23 Octubre 2025
Ordenaron al Gobierno restituir las pensiones por discapacidad en Catamarca. Foto/LaNación.
El Gobierno de Javier Milei acató la orden del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, y restituirá 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la resolución 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo intervenido por Alejandro Alberto Vilches. Según trascendió, no se restablecerán los beneficios correspondientes a personas presas.
La decisión judicial ordena al Gobierno restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva. La resolución responde a una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), encabezada por Dalmacio Mera, quien actuó en representación del Defensor del Pueblo de Catamarca.
El fallo, dictado en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”, reconoce que los beneficiarios afectados tienen derechos de naturaleza colectiva e individual, vulnerados por “una norma inconstitucional” y por una “ejecución irregular” de la Administración.
Un fallo con alcance nacional
El juez Díaz Martínez ya había ordenado la restitución de casi 20.000 pensiones en Catamarca y Formosa por presentaciones locales, pero ahora extendió su decisión a todo el país. En su resolución, recordó que la suspensión masiva de pensiones derivó de la aplicación del Decreto 843/2024, que elevó al 66% el umbral de disminución de la capacidad laborativa y amplió las causales de suspensión y caducidad.
Las organizaciones denunciaron que la auditoría iniciada por la ANDIS en agosto de 2024 se realizó sin un marco normativo claro, sin criterios públicos y sin medidas de accesibilidad adecuadas. También cuestionaron las deficiencias en las notificaciones y los plazos exiguos para presentar documentación, que afectaron el derecho de defensa de los beneficiarios, consignó Infobae.
El magistrado citó la doctrina del fallo “Halabi, Ernesto c/ PEN” de la Corte Suprema, al considerar que existía un hecho homogéneo que afectaba a todo el colectivo de beneficiarios, por lo que correspondía una sentencia con efectos expansivos.
El Gobierno, entre la restitución y la auditoría
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad señalaron que ya se restablecieron más de 622 pensiones suspendidas, luego de que los beneficiarios acreditaran la incapacidad laboral. “La restitución se realiza en 48 horas”, informaron fuentes oficiales.
Además, aclararon que “aún no hay bajas definitivas”, ya que la intervención de la ANDIS “está estudiando caso por caso”. También remarcaron que “las auditorías buscan reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares”, recordando que entre 2003 y 2023 el número de pensiones creció de 200.000 a 1.250.000.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las auditorías detectaron 27.149 pensiones de personas fallecidas y 55.318 beneficiarios que renunciaron al no poder demostrar incapacidad laboral. “Descubrir esta defraudación fue posible gracias al proceso de auditoría. El objetivo es garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y evitar desvíos”, afirmó.
Cumplimiento judicial con límites
En el Boletín Oficial, la ANDIS dispuso en su artículo primero el restablecimiento del pago de las pensiones suspendidas “respecto de las personas identificadas en el Anexo I”, en cumplimiento del fallo judicial. En el artículo segundo, se aclara que los pagos se harán según el cronograma de la ANSES.
Sin embargo, desde la intervención encabezada por Vilches subrayaron que no restituirán las pensiones a personas presas, a pesar de que el fallo judicial ordena lo contrario.
“La voluntad de quienes encabezan esta intervención es cumplir con las decisiones judiciales, pero también defender la transparencia y la integridad del sistema”, señalaron. Según la ANDIS, restablecer indiscriminadamente todas las pensiones suspendidas podría implicar devolver el beneficio a personas que no cumplen los requisitos legales, como presos, trabajadores activos o personas con certificados médicos apócrifos.
Con la restitución de más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral, el Gobierno busca acatar la orden judicial sin abandonar su plan de control y depuración del sistema. La pulseada entre la Justicia y el Ejecutivo continúa, mientras miles de beneficiarios esperan recuperar un derecho que consideran vital.
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