 2024, se atendieron 13.000 lesionados en choques, y el costo de atención de un accidentado vial en Tucumán puede llegar hasta $1,5 millón por día. El parque automotor en Tucumán continúa creciendo, con una proyección de incremento para 2025 que alcanzaría el medio millón de vehículos a nivel nacional. Sin embargo, la infraestructura y las políticas de control no acompañan este crecimiento, lo que contribuye al aumento de siniestros viales. Es evidente que las campañas de concientización actuales no están dando resultados. Se invierten sumas significativas en iniciativas que no logran cambiar la conducta de los conductores ni reducir los accidentes. Es necesario replantear estas estrategias y enfocarse en medidas efectivas y sostenibles. La solución no pasa por quitar el carnet de conducir, ya que muchos siguen manejando sin papeles. Se requiere una legislación más estricta y una aplicación rigurosa de las normas, con sanciones que realmente disuadan las conductas peligrosas. Este es un problema que lleva años sin resolverse y que se agrava con el tiempo. Es hora de que nuestros políticos, como el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta Rossana Chahla, el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, y otros funcionarios responsables, tomen cartas en el asunto y prioricen la seguridad vial en su agenda. La falta de acción y compromiso por parte de las autoridades es inaceptable. No podemos seguir permitiendo que la negligencia y la indiferencia cuesten vidas humanas.
Antonio Orlando Romero




















