YPF: Burford rechazó apoyo de EE.UU. a Argentina y exige cobrar U$S 16.000 millones
El bufete inglés presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores”, sostuvieron desde Burford.
Burford Capital, el fondo de inversiones británico que litiga contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, volvió a apuntar contra el gobierno de Estados Unidos. En una presentación judicial ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, cuestionó el reciente apoyo oficial de Washington a la Argentina en la causa, y reiteró que el país deberá pagar una suma de al menos U$S 16.000 millones.
El escrito solicita que la Corte rechace el ingreso del gobierno de EE.UU. como amicus curiae en la causa. Desde Burford argumentaron que la postura estadounidense es “sumamente inusual” y que se basa “en premisas erróneas”. La presentación, de diez páginas, busca desmentir los puntos del Departamento de Justicia, que la semana pasada intervino a favor de la posición argentina.
“No aporta nada sustancial”
“El gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso —errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, argumentó Burford.
Además, cuestionaron con dureza el impacto que el apoyo de EE.UU. tuvo en la opinión pública argentina: “La prensa y los funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”. Según sus cálculos, la suma total, con intereses, ya supera los U$S 17.500 millones.
“Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, indicaron desde Burford.
Fallo en suspenso
El planteo se da en la antesala de una resolución clave que debe tomar el tribunal esta misma semana: si se suspende o no el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino como parte de pago de la condena.
El gobierno argentino, por su parte, considera que la intervención del Departamento de Justicia no representa la visión estratégica de la política exterior de EE.UU., sino que se trata de “funcionarios de bajo rango”. Sin embargo, fuentes judiciales subrayan que no es un gesto menor.
EE.UU. y la inmunidad soberana
La presentación estadounidense fue firmada por Jay Clayton, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, su asistente. En ella, sostienen que Argentina podría sufrir un daño irreparable si se obliga a entregar las acciones sin esperar el resultado de la apelación, y destacan la importancia de respetar los principios de inmunidad soberana extranjera establecidos por la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA).
“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera (…) Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de EE.UU. y sus bienes en tribunales de otros países", expresaron los fiscales.
También señalaron que obligar a Argentina a constituir una fianza implicaría localizar activos en EE.UU., lo que podría derivar en embargos.
Un antecedente de 2019
Desde la Procuración del Tesoro —a cargo de Santiago Castro Videla— recordaron que en 2019, durante las presidencias de Mauricio Macri y Donald Trump, la Corte Suprema de EE.UU. también pidió opinión al gobierno norteamericano sobre la inmunidad de jurisdicción que invocaba la Argentina. En aquella ocasión, Washington se pronunció en contra del país.
El conflicto entre Burford y el Estado argentino por YPF lleva más de una década. Lo que está en juego, ahora, no solo es una suma multimillonaria, sino también el principio de inmunidad de los Estados ante los tribunales extranjeros, un tema que vuelve a tensar las relaciones diplomáticas y financieras en el escenario global.






















