28 Junio 2025
La Primera Jornada Anual de Caña de Azúcar, organizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en Concepción, incluyó la exposición sobre quema de vegetación y el marco normativo. Este espacio estuvo a cargo de Facundo Moreno Majnach, subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia, quien presentó los aspectos legales y de regulación sobre esta práctica en la actividad cañera. Lo hizo bajo el título “La quema de caña: un riesgo legal y ambiental que podemos evitar”.
Desde 2004, en Tucumán está vigente la normativa que prohíbe la quema de toda vegetación, incluidos los cañaverales. Actualmente, la Ley 6.253 y su decreto reglamentario establecen que la quema de caña o rastrojos constituye una infracción administrativa, sancionada con multas que oscilan entre cinco y 500 veces el sueldo básico. Si se verifica algún agravante, como realizar quemas cerca de zonas urbanas, aeropuertos o líneas de alta tensión, las penas pueden ser más severas. La autoridad encargada de hacer cumplir esta normativa es la Dirección de Fiscalización Ambiental, que depende de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
¿Puede ser un delito?
La quema de caña también puede configurarse como un delito contra la seguridad pública. El artículo 186 del Código Penal sanciona con prisión a quienes provoquen daños mediante incendio o destrucción de bosques, viñas, olivares, cañaverales, entre otras áreas.
El fuego no solo vulnera la normativa vigente, sino que además perjudica la productividad de los suelos, la seguridad vial, el tránsito de energía y, por supuesto, el ambiente en general. La quema genera emisiones contaminantes, deteriora la calidad del aire y pone en riesgo a las comunidades.
El Gobierno, en conjunto con la Mesa de Gestión Ambiental -que reúne a actores e instituciones públicas y privadas- establece certificaciones que validan las buenas prácticas agropecuarias, como LocalGap. Así, muchos productores ya implementan técnicas de cosecha en verde, sin uso de fuego, respaldados por esta certificación.
LocalGap exige el cumplimiento de estrictos protocolos de buenas prácticas, entre ellos la prohibición del uso de fuego en la cosecha y en el manejo de residuos posteriores. Esto no solo ayuda a prevenir sanciones, sino que protege al productor frente a quemas accidentales o vandálicas, ya que acredita que la actividad se desarrolló sin fuego y con medidas preventivas eficaces.
Además de constituir una prueba administrativa sólida, la certificación contribuye a mejorar la productividad y la sostenibilidad del cultivo. La quema reduce el rendimiento y la calidad de la caña, degrada el suelo y daña el entorno. La certificación es una forma concreta de demostrar el compromiso del productor con prácticas responsables y sostenibles.
A fines de 2024, el secretario de Producción, Eduardo Castro, reconoció a productores que alcanzaron en total unas 60.000 hectáreas certificadas bajo esta norma, destacando el crecimiento de una agricultura cada vez más consciente y comprometida.
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