Desarticulan una red narco que operaba dentro del penal Federal de Güemes

Ocho internos del Complejo Penitenciario Federal de General Güemes, en la provincia de Salta, fueron imputados junto con una mujer tras una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas desde el interior del penal. El líder de la organización sería un condenado por haber ingresado droga a Tucumán desde Orán; y uno de los colaboradores fue por el Tribunal Oral Federal de Tucumán por tenencia de drogas con fines de comercialización. También, quedaron bajo la mira funcionarios del Servicio Penitenciario de Güemes, sospechados de haber colaborado con los imputados.

El caso es dirigido por el fiscal general, Eduardo Villalba, a cargo de la Fiscalía de Distrito de Salta. La investigación se inició hace un año y medio, aproximadamente, luego de que el 1 de enero de 2024, Cristian Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico, se diera a la fuga del penal sin haber sido recapturado hasta el momento.

A raíz de este hecho, se agudizaron las pesquisas y se secuestraron decenas de celulares, lo que permitió evidenciar que en dicho Complejo Penitenciario funcionaba una banda que manejaba el ingreso y comercialización de estupefacientes dentro del penal.

Según surge del expediente, el grupo operaba de manera organizada, con roles definidos. Su líder era Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, quien fue condenado en septiembre de 2022 por el TOF de Salta por transportar estupefacientes. El hombre era conocido por ingresar droga a Tucumán desde Orán. Su principal colaboradora era su pareja, Analía Ivana Astigueta, quien -siguiendo la teoría fiscal-, habría aprovechado su libertad para buscar droga de la zona fronteriza con Bolivia e ingresarla al penal durante sus visitas.

El pasado jueves se realizó una audiencia en la cual la auxiliar fiscal, Roxana Gual, y la fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi, formularon cargos en contra de Rodríguez (como presunto organizador del delito), y de Eusebio Juan Antonio Bilaja (cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Franco Emanuel Chaile y Miguel Hernán Olmos (condenado en diciembre de 2024 por el TOF de Tucumán a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización). Los nueve fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención.

Ardua investigación

Las representantes de la Fiscalía explicaron que, para identificar a los implicados, se valieron de diversas evidencias, entre las que se mencionó intervenciones telefónicas, los aportes de un imputado colaborador y la denuncia de un funcionario del SPF. Indicaron que, desde el inicio del caso, en febrero del 2024, se hicieron numerosos allanamientos, lo que dejó un saldo de más de 250 teléfonos secuestrados, lo que derivó en la apertura de otras 126 investigaciones que están en curso.

En cuanto a la participación de los imputados, dijeron que, tras ser identificados, se intervinieron las líneas que usaban, principalmente Rodríguez y Astigueta, de las cuales surgieron evidencias de prácticamente todo el armado delictivo.

En los diálogos captados, los internos imputados se referían a Rodríguez como “El Patrón”, ya que daba las órdenes de todo del manejo interno de la droga, la que llegaba por medio de Astigueta durante sus visitas al penal, en las que también pasaba los teléfonos. Bilaja, por su parte, habría sido el encargado de acondicionar el estupefaciente para su ingreso al penal, siguiendo las instrucciones que le daba Rodríguez por teléfono sobre cómo debía preparar la droga para que pase los controles. El resto de los internos imputados participaban, ya sea en calidad de revendedores de la droga, o bien, a cargo de la distribución.

Los investigadores también lograron establecer que cada envoltorio de cocaína era vendido en una suma estimada en $10.000 e informaron que las transferencias de pago que impactaban en la cuenta de Astigueta oscilaban en sumas de $100.000 a $200.000.

Respecto a cómo se hacía la distribución de la droga, remarcaron que los presos solían hacerlo en lugares específicos, como el de la escuela, la capilla, el taller y el sector funcional, ya sea bajo la modalidad de pasamano. En otros casos, la dejaban en huecos que hacían el piso o las paredes.

Registro fílmico

El pasado 10 de junio se realizó un allanamiento múltiple dentro del penal, en el que participaron 300 efectivos de Gendarmería Nacional. En paralelo se practicó la misma medida en la casa de Astigueta, en Orán, se secuestraron cinco celulares de diferentes marcas, un pendrive, una cámara de fotos, dos computadoras portátiles, un rifle tipo fusil con mira, una moto, una balanza, 15 troqueles de líneas de celulares, dos libretas con anotaciones y documentación referida a los pagos recibidos por el “negocio” y un vehículo en el que la imputada se movía para llevar la droga al penal.

Durante la audiencia, las auxiliares fiscales exhibieron dos videos capturados por un dron. En uno se observa como los internos descartaron celulares y se vio una nube de polvo blanco en el momento en el que arrojaron la droga. En el segundo se ve a los acusados cuando fraccionaban la droga dentro de una celda.

Finalmente, por pedido del MPF, la jueza federal, Mariela Giménez, impuso la prisión preventiva a todos ellos, ordenó su traslado a otras unidades y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el congelamiento de cuentas bancarias de Astigueta y otros internos.

Sospecha de corrupción: el Ministerio Público Fiscal no descarta que la banda haya recibido ayuda de funcionarios

El descubrimiento de esta banda puso en la mira a los empleados del Servicio Penitenciario Federal. “Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal, Roxana Gual.

De tres a 10 años: las condenas de los internos imputados

Siete de los condenados que formarían parte de la banda narco recibieron entre 2022 y 2025 penas de entre tres y 10 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, robo y secuestro extorsivos. Sólo uno de ellos, César Acosta, tiene un proceso penal pendiente de abril del 2024, en una causa por la Ley de Drogas.