Tristes postales de la Argentina cruel

Un médico residente del Garrahan, hospital pediátrico de referencia en Hispanoamérica, trabaja un promedio de entre 60 y 70 horas semanales a cambio de un salario que oscila entre los 780.000 y los 900.000 pesos. Piden un aumento, les dicen que no e implementan una medida de fuerza. El Gobierno expresa entonces que podrían hablar de un incremento por “productividad”. ¿Cómo se mediría esa “productividad”? ¿Inflando la ya de por sí voluminosa carga, que llega a las 14 horas por día de lunes a viernes? ¿Atendiendo más pacientes durante el mismo turno? Entonces el Ministerio de Salud de la Nación cambia el eje del debate y sostiene que en realidad lo que hay en el hospital son muchos administrativos -más de 900- y pocos médicos. Los huelguistas replican que es mentira, y que los administrativos no llegan a 500. En lo que todos están de acuerdo es que la situación viene redundando en el éxodo de profesionales: los especialistas de planta -entre los que figuran muchos de los pediatras más prestigiosos del país- ganan 1,8 millón. Se están yendo del Garrahan. Todos pierden en esta ecuación, empezando por los niños-pacientes. Es una postal de la Argentina cruel.

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Amnistía Internacional; La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; el Centro de Estudios Legales y Sociales; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad figuran entre las entidades que denunciaron al Gobierno nacional ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La presentación recalca que el Estado modificó por decreto el año pasado (843/24) los requisitos para acceder a una pensión por discapcidad, y son precisamente esos requisitos los que se denuncian por inconstitucionales. El Gobierno afirmó que numerosas pensiones habían sido otorgadas de manera irregular e implementó una auditoría, cuyos resultados se desconocen. En medio de ese tira y afloja quedaron cientos de miles de ciudadanos, que a la discapacidad que padecen le sumen angustia pensando en lo que vendrá.

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Esto no es todo. La motosierra provocó una cancelación masiva de coberturas y prestaciones en el área de discapacidad, provocadas por el congelamiento de los honorarios de los profesionales y un retraso en los pagos que llega a extenderse durante meses. Un ejemplo es el de los acompañantes terapéuticos, imprescindibles para los chicos diagnosticados con algún grado de Trastorno del Espectro Autista (TEA). Representantes de la ONG TEAactiva especifican que uno de cada 31 niños reviste esa condición en la Argentina.

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TEAactiva fue una de las numerosas entidades que marcharon el jueves en todo el país, movilización que -subrayaron- “fue un reclamo social, no político”. Lo que se pide es la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad que regiría hasta diciembre de 2027. La norma tiene dictamen de comisión en Diputados y podría tratarse el miércoles en el recinto, aunque el Gobierno nacional ya anticipó su oposición. Por medio de ese instrumento se garantizaría el cumplimiento en tiempo y forma de las prestaciones, además de la regularización de las pensiones y el acceso al empleo -mediante incentivos a las empresas-. En otras palabras, la plena protección de uno de los sectores más vulnerables de la ciudadanía, víctima en estos momentos del ajuste. En la otra vereda, directivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, manifestaron que no apoyarán ninguna ley que afecte el objetivo de déficit cero. Otra postal de la Argentina cruel.

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Otra de las marchas masivas y federales concretadas durante esta semana nucleó al sector científico. “Nos encontramos en un punto de no retorno: transcurridos ya 17 meses del actual Gobierno nacional, el sistema científico padece una situación crítica que costará muchísimo revertir”, sintetizó el discurso oficial de los actos realizados en numerosas ciudades, incluida San Miguel de Tucumán. El reclamo es múltiple: la paralización, desde diciembre de 2023, de las designaciones de quienes ya habían accedido, por concurso público, a la Carrera del Investigador Científico del Conicet; la crisis salarial de investigadores, becarios y docentes; el éxodo imparable de científicos que se registra en los institutos; el deterioro de valiosísimo equipamiento, a causa de la falta de fondos para el mantenimiento; el pago en tiempo y forma de las asignaciones que le corresponden al sector científico, tecnológico y universitario. La muestra más contundente de esta política de desmantelamiento de la ciencia en la Argentina -expresaron en cada marcha- es la desaparición de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, “que constituye el corazón del financiamiento de investigaciones científicas y tecnológicas en el país”. Más postales de la Argentina cruel.

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“El presidente Milei, mediante el decreto 346/25 del pasado 21 de mayo, ha dispuesto la disolución de los Institutos Nacionales Belgraniano, Browniano y Newberiano (...). Pareciera ser que no se ha evaluado que la conformación de tales institutos lo era con prestigiosos historiadores que cumplían su función ad-honorem, de carácter apolítico y con la misión de mantener vigente el pensamiento de tales próceres (...) Esta tarea educativa se llevaba a cabo con escasos recursos del Estado, casi nada, insignificantes, sin absolutamente ningún peso en el presupuesto nacional (...). Pero lo más grave es el vacío que queda por esa medida. Es que la falta de instituciones estaduales especializadas en investigar y difundir la vida y obra de Belgrano, Brown y Newbery va a repercutir negativamente en un aspecto crucial de la educación, cual es, básicamente, la formación de ciudadanos que honrando la herencia de los próceres imiten sus ejemplos de esfuerzo y generosidad. (...) Es preciso traer a colación nuevamente a Alberdi. Educar e instruir para construir una nación verdaderamente libre, requiere de los ejemplos de nuestros próceres, sobre todo de Belgrano”. (Félix Montilla Zavalía, Doctor en Derecho Público e Historiador, en LA GACETA)

Postales de una Argentina tan cruel que hasta apuesta por el silenciamiento de sus prohombres, esmerilando nuestra propia identidad.

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¿Qué hace el INTA?, preguntó -retóricamente, ¿cruelmente?- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mientras anunciaba una motosierra en el organismo resistida por los mismos directivos que el Gobierno nombró.

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Según Nietzsche, la crueldad es uno de los placeres más antiguos de la humanidad. Está de moda en la Argentina, dirigida a un conjunto de colectivos (la ciencia, la cultura, los discapacitados, ni hablar de los jubilados) a quienes une una condición: la vulnerabilidad. Será por eso que ser crueles con ellos se disfruta más.