Por Juan Manuel Montero
24 Agosto 2025
Desde la audiencia preliminar celebrada en mayo de 2024, el juicio oral y público contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y otros tres ex funcionarios de la UNT, Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-, desembocó en un debate marcado por acusaciones de corrupción estructural, desvío de fondos y maniobras administrativas ilegales, más las los fuertes testimonios tanto de los acusados como los de sus defensores pregonando su inocencia y asegurando que ninguno de los cuatro se llevó un peso de los millones que llegaron desde YMAD, y que todo se utilizó para hacer obras.
Tras casi 16 meses de testimonios, pruebas y alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, y la querella, en manos primero de Rodolfo Burgos y luego de Patricio Esperguín, solicitaron condenas para todos los implicados. Las defensas, en manos de Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen (por Cerisola), Alfredo Falú (por Cudmani), Víctor Taleb (por Sacca) y Mariano Galleta y Pamela Tenreyro (por Venturino), pidieron la absolución para todos. La sentencia se conocerá el martes, día que los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, pusieron como límite para dar por terminadas las audiencias.
El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obra Pública. Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier” se inició una serie de obras relevantes en las dependencias del gran San Miguel de Tucumán, incluida, por ejemplo, la remodelación total de la Casa Remis que alberga la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en calle 25 de Mayo al 400. El juicio oral se centra en los fondos mineros transferidos, destinados por ley a financiar la Ciudad Universitaria de San Javier. Durante la gestión de Cerisola, resoluciones rectorales alteraron la orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron un régimen especial para administrar esas obras, por fuera de la Ley de Obras Públicas. Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos que hoy están bajo sospecha. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria.
El 27 de mayo de 2024 comenzó el juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Desde el inicio, la Fiscalía señaló que se trataba de un caso emblemático de corrupción institucional, con un perjuicio millonario que no solo afectó a la universidad sino también a la credibilidad de sus instituciones. En paralelo, las defensas plantearon que no había existido dolo ni enriquecimiento personal, y que todo se había hecho bajo la autonomía universitaria, con dictámenes jurídicos y controles internos.
Indicios de lo sucedido
Las audiencias se desarrollaron durante más de un año. De todos los testimonios los jueces se llevaron indicios sobre lo que había sucedido. Por ejemplo, en julio de 2024 declaró el ingeniero Francisco Guzmán, perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien sostuvo que halló irregularidades en todos los expedientes: anticipos no justificados, planos incompletos, sobre certificaciones y vacíos documentales. Aunque no pudo confirmar un daño económico concreto, advirtió que ese cúmulo de anomalías aumentaba el riesgo de corrupción. La defensa lo cuestionó por considerar su informe sesgado y metodológicamente defectuoso. Al contrario, luego se presentó el contador Daniel Fontana, perito de parte, con un dictamen opuesto: aseguró que no detectó faltantes de fondos, que incluso había pequeñas diferencias a favor de la UNT, aunque admitió que no pudo reconstruir el destino de todo el dinero por falta de documentación. Ese contrapunto entre peritos marcó el tono del debate técnico.
También desfilaron ante el Tribunal ex decanos y autoridades universitarias. Entre ellas, la ex decana de Derecho, Adela Seguí, que relató haber recibido un plan de obras resumido en una sola carilla. Denunció la ausencia de discusión en el Consejo Superior y calificó como “encubrimiento institucional” el acta de 2008 que redefinió el uso de los fondos. Para los fiscales, su palabra probó la conciencia de las maniobras; para las defensas, fue apenas una discrepancia política.
En noviembre declaró el secretario general de la UNT, José Hugo Saab, quien afirmó que nunca existieron planos de la Ciudad Universitaria pese a solicitarlos a Diputados, Senado y YMAD. Esa ausencia fue leída de manera opuesta: para la fiscalía, era muestra de manipulación; para las defensas, demostraba que no podía haber dolo sin información completa.
El desfile de testigos incluyó voces a favor y en contra de los acusados. Algunos arquitectos y auditores reforzaron la tesis de la fiscalía al señalar un régimen paralelo de contrataciones y sobreprecios. En cambio, funcionarios administrativos y peritos favorables a la defensa subrayaron que todas las resoluciones se apoyaban en dictámenes jurídicos y que los fondos terminaron invertidos en obras para la universidad.
Alegatos finales
En junio de 2025 comenzaron los alegatos finales. Durante cuatro jornadas, los fiscales Camuña, Chit y Doz Costa describieron lo ocurrido como un “subsistema ilegal de contrataciones” que “embriagó de poder” a las autoridades. Camuña habló de un perjuicio patrimonial calculado en más de $53.000 millones y pidió seis años de prisión para Cerisola, cuatro para Olga Cudmani, dos en suspenso para Luis Sacca y dos en suspenso para Osvaldo Venturino, además de inhabilitaciones perpetuas y millonarias reparaciones a favor de la UNT.
La querella, representada por Patricio Esperguín, se alineó con la fiscalía y también pidió penas de cárcel, inhabilitación absoluta y reintegros millonarios. Enfrente, las defensas insistieron en la absolución. Taleb alegó que Sacca actuó siempre con respaldo normativo y que fue víctima de denuncias discriminatorias. Falú sostuvo que Cudmani obedecía órdenes sin poder decisorio y que los hechos estaban prescriptos. Tenreyro, defensora de Venturino, lo definió como “el último orejón del tarro”. Finalmente, Peyracchia y Casen defendieron a Cerisola como un rector que tomó decisiones políticas universitarias legítimas y sin beneficio personal, advirtiendo que no se puede “criminalizar una elección administrativa discutible”.
A lo largo del debate, los imputados tomaron la palabra. Cerisola afirmó que firmó el acta de 2008 porque estaba obligado, ya que de lo contrario la UNT habría perdido $36 millones. Reiteró que no faltaba un centavo en la universidad. Sacca defendió la legalidad de sus actos, Cudmani insistió en que su rol fue meramente administrativo y Venturino dijo que nunca tuvo capacidad de decisión.
Ahora, los jueces Farías, Basbús y Lilljedahl, deberán resolver si las anomalías denunciadas constituyen delitos de corrupción o simples falencias de gestión. El fallo, de una u otra manera, marcará un punto de inflexión en la historia de la UNT y en la interpretación sobre cómo deben administrarse los recursos millonarios de YMAD. La comunidad universitaria y política espera el veredicto con expectativa, sabiendo que el resultado excederá a los cuatro imputados y sentará un precedente sobre la frontera entre la política y el delito en la gestión pública.
Últimas palabras
Martes, desde las 9.30, antes de la sentencia, los acusados podrán hablar
Los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl decidieron que el martes, desde las 9.30, los cuatro imputados, Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino tendrán la oportunidad, si lo desean, de decir sus últimas palabras. Luego habrá un pequeño cuarto intermedio y finalmente se conocerá el veredicto. Así habrán pasado 15 meses de audiencias, con casi 60 testigos, muchos de ellos de manera presencial y otros por videollamada ya que declararon desde Buenos Aires. Sea cual fuere la sentencia, seguramente habrá apelaciones.
Qué se pidió para cada uno
Juan Alberto Cerisola:
Los acusadores: Seis años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautor del delito de fraude de la Administración Pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público y la restitución de 19.257,929.176,83 pesos, por la renuncia a las utilidades de YMAD más 4.910.846.462,38 pesos en forma subsidiaria con Olga Cudmani por sobreprecios en obras más adicionales. Además, que se le dicte prisión preventiva.
Las defensoras: absolución y que se declare prescripta la causa.
Olga Cudmani:
Los acusadores: Cuatro años de prisión como autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautora del delito de fraude de la administración pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionaria pública y la restitución de 4.910.846.462,38 pesoso en forma subsidiaria con Juan Alberto Cerisola por sobreprecios en obras más adicionales, de 697.480.220,96 pesos en forma subsidiaria con Osvaldo Venturino por el alquiler del predio lindero a la obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por la readecuación económica financieras en la misma obra. Además, que se le dicte prisión preventiva.
Las defensoras: Absolución y prescripción de la causa.
Osvaldo Venturino:
Los acusadores: Dos años de prisión como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautor del delito de fraude a la administración pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público y a la restitución de $ 697.480.220,96 en forma subsidiaria con Olga Cudmani por el alquiler del predio lindero a la obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por la readecuación económica financieras en la misma obra.
Las defensoras: Absolución.
Luis Sacca:
Los acusadores: Dos años de prisión como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, inhabilitación absoluta por 10 años para desempeñarse como funcionario público, además la restitución de 250 millones de pesos.
Las defensoras: Absolución, prescripción de la causa, levantamiento de todas las cautelares en su contra, y pidió la aplicación de “daños punitivos” a la Universidad Nacional de Tucumán en favor de su cliente, calculados en 60 millones de pesos o 20 millones de dólares (valor 2009), para evitar “acciones dolosas de esta naturaleza” en el futuro.
Frases
“Lo que puedo decir con mucho orgullo es que con esos $260 millones que nos entregó la empresa reconstruimos la ‘Ciudad Universitaria para el Siglo XXI’ en San Miguel de Tucumán. Se hicieron más de 100.000 metros cuadrados en dos años”. Juan Alberto Cerisola
“Yo estaba obligado a obedecer reglamentaciones como estas y jamás podía cuestionar su legitimidad, además avalada por Asuntos Jurídicos”. Osvaldo Venturino
“Aquí hubo leves diferencias de números que siempre terminaron a favor de la UNT. Todas las decisiones fueron correctas. Aquí no se robó nada” Luis Sacca
“Todas las obras que se debían hacer se hicieron como corresponden. Yo caigo por ser funcionaria que estaba a cargo de las obras. Aquí no hubo ningún fraude”. Olga Cudmani
“Cerisola defraudó a sabiendas los intereses de la UNT a él confiados y le ocasionó un perjuicio de al menos $ 53.400.973.261,18, por lo que deberá responder penalmente” Pablo Camuña
“No estamos frente a errores administrativos aislados, estamos ante una reiteración sistemática de anomalías que constituyen conductas dolosas, que son además compatibles con la lógica de la corrupción estructural en la obra pública”. Lucía Doz Costa
“La opacidad y la oscuridad en el registro era la regla general, sobre todo otro concepto, y es lo que permitió básicamente a este grupo de funcionarios públicos disponer de fondos millonarios como si fuera de verdad el peor comercio de barrio”. Agustín Chit
“Se trató a Sacca como un ladrón, afectando gravemente su carrera docente, social, económica, familiar y provocando “bullying” a sus hijos. La vida de mi cliente fue arruinada por esta acusación falsa, que le cerró puertas profesionales y le impidió aspirar a nada” Víctor Taleb
“Cudmani no cometió ningún delito, actuó en el marco de la obediencia debida y en ningún momento contribuyó a generar un perjuicio económico en la Universidad Nacional de Tucumán sino que, al contrario, la benefició con sus determinaciones” Alfredo Falú
“Todos los fondos se destinaron para el bien de la Universidad y ningún peso fue a parar al bolsillo de los acusados. El contador Cerisola no se enriqueció ni mínimamente durante su gestión como rector” Silvia Peyrachia
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